A cuarenta años del montaje comunicacional que significó la muerte de 119 personas y opositores a la dictadura cívico-militar, las sentencias que afectan a los brigadieres en retiro se suman a otra que también rebaja la pena del coronel en retiro César Manríquez.
Parlamentarios y abogados de DD.HH. emplazaron al Gobierno a que ponga fin a la Justicia Militar, esto en medio de las detenciones de 14 militares, entre ellos el ex Fiscal Fernando Torres Silva, recordado por su labor para bloquear las investigaciones relativas crímenes de lesa humanidad.
La aprobación en la Cámara de Diputados de la futura Subsecretaría de Derechos Humanos fue apoyada desde todos los sectores. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, reclamó que la nueva institucionalidad aporte a terminar con el encubrimiento a violadores de los derechos humanos.
Los pactos de silencio dentro de las Fuerzas Armadas siguen siendo blanco de las críticas. Más aún, luego de las declaraciones del comandante en jefe del Ejército en el Congreso, pero especialmente por la actitud mostrada por el ministro del ramo, José Antonio Gómez. Las críticas hacia su desempeño no se hicieron esperar.
Ante la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, general Humberto Oviedo destacó que ayudan permanentemente en casos sobre violaciones a los derechos humanos que investiga la Justicia. Los dichos fueron avalados por el ministro del ramo, José Antonio Gómez.
Para la víctima del Caso Quemados es importante que el Ejército entregue toda la verdad, pero también que el Gobierno trabaje en mejorar la educación y la formación de los actuales miembros de las Fuerzas Armadas. En su opinión, se sigue manteniendo el doble estándar en materia de Derechos Humanos, haciéndose parte en lo legal, pero no en lo civil.
¿Qué ocurrirá con las números causas por crímenes cometidos en dictadura luego de la muerte de Manuel Contreras? es una pregunta que surge sobre todo considerando el pacto de silencio que reina al interior de las Fuerzas Armadas. Para los abogados que han participado de estos procesos, es una mentira que el “Mamo” fuese el único conocedor de la verdad y piden un pronunciamiento de aquellos colaboradores civiles y militares del régimen de Pinochet.
El ex jefe de la DINA falleció este viernes en el Hospital Militar. Aunque aseguró que sus últimos días serían en libertad, a los 86 años terminó su vida con más de 500 años de condena.
El informe, que recoge violaciones a los derechos humanos ocurridos hace 10 años, ya fue presentado en Ralco en la Región del Biobío, a autoridades de la zona, personal de Gobierno y comunidades. Sin embargo, aún no se pronuncia el Parlamento ni el Ejecutivo al respecto.
Como una “reacción comunicacional” ante los hechos revelados en el caso de la muerte de Rodrigo Rojas de Negri, calificaron organismos de DD.HH. la citación a la Comisión de Defensa de la Cámara de los tres comandantes en jefe de las FF.AA. para que entreguen información sobre la existencia de “pactos de silencio” al interior de las instituciones para encubrir crímenes contra la humanidad.
“Como Colegio de Periodistas de Chile pedimos perdón por la participación de periodistas colegiados que en un determinado momento de la historia se hicieron cómplices de las violaciones a los derechos humanos, vulnerando fundamentales principios que inspiran a nuestra profesión”, informó la agrupación.
En conversación con el Tema del Día de Radio Universidad de Chile, la ex senadora se refirió a los temas de Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas. También, ahondó en la historia de su padre y en la tesis que luego de años logró demostrar: Eduardo Frei Montalva también había sido asesinado por la Dictadura.
Luego de reunirse con Carmen Gloria Quintana, víctima del “Caso Quemados”, parlamentarios anunciaron propuestas relacionadas con violaciones de derechos humanos, al confirmar la presentación de un proyecto de acuerdo y un llamado a los ministerios de Interior y Defensa, así como a las Fuerzas Armadas, para colaborar en el nuevo escenario.
Mientras la derecha piensa que el retorno del tema es un salvavidas desesperado de un gobierno sitiado por la baja aprobación, lo cierto es que es un asunto que incomoda a La Moneda. Porque, guardando las proporciones, muestra que ha desempeñado un papel secundario, ciertamente menor, en el gran pacto de silencio que encubre la historia contemporánea de Chile.
Los sobrevivientes del Caso Rinconada de Maipú se mostraron conformes con el fallo en primera instancia. Sin embargo, hicieron un llamado a acelerar los procesos para entregar justicia a las víctimas de la dictadura.
Desde la DC pidieron al Gobierno que ponga urgencia al proyecto que sanciona la degradación de los militares que se vean implicados en crímenes contra los DD.HH. En este sentido, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, declaró que “uno quisiera que Manuel Contreras no muriera como general”
Diversas son las alternativas que se bajaran para avanzar en materia de Derechos Humanos. La conclusión común es que no puede seguir pasando el tiempo sin que se conozca y juzgue a los culpables.
