Las cifras se entregaron en el marco del llamado que realizó el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sobre poner fin a las deportaciones sumarias y respetar el debido proceso
Será el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien deba responder ante el requerimiento solicitado por el Consejo para la Transparencia, organismo que se suma a la Corte Suprema que denunció una serie de irregularidades ocurridas en las expulsiones masivas. Especialistas señalan que la no entrega de información a la comunidad migrante a sido una “política sistemática” de este Gobierno.
Por otro lado, los detenidos de nacionalidades extranjeras están lejos de ser un número relevante, pues representan representan sólo el 1,6 por ciento del total de imputados a nivel nacional.
En conversación con nuestro medio la académica y coordinadora de la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile sostuvo que incluso, desde antes de las expulsiones, ya ha habido una construcción política con una connotación negativa hacia la población migrante.
Se trataría de la salida forzada del país de 60 personas, de ellas, 14 tendrían como fundamento de expulsión un procedimiento administrativo y no una orden judicial como estipula el Derecho Internacional. Para el dirigente del Movimiento de Acción Migrante “estas expulsiones administrativas también son forma de represión y de racismo institucional”.
Una vez más ha fallecido en la zona de Colchane una persona que intenta ingresar a Chile buscando trabajo y vida digna. Pierde la vida en la frontera, en el sector de Cerrito Prieto, al costado del Complejo Fronterizo Integrado, don Antonio Pocoana Mendoza, de 63 años. Escribimos su nombre para que no se pierda […]
El Tribunal de Alzada acogió el recurso de amparo presentado por el Servicio Jesuita a Migrantes. La decisión se da luego que la Justicia decidiera tramitar estos recursos fuera del horario hábil.
Para el académico de la Facultad de Derecho e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones el rol que cumplió este fin de semana la Corte de Santiago, al decretar orden de no innovar e impedir así la expulsión de una persona por las faltas al debido proceso, es una buena señal, pero manifestó la necesidad de contar con una garantía permanente a los Derechos Humanos.
“Hemos pedido que el ministro del Interior y el director nacional de Extranjería nos expliquen en la comisión de Gobierno los fundamentos de este proceso”, señaló la diputada Joanna Pérez.
Según lo denunciado por el Servicio Jesuita Migrante, se trata de 25 personas. “Esto contradice derecho internacional”, puntualizaron desde la organización.
Las cátedras de Racismos y Migraciones Contemporáneas; Derechos Humanos; y Amanda Labarca, insistieron en la ilegalidad de las expulsiones propiciadas por el Gobierno en el norte del país. “Denunciamos el odio y el racismo que se practica y se difunde desde falsedades”, señalan.
Se trata de 24 extranjeros que serían trasladados este mismo viernes hasta Iquique desde donde se llevaría a cabo su expulsión mañana sábado 8 mayo. En conversación con nuestro medio, el vocero del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza, rechazó esta nueva salida colectiva y aseguró que Chile está transgrediendo el Derecho Internacional de los DD.HH.
En total, son 15 los vuelos que el Gobierno tiene programados para agilizar el proceso de expulsión de personas que ingresan a Chile por pasos no habilitados. Al respecto, la directora de Amnistía Internacional en Chile señaló que “están devolviendo a personas a un país que está en una situación muy grave, sin darles la oportunidad de evaluar su situación particular”.
Este miércoles, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes realizó una manifestación pública en rechazo a las expulsiones de personas extranjeras organizadas por el Gobierno en el marco de una política que pretende la deportación de 1.500 migrantes que habrían infringido la ley.
La política migratoria impulsada por el Gobierno ha sido criticada por la oposición, organizaciones internaciones de derechos humanos, académicos y organizaciones de la sociedad civil pro migrantes. Según el mismo Ejecutivo, para este 2021 se prevé la salida forzada de 1.500 extranjeros que se encuentran en Chile en una situación migratoria irregular.
En conversación con nuestro medio, la Directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados analizó la política de expulsiones que ha iniciado el Gobierno y señaló que ellas reúnen todos los requisitos para ser consideradas colectivas, algo que está prohibido por el Derecho Internacional.
“No hay personas ilegales, hay trámites administrativos ilegales”, expresó al respecto el dirigente del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza. En tanto, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, reiteró la advertencia del Gobierno a las personas que pretenden llegar a Chile por pasos no habilitados. “El llamado es a que lo hagan regularmente”, señaló.
