Luego del rechazo en la Cámara de Diputados de la propuesta que emanó de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley de indultos conmutativos con que el Gobierno pretendía proteger a la población penal de los efectos de la pandemia por coronavirus, desde La Moneda tuvieron que acudir a las atribuciones del Presidente para lograr su implementación.

Esta tarde, tras una reunión del Presidente Sebastián Piñera con los ministros de Interior, Segpres y Justicia; el Gobierno anunció que el Mandatario enviará un veto aditivo para destrabar la iniciativa y, además, se le pondrá discusión inmediata al proyecto de “ley humanitaria” que permite la reclusión domiciliaria para reos de edad avanzada o con enfermedad grave, incluyendo aquellos juzgados por crímenes de lesa humanidad.

La noticia la dio a conocer durante esta tarde el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien detalló que el Presidente enviará el veto con discusión inmediata al Congreso para reponer dos disposiciones rechazadas en el proyecto. Éstas, tienen que ver, primero, con las consecuencias y sanciones para quienes no cumplan con el arresto domiciliario decretado y, segundo, para incorporar nuevos delitos que no podrán acceder al beneficio. Éstos son los que dicen relación con la ley de control de armas y la de asociación ilícita en el caso del narcotráfico, pero además, se incluyó dentro de la lista a los condenados por violencia intrafamiliar.

“Esto es urgente, dada la situación que hay en nuestros recintos penitenciarios. Necesitamos aliviar y que la población de riesgo pueda salir lo antes posible si cumple los requisitos de esta ley”, sostuvo Larraín.

Así también, se refirió a la discusión inmediata que se pondrá a la denominada “Ley Humanitaria”. Ésta iniciativa fue presentada en 2018, con el objetivo de permitir a mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena y que estén en riesgo inminente de muerte o sufran de invalidez total, puedan solicitar el beneficio conmutativo a un tribunal.

La iniciativa tuvo una tramitación polémica en el Congreso debido a que incluía a los criminales de lesa humanidad y violadores de derechos humanos, cuestión que fue ratificada por el ministro Hernán Larraín junto con el anuncio. “No se exige un delito determinado y no se excluyen a las personas por haber cometido un delito determinado”, aseguró el secretario de Estado.

La iniciativa de indulto conmutativo impulsada por el Ejecutivo, y rechazada por el Congreso, pretendía que las embarazadas, las mujeres que viven con sus hijos menores de dos años y los adultos mayores, entre otros, salgan de los recintos penitenciarios y puedan cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario. Medida que beneficiaría a casi 1.500 personas de la población penal, pero que fue rechazada por algunos parlamentarios del oficialismo por una razón muy específica: el proyecto no incluye a quienes han sido condenados por violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, por lo que éstos no podrían optar al beneficio.

Foto: Cristóbal Escobar / Agencia UNO.

La arremetida de los senadores oficialistas

Fue ante esto que doce senadores y senadoras de Chile Vamos -de Renovación Nacional y la UDI en específico- acudieron al Tribunal Constitucional para presentar un requerimiento con el objetivo de que se declare inconstitucional la exclusión de los internos de Punta Peuco y todos aquellos que hayan cometido crímenes graves, acusando que existe, para ellos, una discriminación arbitraria.

Fue el senador RN Francisco Chahuán, quien defendió la postura de los parlamentarios que acudieron al TC señalando que el objetivo del recurso es asegurar medidas para todos los adultos mayores, “sea la persona que sea”.

“Acudimos al TC para que el proyecto del Ejecutivo sobre indulto conmutativo pueda incorporar a todos los mayores de 75 años que hayan tenido una buena conducta dentro del penal, tengan bajo factor de riesgo acreditado por Gendarmería, entendiendo que dicho grupo, además, es de baja peligrosidad y que van a mentener sus condenas ahora en otro lugar”, argumentó el senador RN.

“Son, sin lugar a dudas, el grupo más vulnerable hoy y por la pandemia actual están en riesgo. La vida de las personas siempre será una prioridad para éstos senadores, sea el adulto mayor que sea”, agregó Chahuán.

La nómina de parlamentarios que presentaron el requerimiento en el TC la completan las senadoras Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Ena Von Baer y Carmen Gloria Aravena (Independiente-RN); además de los senadores Juan Castro (RN), José García (RN), Alejandro García-Huidobro (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Víctor Pérez (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Kenneth Pugh (Independiente).

De ésta manera, el Tribunal Constitucional revisará el próximo martes 7 de abril la admisión a trámite del requerimiento presentado por los miembros de Chile Vamos.

Los senadores UDI Jacqueline Van Rysselberghe, Víctor Pérez y Ena Von Baer.

La presión del INDH

El Instituto Nacional de Derechos Humanos también se hizo parte de la discusión y lo hicieron para defender la decisión del Ejecutivo de excluir a estos internos. Desde hace varios años el INDH ha planteado su preocupación por las personas privadas de libertad y en custodia del Estado, lo que ha derivado en una serie de recomendaciones a las autoridades de turno.

Desde hace dos semanas, observadores del organismo han recorrido las cárceles de la Región Metropolitana para evaluar la situación, dando cuenta de las condiciones inhumanas en las que se encuentra la población penal.

