Este jueves, el Gobierno presentó el proyecto de ley de inteligencia financiera, una iniciativa que propone la generación de una red interinstitucional para la persecución del delito económico, que está incluida en la agenda legislativa en materia de seguridad que lleva el Ejecutivo y que busca desbaratar al crimen organizado.
Según adelantó este lunes la Ministra de la SEGEGOB, Camila Vallejo, la moción tendrá como finalidad establecer “la ruta del dinero”, fijando que “en los distintos servicios de Hacienda se creen unidades de inteligencia financiera y que logren, bajo procedimientos investigativos, incluso levantar el secreto bancario y ver los movimientos que tienen en los bancos los criminales”.
En la instancia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dio cuenta de los cinco ejes estratégicos que contempla la moción. “El primero de ellos se refiere a fortalecer nuestras instituciones (…) ciertamente las policías es la primera que nos viene a la mente, pero dentro de esas instituciones hay otras más, por ejemplo, la Fiscalía, pero también otros organismos que cumplen distintas funciones, pero contribuyen a la seguridad, como Gendarmería, por ejemplo Aduanas, ciertamente y eso tiene mucho que ver con el proyecto de hoy, Impuestos Internos y ciertamente también es muy relevante el rol que pueden cumplir organismos subnacionales: gobiernos regionales, gobiernos municipales”.
Como segundo eje, Tohá apuntó a “combatir el crimen organizado y controlar las armas porque en Chile hay fenómenos nuevos ligados a la irrupción de armas de fuego”.
“Controlar el dinero es también controlar la corrupción, también es controlar la manera en que este tipo de bandas por el gran poder económico que tienen logran meterse en las redes de las decisiones corrompiéndolas y de esa manera bajando la capacidad de reacción del Estado”.
Asimismo, señaló que “el tercer factor tiene que ver con tener estrategias territoriales para enfrentar el delito, como las que tenemos en la Macrozona Sur, en la Macrozona Norte, la que tenemos ahora con Calles sin Violencia y aquí es muy importante también como por ejemplo, ha pasado en la Macrozona Sur, que la mayor efectividad que hemos tenido en desbaratar la violencia acá, ha sido con la ley de robo de madera, de nuevo una legislación que tiene que ver con perseguir el dinero”.
Como cuarto eje, la titular de Interior indicó que apunta a la prevención del delito. “El solo hecho de que se sepa que hay ojos mirando, que hay capacidad de levantar información, cambia la conducta, tiene un efecto disuasivo”, afirmó.
Como último elemento de la política, relevó la necesidad de establecer acuerdos de Estado en materia de seguridad. “Seguir en este pantano en que todo son peleas, todo es conflicto, en que no se avanza y acuerdos de Estado son acuerdos políticos transversales, acuerdos de los poderes públicos”.
Precisando algunos aspectos de la iniciativa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “el proyecto tiene tres grandes componentes: el primero se refiere a fortalecer el ecosistema de inteligencia económica, particularmente creando unidades de inteligencia y de coordinación en materia de crimen organizado en el Ministerio de Hacienda”:
“Actualmente los servicios relacionados con el Ministerio de Hacienda tienen información relevante para detener y prevenir conductas vinculadas con el crimen organizado, como es el caso de la información tributaria, financiera, de importaciones y exportaciones entre otras, pero muchas veces las instituciones no tienen los sistemas ni la capacidad humana y técnica para procesar analiticamente la información que disponen”, comentó.
Bajo esa consideración, señaló que el proyecto “propone la creación de unidades de inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos y regular su coordinación con la unidad de análisis financiero y el sistema de inteligencia del Estado, dialogando con lo que establece el proyecto sobre inteligencia que está actualmente en discusión”.
“La actividad de estas unidades va a dar lugar a reportes reservados que se remitirán al director del servicio correspondiente y de ahí a la agencia nacional de inteligencia y/o a la unidad de análisis financiero si se trata de actividades sospechosas propias de las que fiscaliza la unidad de análisis financiero”, añadió.