En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), Natalia Caniguan, abordó el “Acuerdo por Chile”, documento que sellaron la noche de este lunes los partidos políticos con representación parlamentaria -a excepción de Republicanos- para efectos de abrir un segundo proceso de redacción de una nueva propuesta constitucional.

Un consenso de las colectividades que contempla la participación de un Comité Técnico de Admisibilidad, una Comisión Experta y un Consejo Constitucional, el que “será integrado por escaños indígenas supramayoritarios, asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección”, según definieron los partidos.

Lo anterior dista del “avance histórico” -como se aquilató el 2020- de los escaños reservados para pueblos originarios. Promulgada por el expresidente Sebastián Piñera, la Ley N° 21.298, reservó 17 cupos para representantes indígenas en la Convención Constitucional. “Es un reconocimiento a la dignidad, identidad, cultura y tradiciones de nuestros 10 pueblos indígenas”, afirmó en ese momento el mandatario.

Y así todo, la cantidad de escaños que se reservaron ese año fue menor a lo que demandan los propios pueblos, recuerda Caniguan, quien se manifestó crítica respecto a las definiciones alcanzadas por los partidos en esta oportunidad.

¿Cómo evalúa el que los escaños para pueblos originarios se generen según la votación que obtengan?

La verdad es que lo que se plantea es bastante ambiguo y deja bastantes dudas porque se plantea que va a ser relacional a la votación, pero entonces, tenemos que definir qué votación se va a contar, es la votación por región donde hay mayor cantidad de población indígena residente, cómo va a ser para desagregar los votos de las personas indígenas que voten en esas regiones y entonces, cómo vamos a definir quiénes son las personas indígenas que votaron en esas regiones: apellido, padrón que se utilizó en la Convención anterior, quienes tienen algún tipo de registro, o sea, quedan bastantes dudas respecto a cómo saber cuál va a ser la cifra finalmente de población que se va a considerar para establecer los escaños reservados, y a la vez qué implica eso, a cuánta cantidad de votación implica cuánta cantidad de escaños.

Creo que sin duda, todavía hay que seguir tratando de esperar que haya más noticias. No obstante ya el solo anuncio, bueno por una parte se agradece que no hayan quedado afuera los escaños, pero la verdad es que se ve también como una cortapisa a esa participación poniendo este tema de la votación como el elemento que de paso a la elección de los escaños.

¿Ve esto como una suerte de castigo a la representación indígena?

Yo creo que más que castigo responde a una lógica sumamente racista que tiene nuestro país. No olvidemos que en el proceso anterior si bien efectivamente se lograron los escaños reservados, también hubo mucha discusión, se disminuyó la cantidad que era propuesta desde los pueblos, o sea, siempre ha habido una excusa para ojalá disminuir la presencia de los pueblos originarios. No niego también que al inicio de estos acuerdos, la mayor parte de los conglomerados políticos también señalaron que iba a ser sin escaños reservados, entonces yo creo que es bastante estructural este racismo hacia los pueblos y finalmente hacia distribuir el poder y escuchar otras voces que no son las hegemónicas y que no son las que nos han tenido siempre bajo el dominio del país, por decirlo así.

¿Qué desafíos proyecta para los pueblos originarios en este segundo proceso, en términos de la concreción de derechos? Ello considerando las dificultades que tuvieron en la Convención Constitucional para ponerse de acuerdo. 

Yo creo que el principal desafío o la principal tarea que van a tener los pueblos indígenas es tener que hacer alianzas con los sectores que van a estar representados dentro del Consejo. Claramente no va a ser un órgano que dé cuenta de la diversidad que tenemos en el país, sino más bien van a ser las voces oficialistas. Ya se ha planteado que va a ser una réplica del actual Senado que tenemos, entonces, como tal, yo creo que los pueblos indígenas van a tener que hacer mucha alianza, mucha negociación con sectores que eventualmente sean más cercanos a las demandas de los pueblos, de manera de ir posicionándose.

Lamentablemente creo que esto va a significar una agenda de derechos mucho más reducida de la que había en el borrador que tuvimos para el 4 de septiembre y creo que va a ser el gran desafío el cómo posicionar ciertos temas que sean centrales y basales, como es el reconocimiento constitucional de manera de, por último, dejar la puerta abierta después a un nuevo proceso en que se pueda ir instalando la mayor consecución de derechos.

Entre las bases constitucionales que debe resguardar el órgano compuesto por juristas, se establece que los pueblos originarios son parte de la “nación chilena” ¿Cómo ve que eso esté predispuesto a la discusión constituyente?

En términos estrictos en el borrador anterior no se decía que los pueblos indígenas salían del Estado, creo que fue una de las grandes mentiras que se estableció en el proceso, especialmente en la campaña, hacia el referéndum. Siempre la plurinacionalidad ha implicado que los pueblos indígenas adquieran sus derechos y sus reconocimientos dentro del marco de un Estado/nación que en este caso es el Estado chileno e inclusive, en el borrador anterior también se señalaba que Chile seguía siendo unitario. Cuando hablamos de otros mecanismos de independencia tienen que ver con la secesión y otros procesos que nunca han estado en la agenda política de los pueblos indígenas en Chile, entonces creo que hay que limpiar eso.

Ahora creo que efectivamente estas bases ponen un piso de reconocimiento de los pueblos. Yo creo que va a ser muy genérico, eventualmente se podría alcanzar un multiculturalismo en la línea de las políticas públicas que ya tenemos, pero claro, quizás no vamos a poder tener el debate sobre derechos de corte político o territorial como pueden ser las autonomías y los autogobiernos, que yo creo que es a lo que más temor se le tiene en este país, a pesar de que insisto, ese tipo de derechos no implica nunca la separación del Estado chileno, que se sigue reconociendo y del cual se forma parte en tanto se está en el mismo territorio.

A su modo de ver ¿Valió la pena llegar a este acuerdo? O ¿tendría que haberse buscado otra fórmula que dé con un consenso más favorable para los pueblos originarios?

Creo que este acuerdo no es ni positivo para los pueblos originarios ni para la población en general. Yo creo que aquí tenemos lo que se rechazó en algún momento que es la idea de una Convención Mixta, que tuvo bastante bajo porcentaje. Creo que hubo un tema más desde los partidos políticos de querer lograr acuerdo por sentar una imagen de que ellos están trabajando. No obstante, creo que la ciudadanía quedó absolutamente fuera de este proceso y la verdad no sé si es lo mejor que pudo haber pasado, sinceramente, tengo mis cuestionamientos. Quizás si se debió negociar más, quizás si también faltó la presión de movimientos sociales para que este acuerdo no se diera dentro de cuatro paredes y anunciado en las noches como ya suele ser la tónica en este país.