En conjunto a diversas organizaciones migrantes del país, la Comisión solicitó también que los culpables de los hechos paguen por sus delitos, que se entregue reparación a la víctimas y que se hagan test de paternidad.
La estrategia de ‘Tolerancia Cero’ a las manifestaciones que implementó el intendente metropolitano ha sido criticada desde la DC hasta el Frente Amplio. Estos últimos calificaron a la autoridad como “un peligro público” por lo que evalúan una posible acusación constitucional en su contra.
“Esta obligación legal ha sido históricamente incumplida por el Ministerio de salud y de esta forma se ha hecho necesario acudir ante los tribunales de justicia. La participación de la comunidad es imprescindible”, sostuvo Esteban Arévalo, abogado especialista en derecho a la salud, patrocinante de la causa.
En el acto de promulgación de la reforma que habilita el proceso constituyente, el mandatario se refirió a los puntos que para el Gobierno deben ser prioritarios en la discusión de una nueva Carta Fundamental.
En conversación con nuestro medio, el abogado y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Salvador Millaleo, precisó que para manifestarse no se requiere ningún permiso de la Intendencia, pues tal es un derecho humano y no está supeditado a lo que diga o no la autoridad.
A través de un informe, la entidad determinó que en sus mil 22 visitas a 67 centros de salud, 3 mil 442 personas fueron heridas por la acción de agentes del Estado.
Según el informe elaborado por el Gobierno, habría cinco grupos de influencia entre los que destaca el de los jóvenes, muchos de ellos aficionados al K-Pop e influenciados por portales alternativos. La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar defendió el reporte e insistió en la “influencia extranjera que incentiva la violencia”.
El titular de Hacienda destacó además el avance en la agenda social del Gobierno y se manifestó a favor del informe de la comisión presidencial que sugirió aplazar el debate del proyecto “40 horas”.
El intendente metropolitano, Felipe Guevara manifestó que “todos pueden pedir lo que quieran” junto con defender la estrategia de copar de policías la plaza Baquedano la que, asegura, ha tenido una buena recepción por parte de los vecinos.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) aseguró que, aunque deben ir por caminos distintos, “la liberación de nuestro pueblo también pasa por la liberación del pueblo chileno”.
La acción judicial se da luego de que la autoridad ordenara “tolerancia cero” contra los manifestantes. Mientras, desde el Partido Socialista exigieron la renuncia del General Director de Carabineros, Mario Rozas.
El funcionario policial fue el conductor del carro J-023. Según indicó el INDH, el manifestante sufrió una fractura de pelvis.
Los pobladores acusaron un actuar violento de Carabineros, que incluyó el uso de bombas lacrimógenas, gas pimienta, perdigones y la acción del carro lanza aguas, en contra de niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas migrantes.
A través de sus redes sociales, el parlamentario comunicó que oficiará al intendente de la Región Metropolitana. “Nos deberá dar muy buenas explicaciones”, señaló.
Los más de mil carabineros desplegados por la Intendencia de la Región Metropolitana no pudieron evitar el desarrollo de las manifestaciones en la Plaza Baquedano y sus alrededores.
La Fiscalía Nacional Económica denunció que cuatro empresas productoras de alimentos para salmón pactaron fijar los precios de venta de las dietas de los salmones entre los años 2003 y 2015.
Las agrupaciones valoraron el ambiente de unidad y resistencia que se dio durante los 12 días que ocuparon la plaza del Palacio de Tribunales. “Fue un acto ilegal, pero de profunda legitimidad democrática”, indicó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.
