A la sede de Gobierno arribaron representantes de los partidos políticos presentes en el Congreso Nacional para la primera mesa de trabajo sobre el Acuerdo Nacional de Seguridad. Una iniciativa que fue convocada por la ministra del Interior para efectos de zanjar, antes que concluya el año, una agenda legislativa de rápida tramitación.

En la constitución de la mesa, la jefa de Gabinete presentó a las colectividades una metodología que contempla sesiones de trabajo para todos los lunes y jueves que restan del 2022, además del desarrollo de temáticas por grupos. Algo que, pese a que se relevó el ánimo de diálogo, provocó la molestia en la oposición, desde donde apremiaron al Ejecutivo a dar urgencia a proyectos de ley que están presentados en el Congreso. 

Fue el caso del secretario general de Renovación Nacional, Diego Shalper. “La verdad es que vemos una buena disposición, pero hemos sido muy enfáticos junto al senador Ossandón y el diputado Longton en decirle a la ministra que los plazos que está manejando esta agenda de trabajo son demasiado delgados y que la metodología, está bien, reuniones de muchas fuerzas políticas, pero al final del día acá lo que importa es cuáles son las iniciativas que pueden profundizarse en el Congreso y en eso el Gobierno podrá tener todas las reuniones pre legislativas que quiera, pero tiene que presentar discusión inmediata a los proyectos de ley que son  prioritarios”, sostuvo. 

Respecto a las medidas que promueve RN por la vía legislativa, el diputado apuntó a “poner discusión inmediata al estatuto de las policías, a la ley de inteligencia y a la defensoría de las víctimas; en materia administrativas, que despoje a Carabineros de la inmensa cantidad de tareas administrativas y eso lo puede hacer perfectamente sin necesidad del Congreso y lo tercero, es lo operativo, que disponga de presupuesto necesario para que Carabineros de Chile pueda implementar retenes móviles en los barrios prioritarios, para que la Policía de Investigaciones cuente con profesionales especializados para el seguimiento del crimen organizado”.

A eso añadió “que tengamos un plan específico para ir en apoyo de la protección, tanto de defensa personal como de salud, tanto de los operativos que están en funciones como los que están en retiro”. 

Pero esos no fueron los únicos requerimientos de la tienda de Chahuán. El senador Manuel José Ossandón consideró necesario que el número de representantes por partido en la mesa del Gobierno sea proporcional a la cantidad de escaños en el Congreso Nacional. “Este tipo de reuniones son exitosas cuando son proporcionales”, afirmó.

“Nosotros en el Senado cuando trabajamos en el comité, cada senador que está ahí representa cierto número de senadores para darle proporcionalidad, porque si queremos hacer una parrilla de proyectos para el Parlamento, eso tiene que tener un apoyo parlamentario y un voto de un partido que tiene dos o tres diputadas o un senador no es lo mismo que el que tiene 12 o 30 y tantos”, señaló, precisando que “no voy a poner condiciones para venir a ninguna reunión”. 

Sobre las demandas de la Democracia Cristiana, la diputada Joanna Pérez sostuvo que “tenemos urgencias en materia crimalística, de lo que tiene que ver con el terrorismo. Yo creo que esa es la principal urgencia que tenemos hoy día y es ahí donde también la ciudadanía tiene más miedo“.

Por lo demás, indicó que “más allá de las propuestas legislativas, también hemos hecho algunos acentos en que para implementar muchas cosas de urgencia se necesitan los recursos y eso es lo que queremos ver, esa disposición y tener una mirada integral, no solo desde Interior”.

Por otro lado, el senador Francisco Huenchumilla consideró “normal que los distintos senadores y diputados tengan sus proyectos de preferencia donde poner énfasis, pero a mí me parece que lo central es no solo pensar que solamente el derecho penal es la única arma para combatir la delincuencia”. 

“Es uno de los mecanismos, pero muy importante como eso es la prevención del delito, que los delitos no se cometan y para eso tenemos que tener una institucionalidad fuerte; significa policías modernas, reestructuradas, bien equipadas, con buena gestión, con buen control, servicios de inteligencia que se anticipen a los delitos”, añadió.

Y agregó: “una política social de justicia, de barrio, de ciudad, entonces es una cosa sistémica donde la prevención es muy importante. El derecho penal también, pero esa es una fase posterior”.

Por su parte, el senador socialista José Miguel Insulza consideró que “por lo general hubo una actitud bastante positiva, concentrarse además no solo en las normas generales sino que en hechos concretos, en proyectos específicos, así que vamos a seguir trabajando colectivamente a ver qué es lo que sale”. 

