Temas que han generado polémica como el uso de los vehículos fiscales, la invitación a actos oficiales, las actividades de campaña de los funcionarios públicos en horarios de trabajo y el uso de los recursos del Estado para la promoción, son algunos de los temas que regula este detallado instructivo de 15 hojas emitido por la Contraloría y donde se exige un trato igualitario para todos los competidores, sin importas del sector político del que provengan.

El dictamen es un hecho relevante porque explicita la forma en la que el Gobierno debiera comportarse en estos periodos, lo que antes no estaba normado.  ¿Es acaso que en estas elecciones existen más denuncias o el clima es más duro? Para los especialistas el grado de intervención habitual se ha mantenido y este indicativo respondería a otras razones.

Respecto de esta materia, el historiador Jorge Pinto, explicó que “el proceso electoral ha pasado por lo menos en estos últimos días a un segundo plano por los 40 años del golpe, no veo un clima de tensión que supere lo que habíamos visto en los últimos años, tiene que ver más bien con este principio de transparencia que ha estado presente en los últimos años. Creo que la Contraloría está tratando de garantizar la transparencia y ente momento el tema de la transparencia está cruzando todas las acciones del Gobierno y de las instituciones vinculadas al Estado. Yo lo interpretaría en una primera instancia desde ese punto de vista”.

El Premio Nacional de Historia 2012 afirmó que también ha influido la presión de la ciudadanía, en un momento donde se exige un mayor acceso a la información y participación ciudadana, y donde existe menos tolerancia del abuso de libertades y garantías de los actores políticos y funcionarios públicos.

En esa línea, respondería más bien a un cambio cultural, pero habría también algunas razones políticas de sustento, tal como indicó Claudia Heiss, académica e investigadora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

En esa línea, la profesora de nuestra casa de estudios indicó que “sí han cambiado los estándares, lo que yo veo no solamente con el tema electoral, sino en general con el uso de los recursos públicos es como que el sentido común está cambiando hay como más rigor para exigir rendición de cuentas, transparencia, que puede tener que ver con el tema de la alternancia, que antes había una sola coalición que ganaba siempre, que era como una continuidad y el hecho de que haya cambio de Gobierno produjo que fuera más riguroso con ese tema, pero yo creo que con este tipo de cosas más vale el celo excesivo”.

Sin embargo, Carlos Cantillana, Coordinador del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales (UDP), afirmó que este tipo de medidas deben ir acompañadas de mecanismos que permitan su real ejecución, de lo contrario el texto pasaría a ser letra muerta.

Por esto, el especialista en temas electorales precisó que “el hecho de que la Contraloría de la República se pronuncie sobre este tema denota de que se quieren hacer las cosas distintas hacia adelante, es decir, a darle una especie de guía para que las cosas comiencen a cambiar, pero veo muy difícil que esto se vaya a concretar si no hay un ente fiscalizador potente o exitoso o que esté abocado al tema y que obviamente fiscalice todos los mandatos que dice la Contraloría”.

El cientista político advirtió que sin este ente fiscalizador especializado, será prácticamente imposible controlar la situación, sobre todo en comunas pequeñas o rurales. Para ello se debe regular peor también asignar recursos para poder concretar las medidas.