El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta, afirmó que el expresidente de la República, Sebastián Piñera, se expone a graves penas que podrían llegar a penas de cárcel a raíz de los graves atropellos contra los derechos fundamentales cometidas durante el estallido social.

Piñera ha prestado declaración este martes y miércoles en calidad de imputado ante la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, quien investiga las violaciones a los derechos humanos en el marco de las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019 y la responsabilidad de las autoridades civiles y de Carabineros.

En la misma investigación, la fiscal también investiga al exministro del Interior y primo de Piñera, Andrés Chadwick, su sucesor Gonzalo Blumel y los subsecretarios de esa cartera Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli.

Margotta valoró la decisión de la fiscal Ximena Chong de citar a declarar al expresidente y otras autoridades políticas y policiales y señaló que esperan que “el resultado de dicha diligencia contribuya a hacer avanzar la investigación, esclareciendo plenamente los hechos, determinando las responsabilidades penales consecuentes, evitando así la impunidad de tan graves ilícitos”.

Agregó que  la “CCHDH interpuso 45 querellas por crímenes contra la humanidad contra el expresidente de la República Sebastián Piñera y demás autoridades políticas y policiales que ejercieron su cargo durante dicho periodo y estamos convencidos que a todos les asiste la responsabilidad en calidad de autores de crímenes contra la humanidad cometidos durante dicho periodo toda vez que se cumplen los supuestos exigidos por el Artículo 35 de la ley 20.357 que tipifica y sanciona los crímenes contra la humanidad”.

Margotta precisó que en el caso de Piñera, “en su condición de máxima autoridad civil del país tenía el deber de impedir la ocurrencia de los graves hechos de los cuales tomó conocimiento y sin embargo no ejerció sus facultades ni adoptó las medidas pertinentes para parar la represión policial que además, le fuera recomendado como medida urgente por parte de organismos internacionales que visitaron Chile y elaboraron sendos informes sobre la situación de violación a los derechos humanos que estaban ocurriendo en nuestro país”.

En consecuencia, indicó, “el expresidente de la República se expone a graves penas constitutivas de pena de presidio atendida la gravedad y la naturaleza de los crímenes contra la humanidad”.

Reacciones en el Congreso

Las diligencias de la fiscal Chong generaron distintas reacciones entre los parlamentarios de distintos sectores. El diputado RN Frank Sauerbaum, afirmó que espera que la “fiscal no se preste para esta investigación absolutamente parcial y que vea el tema de fondo”.

Por su parte, el senador UDI Iván Moreira, fue más allá y pidió el cambio de la fiscal de la investigación “porque no da garantías. Qué seguridad tenemos. Es cosa de ver sus twitter, es cosa de ver su comportamiento”.

En tanto, la diputada (PC) Lorena Pizarro, afirmó que “por primera vez se está indagando violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que finalmente se cita a quien en su momento era la autoridad máxima en el país”.

“Cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos hablamos de crímenes de Estado y cuando hablamos de crímenes de Estado hablamos que las autoridades traspasan su función y agreden a la población civil que se encuentra absolutamente indefensa”, señaló la parlamentaria.

Agregó que “lo ocurrido en la revuelta popular no es un hecho al azar. Hay muchas víctimas que son el reflejo y el testimonio vivo y lamentablemente algunos fallecidos, asesinados, de que en Chile se violaron sistemáticamente los derechos humanos”.

Pizarro afirmó que, así como lo ha señalado la derecha y el propio Piñera, “que los tribunales hagan su trabajo. Bueno, dejemos que la fiscal haga su trabajo. Saludo esta decisión de interrogarle por su eventual responsabilidad en estos crímenes y la decisión de citar también a ministros del interior de la época”.

“Me parece que esta es una lección para lo que no ocurrió en la dictadura cívico militar y los crímenes después del año 1990. Cuando se hace la justicia de manera oportuna, se puede impartir justicia. Cuando esta no lo es, lo que queda como resultado, no sólo no hay justicia, sino la repetición de esos crímenes”, afirmó Pizarro.

En esa línea también se pronunció el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quien indicó que “nosotros lo dijimos, como fuerza política, en el contexto del estallido social y posterior al mismo, que íbamos a perseguir las responsabilidades penales y políticas, por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos”.

Expresó que “en una sociedad democrática ninguna persona puede estar por sobre la ley y es una buena señal que vayan a declarar en investigaciones que están en curso”.

“Será la Justicia la que determine las responsabilidades penales, políticas y civiles por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos. Acá no puede haber impunidad, tiene que perseguirse toda la verdad, toda la justicia y también reparación a las víctimas, para que exista de verdad un nunca más y garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país”, acotó Latorre.

El parlamentario frenteamplista recalcó que “hay cerca de 10 mil querellas presentadas, muchas por apremios ilegítimo, por torturas, las víctimas de trauma ocular y la pregunta es, cuál es la responsabilidad del alto mando y por eso se ha llamado a declarar al general Yáñez y también las responsabilidades políticas del Presidente de la República y de sus ministros que tomaron decisiones en ese contexto tan complejo que vivió nuestro país y que tal vez no fueron capaces de prevenir o detener las graves y masivas violaciones a los derechos humanos”.