La jefa de gabinete consideró como “una coincidencia feliz” que el esfuerzo por acercar posturas en torno a la situación delictual del país haya iniciado en un momento en que el estudio de Paz Ciudadana orienta sobre el foco y las soluciones.
Mientras las autoridades apuntan al aumento de los delitos violentos, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la U. de Chile, Alejandra Mohor, explicó cómo los medios de comunicación han infundido miedo a la ciudadanía.
En una señal de unidad contra la delincuencia, ediles de distinto signo político llevaron siete medidas de seguridad al Gobierno, las que fueron destacadas por el subscretario del Interior, anunciando un plazo de dos semanas para sancionarlas.
Sobre esta situación, Daniel Johnson comentó que “si bien no hay una mayor probabilidad de ser víctima, nuevas tipologías delictuales amenazan con hacer mucho más daño que lo que conocíamos”.
Tras la votación, la secretaria de Estado defendió los avances que ha presentado la medida aplicada en La Araucanía y Biobío desde su última renovación.
Los dardos hacia la titular de Interior provinieron incluso desde parlamentarios del oficialismo, quienes acusaron una falta de diálogo con los distintos actores afectados en el sur del país y que la cartera “no ha estado a la altura del desafío”.
La vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, expresó que lo planteado por el mandatario “es absolutamente pertinente” y que “requiere convocar a todas las autoridades incumbentes que tienen que ver con combatir la delincuencia”.
La autoridad entregó detalles sobre el procedimiento que dejó a nueve aprehendidos en la Región de Tarapacá y reafirmó que las problemáticas de crimen organizado y el narcotráfico “es una lucha que el Estado está decidido a hacer”.
Según explicó la jefa de gabinete, el objetivo es contar con una medida que no requiera una renovación en plazos tan acotados, sino cada 60 días. “Estamos bastante avanzados en ese trabajo”, comentó.
La máxima autoridad regional de Antofagasta recalcó la importancia de establecer un trabajo conjunto entre las distintas instituciones públicas para enfrentar las problemáticas de seguridad y detalló parte de las medidas que impulsa la zona.
También entre los nueve oficiales que dejarán de estar activos destacó el contraalmirante Jorge Parga, quien apenas duró 48 horas en el cargo de jefe de Defensa Nacional de Arauco y Biobío, luego que La Moneda reculara en su designación.
En un análisis sobre el estallido social, el parlamentario consideró imprescindible salir de la crisis política en la que se encuentra el país mediante “un giro en el tipo de estructura social y constitucional que tenemos”.
