La iniciativa promovida por la oposición ha sido blanco de varias críticas por parte del Gobierno sobre todo después de los hechos de violencia ocurridos este lunes, cuando se conmemoraron dos años del estallido social.
Estudio fue desarrollado por Fundación Vértice Urbano, que reúne a académicas, funcionarias y egresadas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en colaboración con ONU Mujeres.
La vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional sostuvo que los tres meses que tomó elaborar el reglamento de funcionamiento de la instancia fueron “maratónicos” en cuanto se erigió una nueva institución a partir de la hoja en blanco. En ese sentido, consideró que las lecciones aprendidas de ese período orientan a abordar la discusión de fondo desde una perspectiva de descentralización y autocuidado.
Durante este martes participaron de la instancia los abogados vinculados a las bancadas que presentaron el libelo acusatorio y los periodistas que han investigado las transacciones del family office de los Piñera-Morel.
El emplazamiento del subsecretario de Interior provocó una serie de reacciones en parlamentarios y personeros de la centroizquierda. El candidato presidencial Gabriel Boric, aludido por Galli, exigió que “dejen de utilizar al Gobierno para hacer campaña electoral por sus dos candidatos”.
El epidemiólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, señaló que si bien se registra un aumento importante de contagios en las últimas semanas, la estrategia de vacunación ha permitido disminuir considerablemente la cantidad de muertos por la enfermedad. Eso sí, llamó a incrementar las medidas para instar a que los rezagados se vacunen.
Al interior del ex Congreso, los y las convencionales integrantes de la mesa ampliada dedicaron unas palabras para conmemorar la apertura del debate de contenidos en la Convención Constitucional.
El ente fiscalizador entregó un plazo de 10 días a la secretaría de Estado para que dé a conocer los antecedentes sobre la denuncia realizada en un reportaje de Canal 13. Mientras, presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, dijo creer en la probidad y la transparencia de la titular de dicho ministerio.
Durante la manifestación en el segundo aniversario del estallido social, el presidente de la ANEF sostuvo que esperan el compromiso de los convencionales constituyentes con organizaciones sociales y el mundo sindical.
Asimismo, se mostraron partidarios de avanzar en una comisión investigadora para analizar los antecedentes que vinculan a la familia del mandatario en el proceso de compra de la inversión minera con el nombramiento del vendedor como representante del directorio de ENAMI.
En el segundo aniversario del estallido social, Amnistía Internacional Chile lanzó “Calles con memoria”, registro del momento en que las víctimas de la represión vuelven al lugar donde fueron atacadas por agentes del Estado.
A dos años del estallido social, la encargada del organismo, Patricia Muñoz, aseguró que el daño provocado a NNA en materia de derechos humanos “no sólo no ha encontrado verdad y justicia para las víctimas, sino que lo que ha encontrado es manifiesta impunidad”.
El Minsal hizo un llamado a los más de un millón de personas que aún no inician su esquema de vacunación a acercarse a los recintos asistenciales para adquirir la inmunización para evitar los efectos más graves de esta enfermedad.
En el edificio Costanera Center y en Alameda con General Velásquez se registraron algunas de las protestas para conmemorar el segundo aniversario del inicio del estallido social. Para el resto de la jornada se esperan actividades en todo el país.
El sociólogo interpretó la movilización social más grande de las últimas décadas y, a dos años de esa fecha, criticó la disposición que ha manifestado el Gobierno en cuanto a su juicio, ha pasado de un “no lo vimos venir” a “aquí no ha pasado nada”.
Desde la organización rechazaron “las expresiones de un candidato circunstancial a la presidencia de la República que pretende desconocer la realidad del Estado y sus instituciones”.
En un balance a dos años del 18-O, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reportó que de las más de ocho mil denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las manifestaciones sociales, menos del uno por ciento de ellas han concluido en condena.
