Congelado está el proyecto de ley que tipifica el delito de tortura en nuestro país. La iniciativa cambia la figura de “apremios ilegítimos” que actualmente existe por “tortura” y señala que el delito será competencia de la justicia ordinaria y no sólo de la justicia militar, si se trata de un uniformado, como ocurre el día de hoy.

Y pese a que la iniciativa está en tercer trámite constitucional, sigue durmiendo en el Senado, tal como indicó el diputado, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez: “Está congelado en el Senado este proyecto, una iniciativa que el 21 de mayo pasado la Presidenta de la República dijo que era emblemática de su Gobierno”.

“Un proyecto que va a limitar a la Justicia Militar de forma relevante, en un tipo de delitos que, sin duda, los carabineros están cometiendo, hoy no tiene relevancia ni urgencia en el Senado. ¿Por qué? Porque hay parlamentarios que disfrutan de este estado de cosas, es decir, quieren seguir dándole amparo a las violaciones de Derechos Humanos cometidos por las policías en este país”, dijo.

La situación es preocupante. Desde las organizaciones que forman parte de la mesa de seguimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos afirmaron que se reunieron recientemente con las autoridades de Justicia, cuando se les confirmó que el proyecto estaba entrampado, pero que había avances en el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura.

Esto resulta extraño, ya que se implementaría un modelo de prevención de un delito que no existe formalmente. La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, afirmó que posiblemente el Gobierno esté buscando avances para presentar en el discurso del 21 de mayo: “No me parece extraño que diera a conocer primero el mecanismo que una ley tan relevante y que debió haber sido materializada hace años en este país. Eso, porque acá se ha privilegiado lo que viene hacia el futuro y no los asuntos del pasado que siguen pendientes” sostuvo.

La dirigenta añadió que “haciendo un seguimiento, desde el ex presidente Ricardo Lagos hasta ahora, el Gobierno ha sido amo y señor del tema comunicacional, haciendo anuncios con tanta pompa, que todo el mundo cree que es un avance”.

Las organizaciones de la mesa sostuvieron que les preocupa la dirección que el Ejecutivo quiere darle al mecanismo, ya que se les habría confirmado que éste quedaría en manos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Marta Cisterna, de la Casa de Memoria José Domingo Cañas, señaló que no están de acuerdo, no porque estén en contra del INDH. “No estamos de acuerdo porque pensamos que al Instituto no le da el cuero para hacer el mecanismo, porque los carabineros ni siquiera los dejan subirse a los carros policiales”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que la propuesta es que el mecanismo sea elaborado por un grupo compuesto por  distintas entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil, como en Argentina. “Esa es la idea, para que esto sea un poco más transparente”, añadió.

Las organizaciones fueron críticas del cumplimiento de la Presidenta, a la que le recordaron su compromiso de poner fin a la Ley de Amnistía y la media prescripción en las causas de Derechos Humanos, un tema “de suma importancia” y que sigue pendiente.

Además, cuestionaron el nivel de avance alcanzado con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuando la ley que permite su creación fue aprobada a finales del 2015 y el organismo aún no cuenta con un director y un equipo consolidado.