Luego de reunirse con el Fiscal Nacional Ángel Valencia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió al paso de la sorpresa expresada desde distintos sectores por el aumento de la presencia del crimen organizado en el país, especialmente de los homicidios que según el último informe dado a conocer por Carabineros y la PDI superó el 75 por ciento en 2022.
“Lo que no entiendo es la sorpresa de las instituciones porque el propio Ministerio Público emite un informe de un observatorio respecto a narcotráfico. Y ese informe que fue publicado en 2020, 2021, venía advirtiendo a todas las instituciones del país que estábamos viviendo una amenaza progresiva, creciente de más organizaciones criminales, más complejas y más violentas”, recordó Monsalve.
Por eso precisó que “la sorpresa de las instituciones es algo que tienen que explicar. Pero las instituciones no se pueden sorprender, deberían haber tomado todas las medidas para evitar que esta situación se agravara”.
Además, puntualizó que “si usted me pregunta si hay organizaciones criminales de otros países que están incidiendo en Chile, yo le voy a contestar que sí justamente porque se han instalado en el negocio en el tráfico ilícito de migrantes y por eso la conversación con el Fiscal Nacional para perseguir ese delito es tan importante”.
Monsalve agregó que “la presencia de organizaciones criminales en la frontera chilena y por lo tanto su incidencia en el tipo de delito que está viviendo el país, tiene que ver con que la migración se ha transformado en un negocio para las organizaciones criminales de otros países que cobran por ingresar a los migrantes y que a muchos niños, niñas, adolescentes, mujeres, las capturan para la trata de personas transformándolas tal vez en uno de los negocios más rentables que tienen”.
La autoridad de Interior destacó la celeridad con que se está avanzando con algunos proyectos en el Parlamento precisamente para enfrentar este tipo de situaciones, entre ellas el del proyecto que moderniza el sistema de inteligencia nacional.
“Un país debe tener inteligencia para saber cuáles son las amenazas policiales y criminales que pueden afectar su seguridad interior. Sin buena inteligencia no se puede realizar y la Ley de Inteligencia que tiene Chile data de 2004. Ese año el tipo de amenaza criminal que tenía Chile era totalmente distinta a la que tiene hoy día”, sostuvo Monsalve.
Agenda legislativa: “La opinión del Ministerio Público es determinante”
Luego del encuentro con el Fiscal Nacional, Monsalve dio cuenta del trabajo conjunto que están impulsando para dotar al Ministerio Público de más recursos que permitan a las fiscalías regionales la persecución de los delitos que más preocupan a la población, entre ellos los homicidios.
“El Ministerio Público lleva adelanta la persecución penal y por lo tanto la posibilidad de detener a bandas criminales, organizaciones criminales o autores de delitos depende del trabajo del Ministerio Público y nuestra tarea como Gobierno, como Ministerio del Interior es ponernos de acuerdo y colaborar con el trabajo del Ministerio Público”, opinó.
Monsalve agregó que “vamos a trabajar para disponer recursos para que las fiscalías regionales, particularmente donde hay mayor presencia de homicidios, puedan disponer de mayores capacidades para investigar los homicidios, pero también para investigar y desarticular bandas y organizaciones criminales que son las que llevan las armas y los homicidios al territorio”.
A ello se sumó la petición que realizó al Fiscal Nacional para designar a un fiscal por región para que se avoque a la investigación de los delitos que se cometen desde los recintos penales.
Además, se analizaron los proyectos que tipifican los delitos de amenazas a autoridades, entre ellas fiscales que investigan crímenes vinculados al narcotráfico, la extorsión y el secuestro, además de destacar el ingreso de los proyectos de ley sobre inteligencia y ciberseguridad.
“Tenemos una agenda legislativa como Gobierno donde la opinión del Ministerio Público es determinante”, subrayó el subsecretario del Interior.
Mientras, el Fiscal Nacional destacó que solicitaron al Gobierno la posibilidad de ampliar en el marco del proyecto que persigue el delito de sicariato a las actividades de conspiración para atentar contra autoridades, incluyendo jueces y fiscales.
“Nos parece que esa norma puede mejorarse. Hay debilidades en el sistema jurídico chileno para la investigación de conspiraciones y le hemos solicitado que se extienda especialmente de manera expresa a la investigación de autoridades”, precisó Valencia.
