El otrora titular de Interior consideró que la determinación del Presidente Boric es “impresentable” y un “premio a los delincuentes” en un contexto en que se trabajaba por una acuerdo transversal en seguridad.
El Mandatario desdramatizó la acusación constitucional que pesa sobre la ministra de Justicia, aduciendo que es una herramienta constitucional con la que cuenta la oposición. “Sería hipócrita de mi parte decir que es algo que no puedan hacer”, dijo.
Junto con destacar el gesto del mandatario, la parlamentaria pidió no claudicar en la liberación de todos los presos del estallido. ” no bajemos los brazos, todavía nos faltan”, pidió.
Ambos jóvenes fueron excluidos en el primer listado de indultados que dio a conocer el Ejecutivo por un error que reconoció Presidencia. De tal manera son 13 las personas que serán liberadas por orden del mandatario.
La decisión se da en momentos en que desde Chile Vamos emplazaban al Gobierno por no aplicar la medida amenazando con retirarse de la mesa de Seguridad que encabeza la ministra del Interior, Carolina Tohá.
“Quien pretenda indultar a los que destruyeron Chile está por el lado de la impunidad y de dejar simplemente hacer a estos violentistas”, señalaron desde la colectividad, donde descartaron una acción deliberada contra el acuerdo de seguridad.
El jurista consideró adecuado que se emplace políticamente al mandatario para aplicar los indultos en cuanto radican en un compromiso de Gobierno. No obstante advirtió que el Ejecutivo carece de un programa político de acción en términos de justicia.
Luego de la firma del convenio para la construcción del eje Alameda-Providencia, la parlamentaria y las organizaciones demandaron que el sitio sea preservado como un espacio de memoria de lo ocurrido durante el estallido social.
Karla Díaz, investigadora del “Protocolo de defensa para mujeres comunicadoras”, expuso que la población ha normalizado las violaciones a los derechos humanos tras décadas de represión por parte de agentes del Estado.
A la falta de respaldos en el Senado se suman los varios cuestionamientos que parlamentarios han dirigido, no solo contra la veracidad de las violaciones a los DDHH durante el estallido, sino también, a las perpetradas en la dictadura cívico-militar.
Los tribunales de justicia admitieron a trámite la querella del INDH para determinar responsabilidades de altos mandos de Carabineros por violencia estatal durante el estallido social.
Los especialistas destacaron que la plaza es tanto un lugar de reunión, como un nodo vial clave para la ciudad que debe ser rediseñado. Además, señalaron que la remodelación del lugar debe ser de acuerdo a los tiempos y a la voluntad de la ciudadanía
Verónica Verdugo valoró la determinación del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que tras casi tres años de su violenta detención, desestimó los cargos formulados contra Ríos y declaró ilegal la actuación de Carabineros.
Desde la segunda conmemoración del estallido social, la organización artística Teatro en Casa, el Consejo de vecinos y vecinas del Barrio Yungay y la Cordesan se propusieron reactivar este lugar, en donde la cultura no es sinónimo de consumo.
La Corte Suprema también había confirmado el sobreseimiento de la investigación contra el carabinero, Juan González, autor de tres disparos que provocaron la muerte de Francisco Martínez de 28 años.
Paola Passig y Ximena Ceardi recopilaron y editaron 18 historias de infancia de niños que hoy son adultos pero que todavía recuerdan el olor a pólvora luego del bombardeo a La Moneda, la incertidumbre de la época y al “compañero Presidente”.
Las representantes cuestionaron a los parlamentarios y dirigentes de derecha que han negado la existencia de estos hechos cometidos por agentes del Estado, incluso señalando que el Presidente Boric miente cuando lo incluyó en su discurso.
