El lunes 12 de octubre, dirigentes mapuche de diversas localidades marcharan en señal de protesta ante una serie de hechos que han afectado a comunidades en los últimos días.
Desde el sur, y con fuertes réplicas en la capital, los comuneros y sus redes de apoyo acusan por la militarización del territorio y ponen en duda la real intención del Gobierno de avanzar en la solución.
A través del subdirector de Finanzas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la ministra Paulina Saball respondió a la carta enviada por los funcionarios, asegurando que al menos esa cartera no interferirá en el paro del Registro Civil.
Funcionarios del Minvu de la Región Metropolitana acusan que el Gobierno quiere reemplazar a trabajadores del Registro Civil que se encuentran en paro con gente de esta repartición: “Esto habla muy mal del Gobierno, justo cuando están trabajando en una Reforma Laboral”, señalaron los trabajadores del Minvu.
En tanto, desde la Asociación de Funcionarios del Registro Civil señalaron que mantendrán la movilización hasta que el Gobierno apruebe el bono comprometido.
Si bien existen abordajes sectoriales, no existen mecanismos ni procedimientos estandarizados de respuesta coordinada frente a situaciones de emergencias o desastres afectándoles, dejando su abordaje en forma casuística, realizado por entidades del Estado en forma separada, o a la acción de grupos de la sociedad civil, que organizados voluntaria y espontáneamente, asisten a las mismas.
Las críticas del relator apuntan a cómo se controlan las marchas, también al decreto que prohíbe la reunión y libre asociación. Además, expresó su preocupación por el control preventivo de identidad.
Durante la interpelación, la secretaria de Estado indicó que al final de este Gobierno habrán 27 hospitales, no 20 como habían manifestado desde el Ejecutivo. En tanto, señaló que la deuda hospitalaria se resolverá mediante un acuerdo con los gremios de salud.
En el segundo día de movilizaciones, los funcionarios del Registro Civil llevaron a cabo una marcha para expresar sus demandas, mientras que la directora del organismo, Teresa Alanis, calificó de ilegal la paralización y aseguró que las remuneraciones de los trabajadores no son la prioridad del Gobierno en este momento.
El oficio municipal busca erradicar 26 campamentos. Las críticas a la alcaldesa apuntan a que ya se trabajaba en una solución para trasladar a las personas a un campamento temporal. Pese a ello, Karen Rojo aseguró que su presencia representa un problema de seguridad social.
Se trata de un sargento y un cabo de la Dirección de Finanzas, quienes a partir de operaciones con la empresa Tecnodata habrían generado facturas falsas para quedarse con el dinero, monto que asciende a los 378 millones de pesos. En su declaración, uno de ellos reveló prácticas de generales, coroneles y comandantes que también podrían constituir ilícitos.
En su tercer día de movilizaciones, luego de manifestarse en la Plaza Los Héroes, los 250 trabajadores de la empresa Express Santiago Uno se trasladaron al Ministerio de Transportes, donde no fueron recibidos. Al mediodía de este miércoles podría concretarse una reunión para acercar posiciones.
Junto con insistir en que fueron las autoridades quienes interrumpieron las negociaciones, los funcionarios exigen el pago del bono comprometido por el ex ministro de Justicia José Antonio Gómez, mientras que desde el Gobierno llamaron a deponer la movilización y priorizar la discusión presupuestaria del país.
A las 8 de la mañana funcionarios del Registro Civil iniciarán una paralización de actividades de carácter indefinido, medida que responde al quiebre de la mesa de negociaciones con la Dirección de Presupuestos.
La huelga legal de alrededor de 250 conductores afecta a buses troncales de las líneas 400 y la zona D, quienes esperarán una nueva propuesta de la empresa Express Santiago Uno para anunciar los pasos a seguir.
Este miércoles comienza la discusión de la Reforma Laboral en el Senado y las diferencias persisten luego del ingreso de indicaciones del Ejecutivo y el Parlamento. “Hay muchos senadores que están vinculados a actividades empresariales y que debieran inhabilitarse”, dijo la senadora Adriana Muñoz.
El principal requisito para la inscripción de partidos políticos mostrará este martes diferencias entre los partidos políticos tradicionales y los que están en formación, ya que si bien el Gobierno presentó un proyecto de una forma, no existen garantías de que esto pueda ser cambiado en la discusión parlamentaria. De todos modos, según el movimiento Amplitud, el refichaje total de militantes que La Moneda volvió a impulsar, podría cambiar las circunstancias.
Una estafa inmobiliaria denuncian vecinos de un comité de allegados de Puchuncaví, quienes firmaron contratos con la empresa Seconsa, para adquirir propiedades de 250 metros cuadrados con factibilidad de agua y luz, sin saber que se trataba de terrenos no aptos para urbanización o que, peor aún, no les pertenecían.
