Organizaciones de la sociedad civil y familias migrantes denunciaron ante el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) la violación a los derechos humanos que sufrieron niños, niñas y adolescentes de origen haitiano el 14 de marzo último cuando se les impidió ingresar al país. 

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, la Fundación CIJYS y la organización Comunidad Haitiana en Chile, agrupaciones migrantes y de derechos humanos entregaron una carta dirigida al director nacional del SERMIG, Luis Eduardo Thayer, para expresar su profunda indignación por la denegación del derecho a la reunificación familiar de parte de las autoridades chilenas. 

Al menos a 20 niños, niñas y adolescentes de origen haitiano que contaban con visas de reunificación familiar otorgadas por el Estado de Chile, se les impidió el ingreso al país cuando llegaron al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez debido a que el plazo de 90 días que se les exige para hacer el ingreso había caducado, por lo que la Policía de Investigaciones obligó a los menores a regresar a su país de procedencia. 

La denuncia se basa en que el rechazo del ingreso de los menores, fue “debido a un vicio normativo, regulatorio y administrativo”. La carta entregada señala que se establece un plazo perentorio, es decir único, para poder “hacer uso de una visa que se otorga en razón de una condición que es permanente de estas personas y que ha sido acreditada en el proceso de tramitación de la visa”.

El vocero de Comunidad Haitiana en Chile, David Antoine, sostuvo que el objetivo de la misiva es hacer una apelación frente a una situación que “no es novedad y que ocurre desde hace mucho tiempo”. El dirigente reconoció la crisis migratoria que vive el país actualmente, así como también la que vive Haití, por lo que señaló que la población migrante no solo apela a la empatía y a la solidaridad del estado chileno sino que las organizaciones civiles también solicitan un encuentro con las autoridades para abordar el conflicto. 

“Estamos reclamando porque la situación con los niños pudo haber sido un proceso diferente. Solicitamos una audiencia para expresarnos y hablar personalmente, cara a cara, porque creemos que hay cosas que se hablan de ojos a ojos para llegar a un acuerdo”, declaró. 

Además, destacó que “nuestra apelación no es solo por aquellos niños, sino por los demás que van a venir, porque estos casos van a seguir repitiéndose por la situación socio-política que vive mi país”. 

Es importante recordar que hace más de dos años no existen vuelos comerciales que de forma frecuente y con fechas programadas permitan viajar entre Haití y Chile. “Muchas agencias han tomado la iniciativa de hacer vuelos ‘chárter’, es decir, vuelos que solo despegan una vez que se venden suficientes pasajes. Esto obliga a las personas que desean salir del país a esperar hasta que el vuelo esté lleno, y en consecuencia no cuentan con una fecha cierta de despegue. Realizar un viaje puede tomar meses de espera”, dicen en la misiva.

En ese sentido, la organizaciones denuncian el criterio de actuación de los funcionarios de la PDI, puesto que “no tuvieron en cuenta que se trataba de menores de edad que viajaban solos, que no contaban con el apoyo adecuado y tampoco con recursos o conocimientos apropiados para hacer valer el ejercicio cabal de sus derechos”. 

La integrante de Kilombo Negrocéntricas, Paola Palacios, lamentó que este no haya sido el primer caso y también apuntó a que seguramente no sería el último. Por tanto, denunció la violación a los derechos humanos de NNA y destacó que ante hechos como estos se pasa por encima de los tratados internacionales relacionados con la niñez. 

“Tenemos este lema de que los niños primero, pero ¿cuáles niños? ¿Cuáles son los que importan? Cuando los niños son negros o extranjeros no le importan a nadie. Entonces, ese es el hecho que venimos a condenar”, enfatizó. 

En la misma linea, Palacios indicó que las agrupaciones migrantes seguirán movilizándose para visibilizar la situación “hasta que haya una solución, porque las decisiones administrativas tienen que tener criterios claro y humanitarios”. 

Otro factor que agravó el conflicto el 14 de marzo es que los padres de los menores no fueron informados de lo ocurrido. “Muchos de ellos manifestaron que al preguntar por qué sus hijos no ingresaban al país, no tuvieron respuestas concretas, por lo que no llamaron a un abogado a tiempo”, expusieron las organizaciones en la misiva. 

Así, junto con solicitar la reunión con el director del Servicio Nacional de Migraciones, las familias y agrupaciones pidieron que, de forma general, se elimine de las visas de reunificación familiar el plazo de 90 días para ingresar a Chile. Y que en este caso en particular, el Estado chileno se haga responsable del retorno de estos niños para que puedan reunirse con sus familiares.