Libertad a los presos de la revuelta y apuntar a la justicia social son algunas de las definiciones de la legisladora comunista y ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Sobre la situación en el sur del país, Pizarro subrayó que se debe dejar de naturalizar los atropellos contra el pueblo mapuche, avanzar en su reconocimiento y terminar con la militarización del Wallmapu.
La administración Piñera no ha quedado en el pasado para el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Esto en cuanto a que el organismo que representa elevó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el ex mandatario junto a otros ex funcionarios por la perpetración de delitos contra la humanidad durante el estallido social. Un expediente que recientemente fue engrosado con nuevos insumos que darían cuenta que el caso es de la competencia del máximo tribunal.
La diputada del Partido Comunista y presidenta de la comisión de Defensa de la Cámara se refirió a la llegada de Javier Iturriaga a la comandancia en jefe del Ejército y al documento donde la institución reconoce su participación en las violaciones a los DD.HH. cometidos durante la dictadura.
Las agrupaciones de familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos señalaron que el documento dado a conocer hace algunos días no aporta a la verdad y la justicia y solo pretende justificar la acción del cuerpo armado. “Hubo una acción represiva articulada por un Estado que se puso al servicio del crimen”, precisaron las organizaciones humanitarias.
“En 50 años, ¿cómo vamos a tener más de mil detenidos desaparecidos? ¿Cómo no vamos a saber qué pasó? Ahí hay una actuación muy importante de funcionarios que comprometieron el honor del Ejército (…). Entonces, es hora de entregar la información, transparentar esa parte oscura del pasado y tienen las posibilidades de hacerlo”, dijo el abogado de derechos humanos.
Dago Pérez es un reconocido naturópata y practicante de la cultura rastafari y como tal desarrolla medicinas a partir del cultivo de canabis. La PDI realizó un allanamiento a su domicilio a partir de una denuncia anónima bajo la Ley 20.000 que sanciona el tráfico de estupefacientes. La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos consideró el hecho como una aberración.
“Tras semanas de escalada, ha dado comienzo una invasión rusa que probablemente tendrá espantosas consecuencias para los derechos humanos y las vidas de las personas”, sostuvo Agnès Callamard, secretaria general de la ONG.
El abogado Rodrigo Bustos instó al Ejecutivo a cumplir con su deber de regular la migración con estricto apego a las normas internacionales en materia de derechos humanos, vigentes en el país.
El Coordinador para Chile de Cultura de la UNESCO se refirió al diagnóstico publicado esta semana luego de diez años de trabajo y abordó sus conclusiones, cuando desde la Organización advierten sobre las persistentes inequidades que impiden el desarrollo de la educación artística en el país.
Todos los condenados eran miembros del Ejército, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
La periodista que investigó la vida de la brutal ex agente de la DINA recordó el inicio de este proceso y sostuvo que la adaptación de la obra basada en su trabajo es un acto necesario para “tener una memoria activa, viva, que nos haga ser una sociedad mejor, menos segregada, menos segmentada y más justa”.
Hija de Juan Luis Rivera Matus, detenido en noviembre de 1975, Rivera salió electa como la nueva presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, tomando la posta que dejara Lorena Pizarro, hoy diputada electa.
Mientras que la agresión sufrida por una pareja de Carabineros desencadenó el malestar de la ciudadanía iquiqueña que hoy realizó una jornada de protestas por el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria en el norte del país, ya aparecen voces que señalan que la actual situación es un reflejo del abandono por parte del Estado.
La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile se refirió a los resultados del Informe Monitor del Uso de la Fuerza Letal 2018-2019 que incluyó un capítulo con datos de nuestro país.
Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe “Situación de Derechos Humanos en Chile”. En el documento, la CIDH destaca que durante el estallido social se registraron hechos donde hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, en detrimento del ejercicio al derecho a la protesta pacífica.
El texto señala que en 11 de los penales revisados no existen camas para todos los reclusos, por lo que algunos de ellos duermen en baños, pasillos y suelo.
En el encuentro plantearon la necesidad de que las escuelas matrices de la entidad castrense retire las imágenes que hacen alusión a la dictadura. Según el presidente de la entidad, el abogado Luis Mariano Rendón, los mandos navales se comprometieron a entregar una respuesta “en un futuro próximo”.
