La decisión la adoptó por el caso de secuestro y desaparición de un ingeniero químico en 1975. Entre los condenados están el general (r) Pedro Espinoza, el brigadier (r) Miguel Krasnoff y el mayor Raúl Iturriaga Neumman en el marco de este operativo que involucró a las dictaduras sudamericanas en el marco del Plan Cóndor.
La abogada se refirió a la situación actual del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, luego de la publicación de un comunicado donde acusa la intromisión del gobierno de Argentina en el proceso judicial de nuestro país, después del último intento por parte de su defensa para conseguir la libertad condicional.
La iniciativa será analizada el 2 de noviembre en la sala donde esperan que los parlamentarios de oposición respalden la propuesta. Mientras, hubo críticas a la idea anunciada por la candidata presidencial Yasna Provoste de crear una comisión para abordar abusos en el uso de la prisión preventiva.
Por medio de una declaración pública, las agrupaciones indicaron: “Esto es materia de derechos humanos y desconocer los pronunciamientos internacionales en la materia es negacionismo”.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos indicó que esta actitud es grave, considerando que en Chile las violaciones a los derechos fundamentales se repiten, como ocurrió en el estallido social.
Este 20 de octubre se cumplieron dos años del asesinato de Romario Veloz durante una movilización en la que resultaron heridas gravemente otras dos personas. Abogada de la familia de Veloz, Adriana Rojas, indicó que esperan un pronto cierre de la etapa investigativa.
“Los derechos humanos como marco referencial obligatorio de la nueva Constitución”, se titula el documento de 60 páginas que la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), envió a los 154 Constituyentes que tienen el mandato popular de redactar el nuevo texto constitucional. En el documento se señala que en este inédito proceso constituyente en curso, […]
En el segundo aniversario del estallido social, Amnistía Internacional Chile lanzó “Calles con memoria”, registro del momento en que las víctimas de la represión vuelven al lugar donde fueron atacadas por agentes del Estado.
A dos años del estallido social, la encargada del organismo, Patricia Muñoz, aseguró que el daño provocado a NNA en materia de derechos humanos “no sólo no ha encontrado verdad y justicia para las víctimas, sino que lo que ha encontrado es manifiesta impunidad”.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos recalcó que “estamos en la presencia de un día histórico” pero aclara que “el balance que hemos hecho de estos dos años es poco alentador”.
El sociólogo interpretó la movilización social más grande de las últimas décadas y, a dos años de esa fecha, criticó la disposición que ha manifestado el Gobierno en cuanto a su juicio, ha pasado de un “no lo vimos venir” a “aquí no ha pasado nada”.
El organismo manifestó su inquietud por la proliferación de los discursos de odio que se han visto en las últimas semanas e interpeló al Estado de Chile a respetar y garantizar plenamente los derechos humanos como único camino para la paz social.
El informe presentado a la Fiscalía analiza la responsabilidad penal individual de aquellos superiores que no evitaron o no denunciaron el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la institución.
En un balance a dos años del 18-O, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reportó que de las más de ocho mil denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las manifestaciones sociales, menos del uno por ciento de ellas han concluido en condena.
El preámbulo del 18 de octubre fue escrito a pulso por los y las secundarias que instaron a la ciudadanía a saltar los torniquetes. Hoy con la Convención Constitucional instalada y funcionando, se avanza en el mecanismo que daría voz y voto a los mayores de 16 años para efectos de participar en los plebiscitos dirimentes.
Las representantes del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Trans y Travestis Amanda Jofré sostuvieron que el ataque perpetrado hacia la presidenta del organismo es evidencia del odio transfóbico enquistado en la sociedad, que se perpetúa por la omisión del Estado en materia de sus derechos humanos.
Un grupo de seis personas indicó que los testimonios recogidos en la serie documental de Netflix a quienes fueron cercanos a Paul Schaeffer, buscan hacer recaer la responsabilidad de todo lo ocurrido sólo en el ex jerarca. “Hoy en Colonia Dignidad coexisten las víctimas verdaderas con los nuevos opresores”, sostuvo el abogado Hernán Fernández.