El diputado Raúl Leiva, también del PS, señaló que “trabajar una política de seguridad ciudadana que sea independiente de la coyuntura política es importante sin perjuicio de que distintos sectores hicieron sus planteamientos respecto a la urgencia que debía tener muchos de los proyectos de ley que están hoy día en tramitación, particularmente en el Senado y también le solicitamos a la ministra que muchos de esos u otros proyectos de ley tuvieran urgencia en la comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados”. 

En tanto, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, sostuvo que “esta es una primera reunión en que hay que bajar las expectativas. Fue más bien una reunión para ponernos de acuerdo en el método de trabajo, no tenemos acuerdos concretos, porque evidentemente acá hay que entrar a discutir y analizar el conjunto de las propuestas que han llegado”.

Asimismo, relevó que “el Gobierno tiene una serie de urgencias, en el Senado hay varios proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana que están con urgencia y lo que uno puede discutir es si hay que ponerle más urgencia, si hay que agregar indicaciones, pero en ningún caso vamos a paralizar la agenda legislativa, que tiene que seguir avanzando porque este es un acuerdo que yo creo debe tener medidas inmediatas, pero también medidas de corto y mediano plazo”.

En cuanto a las definiciones del PC, Núñez señaló que “hay un gran consenso, por ejemplo, de inteligencia. Tenemos capacidades muy disminuidas por lo tanto debemos tener una capacidad mayor y los grandes éxitos que han habido en el combate a la delincuencia, las bandas criminales, por ejemplo en el robo de madera, son fruto de la acción de inteligencia, así que nos parece que ahí hay mucho espacio para avanzar y estamos analizando bien los proyectos de ley que hoy día están en el Congreso y si nos están quedando cortos o en algunos de estos aspectos son insuficientes”.

A su vez, el timonel de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, replicó las críticas de la oposición, desde donde volvieron a acusar a Apruebo Dignidad de mantener complejos ideológicos a la hora de combatir la delincuencia.

“Esas son caricaturas, hemos dado muestras en estos ocho meses de trabajo que el Gobierno no tiene complejos en tomar decisiones difíciles, el oficialismo ha estado detrás apoyando, otra cosa es que la derecha pretenda que desde la izquierda le digamos que sí a todas sus propuestas, propuestas fracasadas como el típico populismo penal que ellos empujan cada cierto tiempo para subir en las encuestas, creen que son medidas efectivas y eso claramente, en los últimos años no ha sido efectivo”, indicó.

En esa línea, la diputada de Comunes, Emilia Schneider, señaló que “la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado no se combaten con populismo penal ni tampoco con declaraciones rimbombantes, se combaten con inteligencia, con  capacidad de recuperar el espacio público, con un uso inteligente y racional de la fuerza y por cierto atacando el flujo del dinero, así que espero que podamos discutir y esperamos como Comunes que podamos discutir de las raíces de los problemas y no solo de los síntomas”.

Dando cuenta de las propuestas del Partido de la Gente, el diputado Gaspar Rivas, apuntó a  “permitir que cada uno de  los chilenos mayores de edad puedan tener un arma debidamente y de manera legal inscrita en sus casas para su protección personal y le hemos hecho presente a la ministra que es un despropósito el intento del Gobierno que es el de desarmar a los ciudadanos honestos y trabajadores y no partir haciéndolo por los delincuentes”.

Y sumó a ello “dejar de entender al delincuente como una pobre víctima, quitarle los derechos y generar un sistema procesal penal que no sea garantista sino que sea protector de la víctima y castigador del delincuente”.

Reunión con la Achm

No solo a los partidos políticos convocó la ministra del Interior en la jornada de este lunes, sino además a la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm). Su presidenta, Carolina Leitao, destacó que la seguridad es la primera prioridad de los gobiernos locales.

“En nuestros barrios vivimos situaciones muy complejas donde la violencia se ha ido normalizando y donde tenemos situaciones que nuestros vecinos nos demandan con urgencia y por lo tanto, necesitamos ser parte de este acuerdo y poder plantear aquellos temas que para nosotros son prioritarios”, afirmó.

Y añadió que participarán en “los temas que se van a abordar en este acuerdo, que tienen  que ver con prevención, con el tema de la atención de víctimas, con el tema de la persecución del delito y por supuesto cómo podemos aportar en ese ámbito”.