No cayeron bien en el Gobierno las afirmaciones realizadas por el expresidente Sebastián Piñera en una entrevista con La Tercera, donde calificó como “corrupción o estupidez” lo que ocurre con el denominado caso Convenios. En la oportunidad, el exmandatario aprovechó de exigir que se den a conocer todos los antecedentes involucrados en este caso.

Al respecto, fue el ministro secretario general de la Presidencial, Álvaro Elizalde, quien rechazó las críticas del exjefe de Estado, al cuestionar el por qué se mantuvo este modelo de gestión de los recursos durante su administración.

Lo anterior porque “hay investigaciones que corresponden a años anteriores”, subrayó Elizalde, ya que la entrega de fondos públicos a entidades privadas comenzó precisamente bajo el segundo mandato de Piñera, específicamente en 2019. Por eso preguntó “¿por qué permitió que esto aconteciera en su gobierno?”.

En conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, Elizalde explicó que en 2011, “el presidente Sebastián Piñera estableció la posibilidad de que estos fondos fueran traspasados a los municipios producto de que había lentitud en la rendición, eso impedía que se siguieran entregando recursos”.

Además, sostuvo que “en 2015 se permitió que se hiciera esta transferencia a corporaciones y fundaciones, instituciones privadas y sin fines de lucro y posteriormente en 2019 se inicia el primer traspaso como una forma de que el Estado llegara de una forma más adecuada”.

El titular de la Segpres agregó eso sí que “hay una diferencia entre transferir recursos a instituciones públicas y hacerlo a privadas y por tanto, la legislación no quedó debidamente actualizada”.

Para Elizalde, “la normativa que ha permitido esta brecha de vulnerabilidad es la que tenemos que modificar. Lo digo a propósito de la incoherencia cronológica sobre la cual se basó la crítica a la directora de Presupuesto. Los casos, la mayoría son del año 2022 y 2021. La Ley de Presupuesto que se aplicó el año 2022 es la ley de 2022 que se aprobó en 2021, cuando había otro gobierno y otra directora de Presupuesto”, puntualizó en referencia a las críticas de la oposición a Javiera Martínez, la actual jefa de la Dipres.

“Es evidente aquí que la institucionalidad y la normativa permitió que hubiera un nivel de discrecionalidad excesivo para estos hechos que generan legítima indignación y por eso dije que lo que teníamos que establecer es el principio de concursabilidad en el caso de las transferencias que se otorgan a privados”, afirmó.

En ese sentido, Elizalde comentó que “en la Ley de Presupuesto de este año se completó las capacidades institucionales de los gobiernos regionales para que pudieran realizar directamente algunas tareas y no la estén delegando a privados”.

Para Elizalde, lo importante “es que si vamos a enfrentar la corrupción, enfrentémosla todos, independiente de su militancia. ¿O vamos a transformar esto en un tema de reyerta política que nos impide ver el fenómeno en su conjunto respecto de cómo se fue generando esta institucionalidad a todas luces insuficiente?”.

Respecto a las críticas contra la directora de la Dipres, el ministro de la Presidencia concordó con su par de Hacienda, Mario Marcel, respecto a su calidad profesional.

“Realiza un trabajo serio, profesional y ejemplar. Por eso considero muy injusta la incoherencia cronológica de la que ha sido víctima cuando se le imputa responsabilidad respecto a hechos que acontecieron bajo una Ley de Presupuesto que fue discutida en el gobierno anterior”, indicó Elizalde.