En un principio, el ingreso al Parlamento del proyecto de Reforma a la Educación Superior estaba programado para diciembre. Luego, el Gobierno decidió de que este mes se enviaría el apartado sobre institucionalidad y en marzo, el de financiamiento, lo que generó fuertes críticas de los distintos actores de la educación.

Finalmente, este viernes quedó en evidencia un nuevo retraso. Por la mañana, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, se reunió con los rectores de instituciones acreditadas a nivel nacional y afirmó que se contaría con un par de meses más para trabajar en la iniciativa.

Asimismo, dijo a las autoridades académicas que “seguramente el resultado de este esfuerzo no va a dejar contentos a todos en cada una de  sus miradas, porque este es un grupo amplio, distinto, heterogéneo. Yo quisiera que al menos coincidamos en aspectos del diagnóstico de la situación, respecto de los fines y por cierto, de alguno de los componentes que sin lugar a dudas una ley que establezca un sistema nacional de educación superior debe tener”.

La ministra enfatizó que “mientras más trabajo prelegislativo se haga, se llega con un proyecto más maduro”, pero advirtió que hay un límite conforme a los compromisos con la ciudadanía. En esa línea, insistió en que la ley debería despacharse en septiembre.

El aplazamiento no sorprendió al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, quien dijo tener claro que la discusión legislativa del proyecto de Educación Superior tomará más de un año y, por lo tanto, en 2017 la gratuidad universitaria irá por glosa presupuestaria.

“Me gustaría que fuera en marzo y abril, pero acotado a esos 60 días. En algún momento de este periodo debiéramos tener a la vista una especie de preproyecto. No podemos tener solamente documentos que sean interesantes, sino que un preproyecto donde uno pueda hacer observaciones más concretas en cada uno de los aspectos”, señaló.

El Mineduc entregó a los rectores el documento “Reforma Educacional para la inclusión y la calidad”, que corresponde a un estado de avance hasta el 1 de septiembre de 2015. Al respecto, Sánchez opinó que a mediados de marzo debiera generarse una propuesta actualizada, correspondiente a un preproyecto del ministerio sobre el cual trabajar.

También dio el visto bueno a que se divida la presentación del proyecto, siempre que la parte de financiamiento tenga directa relación con la calidad de las instituciones.

Por su parte, el rector de la Universidad de Chile y representante de las universidades estatales, Ennio Vivaldi, valoró la postergación de la iniciativa: “Si el proyecto llega con el aval de las comunidades académicas y con el aval de las comunidades universitarias en general, es una situación totalmente distinta para el legislador que se enfrenta a algo cuyo origen puede o no tener dudas. Es diferente si esto aparece avalado por una discusión del movimiento estudiantil, académicos y rectores”, subrayó.

Desde los alumnos, la vocera de la zona sur de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Nicole Cornejo, afirmó que el Gobierno recapacitó y espera que la discusión no se centre en sus plazos, sino que en los avances del debate con los actores: “Los borradores que se nos habían presentado no contemplaban un fortalecimiento a la educación pública y dejaban en la lógica de la competencia a todas las universidades. Ni siquiera había un rol del Estado en sus propias universidades, más preponderante que en otras. Por lo tanto, vemos esto como una oportunidad, siempre que el Gobierno se ponga serio y hablemos de educación y no solo desde la lógica Excel, como pasó con la Ley Corta”, señaló.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Valdivia recordó que durante el año pasado, en las mesas  prelegislativas, no se tomaron en cuenta las observaciones del movimiento estudiantil en el último borrador. Esta vez, dijo, quieren que las invitaciones al ministerio de Educación, como la que se dará este lunes 25 de enero, sean en un afán de incluir sus demandas.