El próximo miércoles 17 de mayo, se cumple un año desde que el Gobierno  emitió el decreto presidencial que habilitó el Estado de excepción constitucional en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Bío Bío. Momento en el que actores académicos, sociales y políticos mapuche hacen un análisis sobre los efectos que ha tenido esta medida y cómo se ha normalizado en la ciudadanía.

La coincidencia, con matices, es que el actual gobierno ha terminado repitiendo la lógica de seguridad y militarización que el Estado ha implementado por tres décadas en la zona, desvinculándola del origen político y estructural del problema, cuyo centro es la posesión de las tierras. Es por ello que instaron a dar pasos concretos para que la excepción deje de ser la nueva normalidad.

La académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, afirmó que la prórroga número 23 del estado de excepción constitucional, da cuenta de un problema estructural, que en esta oportunidad se manifiesta con la determinación del Ejército de declarar en alerta roja a la zona debido a los últimos hechos de violencia.

La académica afirmó que esta situación hace pensar que cuando se vincula el problema de La Araucanía a una agenda de seguridad “es mucho más complejo que hablar solamente de demandas o reivindicaciones de pueblos indígenas, pero hay otros elementos que se han ido mezclando, como la existencia mafias vinculadas al robo de madera o de  narcotraficantes, donde un estado de excepción no significa que el Estado se hace cargo de las problemáticas”.

Figueroa afirmó que esta situación dejó muchos temas inconclusos relacionados con “el Plan Buen Vivir que se había prometido y la instalación de una mesa de diálogo, de paz social, que tampoco ha avanzado. Uno siente que la agenda sobre los pueblos indígenas no ha avanzado con la fuerza necesaria y cuando se mezcla con la seguridad, adquiere otras dimensiones”.

Asimismo, indicó que en términos globales las cifras de violencia han disminuido, “pero esto requiere que haya una política mucho más estructural donde la relación con las reivindicaciones territoriales, también sean atendidas”.

La académica reconoció que la postergación de esas demandas ha ido derivando en una sola dirección y que “si uno pensara esto en términos sistémicos, nos damos cuenta que se ha avanzado por los estados de excepción, por tener mayor contingente de FFAA, por más vehículos blindados y helicópteros, pero no necesariamente  por una agenda más de fondo. Si bien se sabe que el plan Buen Vivir ha ido generando ciertos acercamientos y diálogo, no se ha visto con la fuerza o impacto necesario en los espacios públicos o de conocimiento de la ciudadanía”.

Por otro lado, Figueroa indicó que en el escenario del nuevo proceso constitucional en manos de la ultraderecha, sin duda que “hay un llamado de atención y de alerta para los pueblos indígenas, pero también para otros grupos que hemos sido históricamente excluidos, como las mujeres y los derechos conquistados por las minorías y hoy día podrían correr peligro”.

Medida ineficaz

Por su parte, la antropóloga e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), Natalia Caniguan,  afirmó que el estado de excepción “se ha extendido demasiado” y que el resurgimiento de algunos hechos de violencia, “habla de que esta medida pasa a ser un continuo, una generalización que pierde su efectividad porque, como lo indica su nombre, es de excepción y no debería ser permanente en el tiempo”.

La experta en temas indígenas afirmó que lo que ocurre es que solo se reafirma “la agenda de seguridad para hacer frente a la relación del Estado con el pueblo mapuche y somos observadores de que la agenda de corte más político o social, se ha relegado a un segundo plano”.

“El estado de excepción no está siendo efectivo para lo que se dictó inicialmente o para las situaciones que se van viviendo en la macrozona sur”, precisó Caniguan.

Al mismo tiempo, indicó que es una medida que es “ineficaz en el tiempo, porque la agenda de seguridad no puede estar sola. Tiene que ir acompañada de una agenda de corte político, porque de lo contrario, no vamos a disminuir los niveles de violencia, ni a resolver demandas históricas”.

 En ese sentido, la antropóloga expresó que en lo que se ha “errado es en el anuncio de la creación de una comisión que iba a asumir el tema de la restitución territorial y las demandas políticas. Lo anuncia el Presidente Boric cuando viene a la región, el año pasado, no obstante no hemos tenido avances”.

Agregó que se sabe que hay reuniones, se fijaron fechas, pero hasta el momento “no tenemos estructuras, no sabemos quiénes van a ser los comisionados y sinceramente, la lectura o la sensación que queda es que se relega esta agenda porque al parecer no hay convicción o algo ocurre que no se lleva a cabo”.

Por otro lado, ante la visita que realizará el lunes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve  a la Región de la Araucanía para evaluar con el nuevo jefe de la defensa en la zona, los  últimos hechos de violencia,  Caniguan afirmó que no hay muchas expectativas “porque va a seguir reafirmando el foco en seguridad. Podría ser interesante si esa visita está acompañada por la persona que esté encargada de  la Comisión de restitución de tierras, para que se intente dar la mirada de que el tema no se va a resolver solo por la vía de la seguridad”.

“Bajo este panorama de incrementar medidas de excepción y promover la militarización y crear sitios militares en los territorios, solo va a polarizar más el clima porque no estamos teniendo diálogo y se ha dicho: No se puede dialogar con las FFAA sobre la mesa”, puntualizó la analista.

Estrategia repetida 

Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, expresó en entrevista a nuestro medio que el presidente Gabriel Boric ha repetido la estrategia de sus antecesores, que han tratado de “resolver este conflicto fundamentalmente mediante el uso de la fuerza, sin entender que esto es un problema de naturaleza política”.

 Si bien destacó la existencia del Plan Buen Vivir, por otro lado indicó que “estamos a la espera de una comisión de tierras que ya no vaya a hacer un diagnóstico, ni a negociar, sino que vaya a dar un camino de salida. Esta última medida está pendiente y se supone que el Presidente la daría a conocer ahora a fines de mayo”.