Víctor Queipul es lonko de la comunidad Temucuicui Autónoma y tío de Patricio Queipul, quien tenía quince años cuando fue acusado del atentado al Peaje Quino. El líder mapuche asegura que casos como el de Raúl Castro Antipán, agente infiltrado de Carabineros y testigo protegido de la Fiscalía cuyo testimonio ha apresado a decenas de mapuches, son una estrategia del ministerio del Interior en la zona, por lo que anunció que exigirán a Carabineros y al Estado asumir su responsabilidad.
Preocupación existe entre quienes se han relacionado por tanto tiempo con las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Esta vez se trata del actuar de las Salas de Verano de la Corte de Apelaciones de Santiago, las que entre el tres y el diez de febrero de este año han decretado la libertad bajo fianza de seis importantes torturadores y cómplices de la dictadura.
La cuestionada ley antiterrorista permite que, bajo la declaración de testigos protegidos como Raúl Castro Antipán, infiltrado por Carabineros en las comunidades de La Araucanía, líderes mapuche puedan ser inculpados de delitos sin saber por qué. Así les sucedió a dos jóvenes que fueron finalmente absueltos por tribunales, por lo que su defensa anunció la presentación de una querella contra el Estado.
La declaración de un testigo protegido que confesó haberse infiltrado en las comunidades mapuche para realizar atentados incendiarios, por instrucciones de Carabineros, marcó el juicio a dos menores de edad acusados bajo la ley antiterrorista, quienes fueron finalmente absueltos.
El Tribunal Oral en lo Penal de Angol desestimó las acusaciones contra dos mapuches juzgados por la ley antiterrorista por el caso denominado “Peaje Quino” del año 2009, pese a ser menores de edad en ese entonces. En el juicio, un testigo protegido de la Fiscalía confesó haber realizado atentados incendiarios con el objetivo de inculpar a comuneros mapuche. Bajo este mecanismo, unos 30 dirigentes indígenas habrían pasado por prisión.
Surge un nuevo cuestionamiento al gabinete de subsecretarios designado por Michelle Bachelet: Víctimas de detenciones y violaciones a los derechos humanos denunciaron que la futura subsecretaria para las Fuerzas Armadas es hija de un coronel vinculado a torturas y otros vejámenes cometidos en dictadura. Las organizaciones piden que se aclare si se conocía o no este antecedente al momento de la nominación
La joven, hija de dos militantes motoneros, también es nieta de una de las fundadoras de la organización, quien falleció sin conocer su paradero. “Una vez más, a pesar del tiempo transcurrido y las huellas que intentaron borrar, la verdad triunfa sobre la mentira”, destacó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas.
Si bien Víctor Echeverría Henríquez, padre de la futura autoridad de gobierno, nunca ha sido procesado por violaciones a los Derechos Humanos, (solo ha sido citado a declarar por el juez Mario Carroza) sí existen testigos que acreditan su participación en sesiones de interrogatorios, torturas y otros vejámenes.
Cada seis minutos, una niña es víctima de la ablación o mutilación genital femenina, práctica que consiste en la resección parcial o total de sus órganos genitales. Este jueves, Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, con el objetivo de instar a los Estados a tomar medidas concretas contra esta alarmante violación a los derechos de niñas y adolescentes.
Ante la designados los futuros ministros, subsecretarios e intendentes, ¿cómo se configura el escenario respecto de las autoridades que encabezarán posiciones relevantes en el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche? ¿Cuál es la evaluación de los mismos comuneros, organizaciones de derechos humanos y otros actores?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos revisará una serie de casos en los que representantes del pueblo mapuche demandan al Estado por la utilización de la ley Antiterrorista. En esta instancia, Chile podría ser obligado a reparar a los involucrados y corregir el marco institucional que facilitó el abuso, con lo que se modificaría forma en la que se está aplicando esta ley de excepción.
La organización de derechos humanos Londres 38 se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para insistir en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad de la que fueron víctimas 98 personas en el ex centro de tortura, mientras funcionaba como cuartel de la DINA. Asimismo, exigen la apertura de los archivos secretos para llegar a la verdad.
