El dicho popular reza que la esperanza de los pobres es la más larga, también la de aquellos que esperan que se salden sus deudas. En el caso de las y los profesores de Chile, las ilusiones ya completan 19 años y que cada vez que anuncia el último capítulo de esta historia, los guionistas deciden alargarla.

El 15 de octubre de 2009 era un día añorado por el Magisterio. Finalmente entrarían en los últimos episodios de la teleserie porque el gobierno debía dar una respuesta concreta que contuviera una solución a la deuda histórica, según lo acordado con el Congreso. Y aunque la ministra de Educación, Mónica Jiménez, les había avisado que no tuvieran expectativas porque un informe de la Contraloría daba por caducado el compromiso, los docentes esperaban que el paro nacional de advertencia que realizaron el miércoles 14 surtiera algún efecto disuasivo.

Pero ese día las horas pasaban y no había respuesta. Con el plazo a punto de vencer, a las 19:00 horas, cuando los funcionarios del Congreso ya terminaban su jornada, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y la ministra de Educación, ingresaron un oficio a la Cámara de Diputados con la esperada respuesta. Sin embargo, el documento no contenía en ningún caso lo que los profesores esperaban escuchar. En él se señala que no se cancelará la deuda histórica argumentando que se guiarán por las sentencias de la Corte Suprema y de la Contraloría, que establecen que es improcedente el pago de esta asignación y que se encuentra prescrita.

No fue hasta la mañana del 16 de octubre, irónicamente el Día del Profesor, en que los docentes pudieron conocer el detalle de la respuesta del Ejecutivo. Y el regalo no fue bien recibido. Inmediatamente se desató la ira en el Colegio de Profesores. Su presidente, Jaime Gajardo, calificó el hecho como una “canallada” y no trepidó en afirmar que el gobierno “miente y se contradice”. Además, anunció que el martes de la próxima semana se reunirán en Asamblea Nacional a definir los pasos a seguir, pero no descartan un paro indefinido, incluso, no cerrar el presente año escolar.

Pero la ministra vocera de gobierno, Carolina Tohá, restó importancia a estas advertencias y, además de reafirmar la decisión del Ejecutivo, le recordó a los maestros que sus sueldos han mejorado en los años de la Concertación.

“Es verdad que los profesores sufrieron en dictadura, igual que sufrieron millones de trabajadores chilenos y para eso Chile ha trabajado duramente, para mejorar sus condiciones de dignificad, su calidad de  vida, sus remuneraciones. Y en el caso de los profesores, este trabajo ha sido especialmente persistente. En los años de democracia se han mejorado las remuneraciones, se ha llegado a subirlas casi tres veces por sobre el promedio del resto de los trabajadores y se ha hecho también un gran esfuerzo para mejorar sus condiciones de retiro y remuneración”, señaló.

Desde el Congreso, en tanto, los miembros de la comisión de Deuda Histórica, que se formó en noviembre de 2008 para buscar una solución a este problema y a quienes, precisamente, el gobierno debía responder el informe, reaccionaron airados.

Ahora, al igual que el año pasado, cuando se acordó formar la comisión parlamentaria, el Presupuesto de la Nación se pone en riesgo por este tema. El senador UDI Hernán Larraín, señaló que podrían rechazar los recursos propuestos para Educación en el 2010 y, al igual como lo hicieran con el Transantiago, aprobar “luca” a modo de protesta.

Incluso desde la Concertación la respuesta del gobierno no fue bien recibida. La bancada socialista se manifestó en “profundo desacuerdo” y lamentaron que no hubieran acogido la propuesta de financiamiento que hicieran los diputados para saldar la deuda y que se basaba, principalmente, en el aumento de los impuestos al alcohol y al tabaco, tal como lo habían planteado los docentes en 2008.

La teleserie que ya cumple casi dos décadas nuevamente retomó su fuerza dramática.

La histórica deuda

Aunque las demandas de los profesores por el pago de la llamada deuda histórica volvió a acaparar portadas, ya se transformó en una frase que de tanto repetirla incluso ha perdido sentido para quienes la escuchan. Pocos se acuerdan de dónde proviene y por qué se produjo esta situación que año a año saca a los docentes a la calle a protestar por obtener lo que ellos consideran justo. Una reivindicación de hechos acontecidos en la dictadura y que la democracia no ha logrado saldar.

