El Tribunal de Alzada acogió el recurso de amparo presentado por el Servicio Jesuita a Migrantes. La decisión se da luego que la Justicia decidiera tramitar estos recursos fuera del horario hábil.
Para el académico de la Facultad de Derecho e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones el rol que cumplió este fin de semana la Corte de Santiago, al decretar orden de no innovar e impedir así la expulsión de una persona por las faltas al debido proceso, es una buena señal, pero manifestó la necesidad de contar con una garantía permanente a los Derechos Humanos.
“Hemos pedido que el ministro del Interior y el director nacional de Extranjería nos expliquen en la comisión de Gobierno los fundamentos de este proceso”, señaló la diputada Joanna Pérez.
Según lo denunciado por el Servicio Jesuita Migrante, se trata de 25 personas. “Esto contradice derecho internacional”, puntualizaron desde la organización.
Las cátedras de Racismos y Migraciones Contemporáneas; Derechos Humanos; y Amanda Labarca, insistieron en la ilegalidad de las expulsiones propiciadas por el Gobierno en el norte del país. “Denunciamos el odio y el racismo que se practica y se difunde desde falsedades”, señalan.
Se trata de 24 extranjeros que serían trasladados este mismo viernes hasta Iquique desde donde se llevaría a cabo su expulsión mañana sábado 8 mayo. En conversación con nuestro medio, el vocero del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza, rechazó esta nueva salida colectiva y aseguró que Chile está transgrediendo el Derecho Internacional de los DD.HH.
En total, son 15 los vuelos que el Gobierno tiene programados para agilizar el proceso de expulsión de personas que ingresan a Chile por pasos no habilitados. Al respecto, la directora de Amnistía Internacional en Chile señaló que “están devolviendo a personas a un país que está en una situación muy grave, sin darles la oportunidad de evaluar su situación particular”.
Este miércoles, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes realizó una manifestación pública en rechazo a las expulsiones de personas extranjeras organizadas por el Gobierno en el marco de una política que pretende la deportación de 1.500 migrantes que habrían infringido la ley.
La política migratoria impulsada por el Gobierno ha sido criticada por la oposición, organizaciones internaciones de derechos humanos, académicos y organizaciones de la sociedad civil pro migrantes. Según el mismo Ejecutivo, para este 2021 se prevé la salida forzada de 1.500 extranjeros que se encuentran en Chile en una situación migratoria irregular.
En conversación con nuestro medio, la Directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados analizó la política de expulsiones que ha iniciado el Gobierno y señaló que ellas reúnen todos los requisitos para ser consideradas colectivas, algo que está prohibido por el Derecho Internacional.
“No hay personas ilegales, hay trámites administrativos ilegales”, expresó al respecto el dirigente del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza. En tanto, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, reiteró la advertencia del Gobierno a las personas que pretenden llegar a Chile por pasos no habilitados. “El llamado es a que lo hagan regularmente”, señaló.
Las organizaciones señalaron que se repite este procedimiento irregular, realizado en fin de semana, en momentos de pandemia, y cuando las personas afectadas tienen mayor dificultad para acceder a defensa jurídica y de manera engañosa.
Tras su promulgación el fin de semana, funcionarios de la PDI hicieron firmar al menos a diez personas extranjeras residentes de un albergue de la Plaza Brasil, en Antofagasta, sus propias sentencias de expulsión para los próximos días. Al respecto, la vocera de la Asamblea de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, Lorena Zambrano, reiteró la falta de diálogo que tuvo el Gobierno con las organizaciones para la generación de esta nueva normativa.
En conversación con nuestro medio, la investigadora de la Universidad Alberto Hurtado y directora del programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM) abordó la propuesta comunicacional del Ejecutivo para la promulgación de la nueva Ley de Migraciones.
El tema de los niños, niñas y adolescentes migrantes en situación irregular fue trascendental en el debate por la nueva Ley de Migración y, en las últimas semanas, ha motivado una campaña de regularización propuesta por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que ya lleva el registro de 400 menores de edad.
En dicha instancia, el titular de Interior aseguró que es deber del Estado informar a las personas migrantes de las nuevas reglas de tránsito para evitar todo tipo de engaños. En apoyo a la propuesta, el director del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, indicó que “tiene que haber un cambio en la política migratoria respecto de las expectativas que se generan los extranjeros”.
Con esto, la Justicia chilena dio la razón al Gobierno pese a que expertos, académicos y organizaciones de derechos humanos han acusado la ilegalidad del procedimiento, apelando, sobre todo, al Pacto San José de Costa Rica.