Fue en ese sentido que el director del INDH, Sergio Micco, hizo sentidos llamados al Congreso y en especial al presidente Sebastián Piñera, a quien le pidió un mayor protagonismo y tomar cartas en el asunto.

“Hay delitos que son de especial gravedad que no pueden ser indultados. Hay legítimas discrepancias, pero es momento de postergarlas porque debemos estar unidos para evitar la propagación del coronavirus”, pidió Micco dirigiéndose a los parlamentarios. “Al Congreso, más allá de los problemas de concurrencia que tienen los parlamentarios, que aprueben el proyecto de ley de indulto”, agregó.

“En segundo lugar, yo diría, como INDH, que el Presidente de la República ejerza el mismo liderazgo que ejerció en su primer gobierno cuando aprobaron su proyecto de indulto. ¿Por qué no ahora si las circunstancias son infinitamente más graves?””, planteó el director del INDH. 

Esto porque, en 2012 y bajo el primer mandato de Sebastián Piñera, el Congreso aprobó un proyecto de ley de indulto general que favoreció a 4.500 personas y logró avanzar el las libertades condicionales de otros miles de internos, lo que permitió que en total 9.000 personas salieran de los recintos carcelarios.

Desde el INDH manifestaron que, luego del rechazo en la Cámara, ahora la única opción que le queda a los 1.500 internos que se podrían beneficiar, es que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, realice un indulto presidencial que permita implementar esta medida preventiva ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco. Foto: Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Las opciones del Gobierno

La situación de los establecimientos penitenciarios y las trabas que han surgido desde su sector habían puesto en jaque al gobierno de Sebastián Piñera y sobre todo a la cartera de Justicia y Derechos Humanos, liderada por el ministro Hernán Larraín.

La cartera de Justicia citó esta semana una reunión de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, encabezada por Larraín, con el objetivo de llegar a acuerdos para enfrentar la pandemia. Tras esto, el titular de Justicia explicó que, al rechazar la propuesta que surgió de la Comisión Mixta -que excluía del beneficio a los criminales de lesa humanidad-, el Congreso abrió la posibilidad de que no existan sanciones para quienes no cumplan con la medida de arresto domiciliario.

“Sería muy irresponsable que nosotros apoyemos este indulto, tal cual está quedando este proyecto, sin esta norma, porque significaría que 1.300 personas queden, en definitiva, de forma completamente libre”, sostuvo Larraín.

Así, con el proyecto ya despachado y listo para ser ley, el Gobierno había dilatado su promulgación por ser una iniciativa inviable, mientras evaluaban junto al Mandatario la opción de indulto planteada por el INDH y otras, como la presentación de un veto presidencial.

“Frente a esto ciertamente vamos a revisar el escenario. Vamos a estudiar las alternativas que tenemos, entre las cuales está un veto aditivo que busque reponer ésta u otras disposiciones que nos permitan hacer viable el proyecto”, decía el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Desde el Gobierno anunciaron que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, enviará un veto aditivo para asegurar los indultos a 1.500 personas de la población penal. Foto: Presidencia.

Por otra parte, durante la mañana de este jueves la vocera de gobierno, Karla Rubilar, abordó la polémica que los enfrentó una vez más con su sector, señalando que es necesario avanzar en este sentido ya que el proyecto tal como está “no se puede promulgar”. Respecto de los argumentos de los parlamentarios de Chile Vamos, Rubilar descartó que la iniciativa implique una “discriminación arbitraria”.

“Hay que entender que aquí se generó un estándar de delitos de más gravedad en los cuales no se considera la posibilidad de este indulto por razones humanitarias y sanitarias. Esto es para personas con delitos de lesa humanidad y también para personas que no han cometido estos delitos, pero sí de alta gravedad. Por lo tanto aquí no hay ninguna discriminación arbitraria”, enfatizó en entrevista con Radio Universo la secretaria de Estado.

La situación carcelaria

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtieron que este es un proyecto que “se tiene que aprobar”, ya que la iniciativa del indulto, en palabras de Sergio Micco, “ha creado una expectativa muy grande entre los internos y, por lo tanto, si se rechaza va a crear mucha inquietud tanto en los reclusos como en los gendarmes”.

Esto, cuando ya se han registrado los primeros incidentes al interior de distintos centros penitenciarios, al mismo tiempo que se han dado a conocer los primeros brotes de COVID-19 en distintas cárceles del país. Es el caso de la Cárcel de Puente Alto, en donde durante la última jornada el número de internos contagiados por coronavirus aumentó a cuatro, de los cuales tres son imputados que están a la espera de su juicio, mientras que el restante está condenado y saldría en libertad el 17 de septiembre próximo.

Pese a las medidas preventivas, explicaron desde el centro penitenciario, los últimos tres casos confirmados habrían mantenido contacto estrecho con el primer interno al que se le confirmó la enfermedad por COVID-19. Así también lo habrían hecho otros 15 reclusos, que actualmente se mantienen en observación y sin sintomatología asociada. De los cuatro casos ya confirmados, dos se encuentran bajo cuidados médicos al interior de la cárcel, mientras que los otros dos fueron trasladados al Hospital Dr. Sótero del Río.

Foto en portada: ATON Chile.