Fue en 1980 cuando la ley 3.551 aumentó el sueldo a profesores, empleados públicos, funcionarios de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, pero esta asignación duraría muy poco para los docentes. En junio de 1981 la dictadura traspasó la responsabilidad de la Educación pública del ministerio a los municipios y los profesores que fueron trasladados dejaron de percibir el aumento salarial y luego debieron someterse al régimen previsional y de salud privado. Este hecho originó el problema pues, además de dejar de recibir la asignación, los docentes argumentan que durante estos 19 años han tenido cuantiosas pérdidas en sus montos de pensiones.

1986, uno de los años más duros de la dictadura, y el magisterio decide emprender juicios laborales en todo el país que nunca vieron frutos.

El tema quedó guardado entre los anhelos del gremio para la democracia, pero en 1996 el presidente de la Corte Suprema convocó al entonces ministro de Educación, José Pablo Arellano, y al presidente del Colegio de Profesores, Jaime Pavez, a una reunión para buscar una solución, pero la respuesta del secretario de Estado fue tajante: no hay política, que la justicia decida.

Cuatro años más tarde, el 2000, los maestros decidieron tomarle la palabra al anterior ministro y presentaron una serie de demandas al fisco pidiendo indemnizaciones por el daño causado, pero estas acciones judiciales aún no obtienen un fallo.

La justicia no logró dar una respuesta satisfactoria al gremio docente, así que optaron por la vía política. En 2006, con Michelle Bachelet a la cabeza del país, vieron un escenario favorable para sus demandas y comenzaron una ardua campaña de cartas, audiencias y movilizaciones que favoreciera su postura a nivel político y gubernamental. La estrategia comenzó a rendir frutos. La Presidenta les señaló su disposición a lograr una salida y parlamentarios firmaron diversos proyectos de acuerdo que enviaron al Ejecutivo solicitando el pago de la deuda.

El 2007 empezarían a presionar desde el exterior. Una solicitud enviada a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue acogida y el organismo comenzó a estudiar la situación. Pero no fue hasta marzo de 2009 cuando determinó que el gobierno de Chile tiene la obligación de informarle acerca de la solución que se adopte.

Recién en abril de 2008 se logró determinar el número de docentes afectados por la deuda histórica. Luego de conversaciones con el, en ese tiempo, presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, se formó una comisión de estudios compuesta por representantes del Colegio de  Profesores y de la Cámara Alta, quienes cifraron en 94.000 a los acreedores del Estado.

Pero en noviembre de ese año se produjo un hecho fundamental para la demanda del profesorado. El Congreso decidió poner en jaque la aprobación del Presupuesto 2009 para Educación si no daba una solución. En un acuerdo con el gobierno para sacar adelante el proyecto de ley con los recursos fiscales, los parlamentarios formaron una comisión especial que estudiaría esta larga historia y entregaría un informe al Ejecutivo con una propuesta de pago, la misma que el 15 de octubre respondieron negativamente los ministros de Hacienda y Educación.

La comisión parlamentaria además fijó el número de afectados por la deuda histórica en 84.002, incluyendo a jubilados, retirados y fallecidos, y el monto en la elevada suma de 5,2 billones de pesos, es decir, 9.133 millones de dólares.

Con esas cifras en la mano, los profesores propusieron el pago de un bono de 10 millones de pesos a cada uno de los perjudicados, establecer una pensión mínima docente de 400 mil pesos y un reajuste del diez por ciento, además de una indemnización directa al gremio. Los parlamentarios, en tanto, establecieron la solución en el pago de un beneficio adicional de pensiones a 26.345 maestros, que fluctuaba entre 50 mil y 120 mil pesos.

Sin embargo, hoy todo parece volver a foja cero con la tajante negativa del gobierno de cancelar la deuda histórica. “No vamos a aflojar”, aseguró Jaime Gajardo y manifestó que, dadas las circunstancias, se conformar con un pago reparatorio de un 20 por ciento de la deuda total, lo que corresponde a unos 1.826 millones de dólares. Una reparación que asciende a un monto mucho menor que los 4 mil 600 que el Estado gastó, por ejemplo, en armamento durante 2008 y que lograría poner el punto final a una historia que se escapa a los tecnicismos legales o a los cálculos matemáticos y que, luego de dos décadas, se ha transformado ya en una deuda política del Estado.