Estudiantes de UNAB en paro denuncian lucro del grupo Laureate

En medio de las investigaciones por lucro en contra del conglomerado educacional Laureate, los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello se encuentran en paro indefinido por deficiencias estructurales. Sobrepoblación de alumnos y escasa reinversión en infraestructura son las principales quejas de los estudiantes.

En medio de las investigaciones por lucro en contra del conglomerado educacional Laureate, los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello se encuentran en paro indefinido por deficiencias estructurales. Sobrepoblación de alumnos y escasa reinversión en infraestructura son las principales quejas de los estudiantes.

Durante esta semana se conoció una nueva arista en el caso lucro. Al no estar tipificado como delito, la fiscalía de Ñuñoa se encuentra investigando posibles fraudes tributarios de las universidades involucradas, entre ellas, las que conforman el grupo Laureate.

En este marco, el fiscal Carlos Gajardo envió antecedentes de los tres planteles que posee el conglomerado al Servicio de Impuestos Internos (SII), con el objetivo de que inicie acciones legales por la supuesta evasión de impuestos en que incurrieron las instituciones al traspasar decenas de millones de dólares a su grupo controlador.

Estos traspasos fueron confirmados por Laureate ante organismos fiscales estadounidenses, mientras que desde el SII señalan que lo más probable es que la indagatoria finalice con una querella por delito tributario, si es que se comprueban las irregularidades detectadas por la Fiscalía.

En ese contexto, los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB), plantel que pertenece a Laureate, comenzaron un paro indefinido debido a una serie de deficiencias estructurales que deben enfrentar, pese a pagar un arancel anual cercano a los cuatro millones de pesos.

Los alumnos acusan que se ha producido un aumento desproporcionado de la matrícula, lo que ha derivado en cursos sobrepoblados que los obliga, en algunos casos, a sentarse en el suelo durante las clases.

Además, denuncian que el edificio que ocupan, que originalmente sólo estaría destinado a la carrera de derecho, ahora es compartido con otras dos carreras, lo que ha incrementado los niveles de hacinamiento, tal como lo confirma el presidente del Centro de Alumnos de Derecho de la UNAB, Sebastián Muñoz.

“Los institutos profesionales hoy en día no son fiscalizados. Entonces este conglomerado, dueño también de AIEP, matricula alumnos en el Instituto y por eso nos cortaron a nosotros el edificio, para tener mayor capacidad de alumnos que matricular en el Instituto”, denuncia.

Muñoz recalca que las autoridades universitarias han hecho todos los esfuerzos para mejorar las condiciones, pero que poco han podido hacer ante las decisiones de la transnacional educativa.

El dirigente estudiantil responsabilizó directamente al grupo Laureate de la situación que los afecta, explicando que “desde diciembre de 2013 existen políticas que no se están tomando en la forma correcta. Laureate está lucrando con esta universidad y más que abandonarla yo creo que están muy pendiente, pero pendiente de llevarse la plata. Tengo entendido que muchas carreras de la Universidad Andrés Bello están despertando y nosotros como Escuela de Derecho en cierto sentido estamos llevando esta bandera”.

Por su parte, Mijael Miranda, estudiante de tercer año de la carrera, describe las condiciones en las que se realizan las clases, manifestando que “en una sesión para 45 alumnos, hay veces que tenemos salas en las que hay más de 60 y 70 alumnos y hemos tenido que estar de pie. Incluso se han suspendido clases porque no hay abasto de salas”.

Los estudiantes confirman que el paro se mantendrá por lo menos hasta el próximo lunes, cuando mediante una asamblea decidan el futuro de la movilización.

Respecto de la arista tributaria, por el momento el SII está autorizado a investigar lo ocurrido con el pago de tributos de las tres universidades desde el 2011 en adelante, aunque si se detecta la comisión de algún delito el periodo podría ampliarse desde 2008, tal como lo establece el artículo 200 del Código Tributario.





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