Siguen las tensiones en medio de la votación de las enmiendas al anteproyecto en las cuatro comisiones del Consejo Constitucional, las que deben ser despachadas al Pleno a más tardar mañana miércoles.
Y es que las preocupaciones de parte de actores políticos e institucionales se han centrado especialmente en las modificaciones propuestas por la derecha, especialmente del Partido Republicano.
Entre las indicaciones aprobadas la jornada de ayer destacan, por ejemplo, la expulsión “en el menor tiempo posible” de los migrantes que ingresen al país de manera irregular y la objeción de conciencia individual e institucional, en la comisión de Principios; la posibilidad de que autoridades acusadas constitucionalmente puedan optar a cargos de elección popular, en la comisión de Sistema Político; la creación de un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, en la comisión de Función Jurisdiccional; y la posibilidad de que bienes nacionales de uso público puedan ser susceptibles de concesión, en la comisión de Derechos.
En concreto, un grupo nueve centros de estudios concurrieron hasta el Consejo para entregar una carta al vicepresidente del organismo, Aldo Valle, en la que detallaron once puntos que, a su juicio, consideraron como riesgos de “retroceso constitucional y democrático”. Estos son:
1.- Un grave retroceso en materia de derechos humanos: Relacionado con la enmienda que planteaba dejar en un rango infraconstitucional los tratados de derechos humanos (que posteriormente fue retirado por republicanos, misma colectividad que la propuso).
2.- La constitucionalización de las isapres y de las AFP: Referida a enmiendas que explicitan la consagración de la libertad de elección respecto al destino de las cotizaciones, en el caso de las isapres, y la libertad para elegir el destino, propiedad y heredabilidad de la cotización, en el caso de las Administradoras de Fondos de pensiones.
3.- El debilitamiento deliberado de la educación pública: Referida a enmiendas que apuntan a constitucionalizar la política del váucher educacional y que el interés superior del niño queda enteramente supeditado a la decisión de los padres; además de dejar a la calidad como criterio preferente de asignación de recursos.
4.- Una severa limitación de la soberanía popular: Junto con cuestionar la eliminación de los foros deliberativos ciudadanos y el aumento de los quórums para la aprobación de leyes, apuntan a una enmienda que propone el restablecimiento del control preventivo del Tribunal Constitucional.
5.- La autonomización de las FF.AA y Policías: Relativo a la enmienda que propone la incorporación de un capítulo aparte para dichas instituciones.
6.- Un grave menoscabo a los derechos de las mujeres: Relativa a enmiendas que ponen en riesgo la continuidad de la ley de interrupción del embarazo en tres causales y que elimina el mandato dirigido al legislador para asegurar el acceso igualitario de mujeres y hombres tanto a los mandatos electorales como a los cargos electivos.
7.- Debilitamiento de la protección del medioambiente: Referida a enmiendas que apuntarían al debilitamiento del papel del Estado y las personas en la protección del medio ambiente.
8.- La privatización del agua: Referido a enmiendas que sustituye el derecho humano al agua por meramente su acceso y que propone derechos de propiedad (disponer) sobre las aguas.
9.- La precarización del trabajo y la libertad sindical: Relativo a enmiendas que eliminarían el derecho al trabajo decente y la limitación de la huelga a la negociación colectiva.
10.- El establecimiento de una constitución pétrea: Relativa a la enmienda que propon aumentar el quorum de reforma constitucional de 4/7 a 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio.
11.- Impunidad a crímenes de lesa humanidad: Referido a la enmienda que plantea la posibilidad de que reos mayores de 75 años puedan cumplir su condena en sus domicilios (que posteriormente también fue retirada).
En la instancia, la presidenta de Nodo XXI, Camila Miranda, expresó que “el proceso constitucional supuso la oportunidad de poner sobre la mesa cuáles son las necesidades de Chile y, en ese sentido, tenemos que mirar el proceso constitucional desde esa perspectiva. Hoy día no solamente queremos poner el ojo en los cambios que necesitamos, por ejemplo, en la discusión de la salud, en la discusión previsional, sino también lamentamos poner el foco en aquellas medidas que son una regresión no solamente de las últimas décadas, sino de un ciclo mucho más largo que hemos experimentado como chilenas y chilenos”.
“Hacemos un llamado a los republicanos, pero también a Chile Vamos, a plantearse la pregunta de: ¿Cuál es el objetivo de que tengamos el desafío de hacer un ajuste constitucional? ¿Para qué? (…) Es lamentable que estemos discutiendo de aquellas materias que nos hacen retroceder como sociedad (y no) de aquellas materias que nos permiten avanzar conjuntamente en habilitar espacios de decisión, de poder abrir futuro y herramientas para que no tengamos problemas medioambientales, para que podamos resolver los problemas de salud “, emplazó Miranda.
