En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la abogada y convencional por el distrito 23, Manuela Royo, se refirió al decreto de Estado de Emergencia en las dos provincias de la Región de la Araucanía y la provincia de Arauco en la Región del Biobío firmado ayer por el Presidente Sebastián Piñera.

La medida fue adoptada por el Gobierno para reforzar la seguridad en la zona, donde en las últimas semanas se han registrado una serie de hechos de violencia. Los críticos del decreto apuntan a la oportunidad en que se presenta (luego de la revelación de los Pandora Papers) y también a la efectividad de la misma.

Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, al respecto, la abogada señaló que “estamos en un momento muy crítico a nivel político en términos generales y específicamente respecto de los casos de corrupción relacionados con el Presidente Sebastián Piñera. En ese contexto, lo que pasa en Wallmapu, lejos de ser un estado de excepción, es una situación donde efectivamente existe un conflicto, pero, desde que comenzó el paro de los camioneros y de las presiones lideradas por la derecha extrema, se ejerció una presión donde el Gobierno, de forma centralista y autoritaria, decide decretar este estado de excepción“.

En ese sentido, la convencional agregó que “hace un par de semanas salió un dictamen de la Contraloría donde se establecía que quienes son los encargados de controlar el orden público son Carabineros de Chile y la PDI, pero no las Fuerzas Armadas ya que, constitucionalmente, ellos tienen otro rol. En el fondo se está ocupando un resquicio como el estado de excepción para militarizar de forma ‘legal’ el Wallmapu y ceder a las presiones de la derecha más fascista”.

Respecto de si hay algún viso de ilegalidad o mal uso de la medida, Royo señaló que “la constitución actual permite la declaración de este estado de excepción, por ende, en términos formales no hay una ilegalidad. Sin embargo, el fondo que tiene que ver con un contexto político, claramente no corresponde, es más, me hace cuestionar el sentido de los estados de excepción que tuvimos anteriormente y que se dieron en el contexto de la pandemia. En definitiva, devela el objetivo político del estado de excepción que es un control político post 18 de octubre utilizando la pandemia. A mi juicio es una medida autoritaria y violenta por parte del Estado”.

La convencional entregó su visión acerca de cómo abordar el problema de seguridad que se vive en la zona y señaló que “el último proceso de diálogo que se realizó en Temuco respecto de este conflicto y que fue liderado por la Fundación Nansen, fue un proceso donde se invitó a la Iglesia Católica, a los rectores de las universidades, y eso está bien, pero no son los actores que están vinculados directamente con lo que está pasando en la Araucanía”.

En esa línea, la abogada agregó que “evidentemente no existe una intención política de conversar realmente. De hecho, las conversaciones más adelantadas que existieron fueron en este gobierno con el ministro Alfredo Moreno, ¿pero qué pasó? Mataron a Camilo Catrillanca, entonces, acá el diálogo tiene que ser real, no podemos dialogar con la disposición solo de escuchar y yo no he escuchado nunca al gobierno decir que reconocerán los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios, reconocer la deuda histórica y establecer como medida de reparación y garantía de no repetición la restitución territorial como punto número uno de aguas y de tierras”.

Respecto de la vinculación entre el decreto de estado de excepción y la compleja situación política que enfrenta Sebastián Piñera a partir de las revelaciones del Pandora Papers, Manuela Royo sostiene que “lo que está pasando es que las condiciones que han cambiado tienen relación con la credibilidad del Presidente. Hoy día, su estrategia política y mediática es desviar la atención y buscar un enemigo interno para poner el foco ahí”. Por lo mismo, la convencional cree que “hay una intención de agudizar el conflicto y de utilizarlo con fines políticos por parte de los sectores más reaccionarios tal como se vio en el norte”.

La convencional se refirió a cómo se abordará este problema en la Convención Constitucional y señaló que “el reconocimiento es un piso mínimo. Yo no siento que el reconocimiento constitucional en sí sea un objetivo que los pueblos originarios requieren. De qué sirve ser reconocido dentro de un país absolutamente desigual. Hoy el objetivo no es solo establecer un reconocimiento, sino que existe una verdad histórica de despojo, de silenciamiento, de subordinación y que también tiene que ver con un establecimiento de garantías de no repetición y reparación“.

En ese sentido, Manuela Royo sostuvo que “eso tiene que ver con la restitución de los territorios ancestrales y la transferencia de recursos para que a partir del derecho a la libre determinación y la autonomía de los pueblos, puedan decidir de forma colectiva cuáles son sus proyectos de desarrollo, cuáles son sus proyectos económicos y territoriales en países que están cerca de Latinoamérica”.

La abogada insistió que “no habrá un cambio sustantivo, aun cuando haya reconocimiento, si es que no hay un reordenamiento territorial, si es que no se le pone límites a la propiedad y si no se le pone límite a las empresas forestales y eso va de la mano con un límite a la función de la propiedad y respecto de expropiación que puede ser una vía, no solo con las empresas forestales, sino que con los ríos y las aguas. Hay que sacar esos monocultivos y recuperar el bosque nativo, lo que beneficiaría no solo al pueblo Mapuche, sino que a todos y todas los que vivimos en el mundo porque el modelo extractivista es insostenible”.