Los asistentes disculparon la ausencia del ex mandatario, asegurando que en el sector no quieren adelantar la discusión presidencial.
Desde sectores de la Nueva Mayoría critican duramente el actuar de Jorge Burgos en el conflicto con los camioneros. Tal es el disgusto, que el propio subsecretario del Interior se ausentó de sus labores, por sentir que el DC lo había pasado a llevar.
El SII disponía de la información desde abril de 2015. Sin embargo, solo el pasado viernes la entregó a Fiscalía, luego de dos solicitudes. Con estos datos, el Ministerio Público busca abrir la investigación contra cinco asesores ligados a figuras políticas.
El principal cuestionamiento es hacia el rol jugado por Jorge Burgos, quien pese a prohibir el ingreso con camiones a la región, terminó reuniéndose con ellos en el Palacio de Gobierno. A la salida, emplazaron al DC a actuar con premura en la región. La Presidenta no intervino en el conflicto.
En una entrevista de prensa, el ex ministro del Interior fustigó duramente la labor del Gobierno y, principalmente la de Michelle Bachelet, a quien acusó de carecer de conducción política, lo que conlleva a una falta de gestión “brutal”, concluyó el demócratacristiano.
Luego del cambio de opinión del Gobierno, los camioneros se desplazan con sus vehículos hasta el centro de la ciudad. Trece de los catorce camiones podrían llegar hasta el Palacio de La Moneda, según declararon sus propios dueños. Sin embargo, los camioneros de Chile criticaron la manifestación y llamaron a no caer en las presiones de los grupos empresariales.
Si bien hasta hace algunas semanas, los partidos políticos se resistían a llevar a cabo un proceso de reinscripción de militantes para sincerar sus registros, lo que les valió las críticas de miembros de la Comisión Engel desde la cual surgió esta idea, ahora diversos dirigentes plantean su disposición absoluta a concretar este paso, aunque consideran que los tiempos deben ampliarse para poder culminar con éxito el procedimiento.
Contraviniendo la versión entregada por Marcelo Díaz respecto de la existencia de un “protocolo” que obliga a formatear los computadores que funcionarios públicos dejan de ocupar, se dio a conocer la existencia de un Decreto de 2005 que prescribe el respaldo anual de la información.
La Fiscalía Regional de O’Higgins remitió el computador de Sebastián Dávalos a la Brigada del Cibercrimen de la PDI para intentar recuperar los archivos borrados desde el disco duro del ordenador, a la espera de encontrar datos relacionados con el llamado caso Caval.
La cientista política y miembro de la citada comisión de expertos manifiesta su preocupación por los escasos avances después de entregar al Ejecutivo las propuestas sobre probidad. Asimismo, apunta a los partidos y al Congreso por no dimensionar la magnitud de la crisis del descontento ciudadano.
Fiscalía quedó en condiciones para avanzar en la investigación por presunta facilitación de boletas ideológicamente falsas a la empresa SQM, por parte del consejero regional del Biobío. Con la decisión, el Ministerio Público podría formalizar a 172 contribuyentes bajo la misma figura.
En cuanto a su sucesor, el también DC Andrés Joannette, ex asesor del Ministro del Interior, se confirmó que la causa judicial que mantenía pendiente fue archivada y que efectivamente cumplió con la rendición de cuentas con la Universidad Católica de Temuco.
En conversación con la tercera edición de Radio Análisis de nuestra emisora, la ex autoridad regional aseguró que el Estado ha dado una respuesta financiera y represiva a un problema que es político. Además, criticó la imagen conservadora que se ha tomado a su partido, la Democracia Cristiana.
A casi cuatro meses de que el Ejecutivo recibiera las propuestas sobre conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción, sus integrantes critican el lento trámite legislativo, los vacíos que se están generando y las resistencias que surgen cuando se trata de regular la política.
Parlamentarios de la comisión investigadora del llamado caso Caval, consideraron como poco creíbles las declaraciones dadas por el vocero de Gobierno para explicar por qué fue borrado el disco duro del computador utilizado por Sebastián Dávalos durante su labor en La Moneda, y de paso advirtieron la profundización de los daños que este proceso genera en la imagen presidencial.
Con inmediatas críticas se recibió la declaración de figuras de gobierno y oposición que hablan de superar la crisis política con un nuevo acuerdo nacional. El principal problema sería volver a caer en fórmulas reduccionistas, que busquen conducir al país en cuatro paredes, sin considerar la opinión de los ciudadanos.
Propuesta de la “Comisión Bravo” sobre aumentar la edad para pensionarse, cuyos resultados se conocerán la primera semana de septiembre, generan preocupación entre parlamentarios y sectores sociales, para quienes de aprobarse por parte de Michelle Bachelet, significaría “borrar con el codo lo que escribió con la mano”.
