Quien no corrió la misma suerte, fue la ex mano derecha de ME-O, Cristian Warner, fue declarado culpable por el tribunal como autor de delitos tributarios, debido a la facilitación de boletas ideológicamente falsas.
La querella del CDE y la decisión de la Fiscalía de formalizar a la ex secretaria de Estado son dos fundamentos que, para el director de Chile Transparente, hacen que este caso sea distinto a otros en materia de corrupción.
La joven fue víctima de femicidio el 22 de agosto de 2020 en Linares, crimen porque el que se encuentra acusado su expareja Gary Valenzuela: aunque Norma pidió ayuda a la institución, su familia asegura que no la protegieron lo suficiente.
Representantes de las organizaciones y abogados de derechos humanos analizaron las implicancias de la tipificación y sanción al negacionismo aprobado en la Comisión de Ética de la Convención Constitucional.
El otro escenario que estarían tanteando los controladores de ambas empresas, sería desarrollar las faenas mediante un solo puerto. No obstante desde Oceana se sostiene que aquello incurre en ilegalidad.
Los hechos de corrupción por los que está siendo investigado el exjefe de la policía civil ponen en tela de juicio a toda la institución policial en medio de una crisis de confianza en la institucionalidad que lleva varios años. Para la socióloga y experta en Seguridad Pública Lucía Dammert, la Policía de Investigaciones debe explicaciones tanto al Gobierno como a la ciudadanía para evitar seguir profundizando la ya enorme “grieta en la relación policía comunidad”.
La acción judicial, apoyada por la diputada Claudia Mix y la convencional Valentina Miranda, busca que se investiguen los graves hechos de pedofilia y explotación sexual denunciados al interior del recinto dependiente del Sename. “El centro de la acción es velar por el derecho a la vida, que tiene que ver no solo con que no te maten, no solo con respirar, sino que te otorguen condiciones de dignidad para vivir y el derecho a la salud física y psíquica que se entiende de una manera integral en los organismo internacionales”, señaló el alcalde Ítalo Bravo.
“Hemos recibido una denuncia de diversos abogados de que el Ministerio ha comenzado a rebajar condenas e indultar a personas condenadas por violaciones a los Derechos humanos, lo cual infringe obligaciones internacionales de nuestro Estado”, sostuvo Isabel Allende.
La Fiscalía solicitó además 10 años de presidio para su esposa por el mismo delito y el comiso de cuatro departamentos en Las Condes y una parcela en Chicureo.
La representante del Partido Comunista abordó el lento avance que ha tenido la propuesta en el Senado, y llamó a los legisladores a mirar la situación con el enfoque humanitario que requiere.
El integrante de la Fundación Ciudadano Inteligente y ex abogado querellante del caso SQM enfatizó además que el PPD tiene mucho que explicar respecto a lo que ha sido su vínculo con la empresa de Ponce Lerou, en relación al financiamiento ilegal de la política
La defensa del otrora alcalde , encabezada por Eduardo Lagos, su representante legal, acudió a la Corte de Apelaciones de San Miguel argumentando que la medida de prisión preventiva es “desproporcionada”.
El ex Capitán de Carabineros, Patricio Maturana, está formalizado por el delito de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas.
Las cifras se entregaron en el marco del llamado que realizó el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sobre poner fin a las deportaciones sumarias y respetar el debido proceso
A pocos días de que se cumpla el plazo de investigación de la causa, distintas organizaciones han redoblado sus llamados para exigir justicia y reparación tanto para Gustavo, como para los cientos de personas que fueron víctimas de vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social.
De esta manera, Aguilera se transforma en el segundo imputado en esta causa sobre corrupción que debe cumplir la medida cautelar de privación de libertad. El plazo para la investigación quedó fijado hasta el 27 de septiembre, aunque Fiscalía podría pedir una ampliación.
La defensa del ex alcalde de San Ramón solicitó que la audiencia se llevara a cabo de manera privada, es decir, que no se transmitiera por el canal del Poder Judicial, solicitud que fue rechazada por la jueza Marcela Dattas por no haber justificación suficiente para ello.
