A dos años del estallido social, la encargada del organismo, Patricia Muñoz, aseguró que el daño provocado a NNA en materia de derechos humanos “no sólo no ha encontrado verdad y justicia para las víctimas, sino que lo que ha encontrado es manifiesta impunidad”.
El estudio elaborado sobre la información entregada por la Encuesta CASEN 2020 da cuenta que la pobreza ha afectado más gravemente a los niños, niñas y adolescentes migrantes en comparación a los nacionales. “El nivel de pobreza del grupo etario de NNA llegó a un 26%, esto es, 1 de 4 NNA perteneciente a la población migrante está en situación de pobreza”, explicó el Director de Incidencia del SJM.
La Corporación Colectivo Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile dieron a conocer que cerca de mil menores de edad viven en el país sin acceso a salud, educación y otros derechos fundamentales.
Es la segunda vez que la parlamentaria busca que se legisle en la materia. Hace dos años presentó una iniciativa muy similar, la que fue rechazada por falta de quórum al alcanzar 73 de los 89 votos que necesitaba para avanzar a siguiente trámite, por lo que fue archivada por un año.
Los trabajadores agrupados en AFAEB (Asociación Nacional de Funcionarios de la Junaeb) han denunciado una serie de irregularidades en la entrega de la alimentación, además en una repartición que maneja cuantiosos recursos públicos, por lo que piden la salida de su director, Jaime Tohá.
El presidente de la Sociedad Farmacológica de Chile consideró pertinente iniciar la vacunación con Sinovac a los niños, niñas y adolescentes desde los seis años e instó a las familias a colaborar activamente con la farmacovigilancia de este segmento.
Este 3 de septiembre se conmemora un nuevo año de la desaparición del adolescente José Huenante, ultima vez visto el año 2005 en circunstancias que había sido detenido por funcionarios de Carabineros en la ciudad de Puerto Montt.
La acción judicial, apoyada por la diputada Claudia Mix y la convencional Valentina Miranda, busca que se investiguen los graves hechos de pedofilia y explotación sexual denunciados al interior del recinto dependiente del Sename. “El centro de la acción es velar por el derecho a la vida, que tiene que ver no solo con que no te maten, no solo con respirar, sino que te otorguen condiciones de dignidad para vivir y el derecho a la salud física y psíquica que se entiende de una manera integral en los organismo internacionales”, señaló el alcalde Ítalo Bravo.
La iniciativa busca visibilizar las vulneraciones que vive la niñez migrante en Chile, especialmente ante las expulsiones colectivas realizadas por el Gobierno en el último tiempo.
Desde la Federación de Funcionarios del Ministerio Público señalaron que no se puede garantizar eficiencia son contar con los recursos suficientes.
En su rol de presidente de la Comisión de Infancia del Senado, el legislador también convocó a una sesión especial para revisar las graves denuncias que recaen sobre el centro de SENAME.
La senadora universitaria Antonia Atria, y la abogada y defensora de la Niñez, Patricia Muñoz comentaron la necesidad de mirar la participación de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la Convención Constitucional como una posibilidad de integrar su visión del país que quieren construir.
El abogado se refirió a la solicitud que junto a la jueza Mónica Jeldres hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de la protección de derechos de más de 100 niños, niñas y adolescentes que residen en este centro de Sename.
El objetivo del encuentro estuvo en la creación de un lazo entre ambas entidades para asegurar la participación de niñas, niños y adolescentes en el proceso de redacción de la próxima Carta Fundamental.
El parlamentario de Revolución Democrática aseveró que este resultado es un avance a una sociedad moderna y pluralista, que reconoce justamente la diversidad de familia. Además, criticó la decisión del Gobierno de vetar el proyecto de Garantías y Derechos de la Niñez aprobado recientemente en el Parlamento y adelantó acerca del debate sobre el proyecto de indulto para los presos políticos del estallido social.
La doctora analizó para nuestro medio las más recientes cifras de contagio y también reflexionó sobre el estado de la salud mental de los más jóvenes integrantes de nuestra sociedad luego de casi año y medio de pandemia.
Los legisladores buscan impugnar la normativa aprobada en el Parlamento por considerar que contraviene el derecho de los padres sobre los menores. Patricia Muñoz rechazó además el veto Presidencial anunciado por el Gobierno sobre este articulado.