Para la ex militante del MIR el “perdón” de Punta Peuco no es más que una máscara con la que se pretende tapar la irrupción de nuevas fuerzas sociales, por eso condena el actuar de la clase dirigente que no manifiesta voluntad política para cumplir el programa de DDHH: “No entiendo qué impedimento hace que la Presidenta no pueda realizarlo, no lo entiendo”.
Según la integrante del movimiento, Carla Amtmann, las reformas políticas deben realizarse con la ciudadanía y no con los representantes de la élite. En esta línea, señaló que uno de los desafíos de este año es consolidar
“procesos democráticos, participativos y de cambios verdaderamente profundos”.
El diputado del PPD sostuvo que la normativa debe ser votada en la comisión de Constitución en los próximos días, aunque de no haber respaldo del Ejecutivo, la iniciativa quedará estancada en su trámite legislativo.
Tanto desde el oficialismo como la oposición han manifestado en los últimos días sus reparos a las nuevas normas que deben cumplir los partidos políticos. Desde el PPD son críticos al señalar que las nuevas leyes “son exageradas”, mientras que en RN critican el actuar del Servel en relación con el cumplimiento de la Ley de Cuotas.
Este fin de semana, la Presidenta ofreció una entrevista donde se refirió a la continuidad de su carrera política, al machismo de la sociedad chilena y a sus planes para el futuro.
“Es importante que las autoridades comprendan que en el caso de la Machi Francisca Linconao no hay tiempo, ni siquiera una semana, para tomar las decisiones que deben ser tomadas por las autoridades”, señaló Enrique Morales del departamento de DDHH del Colegio Médico.
En el octavo día de huelga de hambre, el abogado Francisco Jara presentó una carta ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el propósito que este organismo internacional pueda interceder vía cancillería para la liberación de la autoridad ancestral mapuche.
El ex presidente de la comisión investigadora de la colusión del papel tisú, (PC) Daniel Núñez, se refirió a la decisión de la FNE de terminar la investigación de la colusión de los pañales, y señaló que las empresas están usando la delación compensada “para encubrir” las responsabilidades que pudieran tener las empresas involucradas.
Con esas palabras Fernando Chomalí pidió acelerar el diálogo entre trabajadores y autoridades para dar solución al conflicto que tiene hace casi tres semanas a los mineros en huelga. El prelado insistió en que este es un problema estructural, donde el libre mercado sigue cobrando víctimas sin que nadie ponga freno.
Frente a la contienda de competencias que presentó el contralor Jorge Bermúdez ante el Senado para revertir la decisión de la Corte de Apelaciones que obliga a traspasar a los funcionarios de la DGAC desde las AFP a Capredena, los trabajadores calificaron como “perniciosa” su actitud y de faltar a la verdad cuando presenta las cifras que le costarían al Estado esta transferencia.
El llamado que ha hecho el movimiento a cambiarse al fondo E hoy tiene justificación luego que fuera el único que no registrara pedidas este año. Mientras que el fonda A ristra un 0,4 por ciento en perdidas.
Para Manuel Guerrero, hijo de una de las víctimas, no es coincidencia que justamente Claudio Salazar Fuentes haya sido uno de los que pidió perdón en la liturgia del pasado viernes en Punta Peuco, y ahora le entregan este beneficio. En tanto, organizaciones de DDHH plantearon que la campaña por la impunidad “ha sobrepasado todos los límites en este país”.
El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, en representación de la colectividad, expresó que los delitos cometidos en dictadura están totalmente comprobados y que han marcado la historia, por lo que no tendrán matices en esta materia.
La encuesta precisó que la participación se ve disminuida por la corrupción y el desarrollo actual del proyecto de gobierno en el que la ciudadanía no percibe cambio ni avances.
Si bien el diputado independiente confía en que los 180 días de pena remitida que le fue impuesta por la justicia en el marco de la querella por injurias presentada por el empresario Andrónico Luksic le permitirá continuar ejerciendo su cargo, el presidente de la Cámara señaló que en cuanto sea ejecutoriada la sentenciada, Rivas no podrá ingresar a la Sala.
Sin hablar con la prensa se retiró el hijo de la Presidenta luego de una hora de interrogatorio por parte del fiscal Sergio Moya. En la jornada, también fue interrogada Ana Lya Uriarte quien podría estar involucrada en el caso de los informes copiados vendidos al empresario Gonzalo Vial.
El Gobierno quitó la suma urgencia del proyecto, con la decisión se podría retrasar la aprobación de la reforma. Para la senadora del PPD, esta solo se logrará aprobar si el Ejecutivo es inmune a las presiones empresariales.
