Con el inicio de una etapa clave para el proceso constitucional se espera que esta semana el Pleno del Consejo termine de despachar los capítulos de la propuesta de la nueva constitución. Trabajo que no ha estado exento de dificultades para llegar a acuerdos respecto de los contenidos en el texto y que ha motivado intensas negociaciones por parte de los partidos políticos para evitar un nuevo fracaso en diciembre.

Y es que tanto el oficialismo como en la oposición se han establecido “líneas rojas” que complejizan los diálogos, encontrándose los mayores nudos en lo que respecta a materias de paridad, conciencia institucional, Estado social y democrático de derecho y libertad de elección en salud y pensiones.

En esta oportunidad, consejeros se pronunciaron sobre los Capítulos IX de Ministerio Público y X de Justicia Electoral y Servicio Electoral.

En particular, destacó la aprobación por 48 votos a favor y dos en contra (de los consejeros comunistas Karen Araya y Fernando Viveros) el artículo 176, que crea una Fiscalía Supraterritorial, la cual apunta, por ejemplo, al seguimiento de causas sobre crimen organizado. Recordemos que esta entidad levantó reparos en la izquierda durante la discusión en comisiones por, según el sector, priorizar unas víctimas sobre otras, acusando la existencia de “víctimas VIP”.

Según señala la norma: “Existirá una Fiscalía Supraterritorial, con competencia a nivel nacional, al cual le corresponderá el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en los delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad. La organización de la Fiscalía Supraterritorial y los delitos que esta persiga serán determinados por el Fiscal Nacional, de acuerdo a la ley institucional, habiendo oído previamente al Consejo de Coordinación Interinstitucional”.

Asimismo, plantea que el órgano será liderado por un fiscal supraterritorial, quien durará ocho años en el cargo y que  “en el ejercicio de sus atribuciones, la Fiscalía Supraterritorial deberá actuar de manera coordinada con las Fiscalías Regionales. Las contiendas de competencias que se susciten entre entre estas últimas y la Fiscalía Supraterritorial serán resueltas por el Fiscal Nacional”.

También se visó el artículo 180, que apunta a la creación de un Consejo de Coordinación Interinstitucional, que estará presidido por el fiscal nacional y cuya función “será colaborar con el Ministerio Público en la coordinación de las actuaciones de los órganos que intervienen en la investigación de los hechos constitutivos de delito”.

La consejera de Convergencia Social e integrante de la comisión de Función Jurisdiccional, María Pardo, manifestó su apoyo a esta última normativa, pese a sus reparos iniciales. “La seguridad es una preocupación de toda la ciudadanía hoy día, es una preocupación transversal que no tiene color político de izquierda o de derecha y, por lo mismo, es tan importante el rol que toma el Ministerio Público a este respecto”, añadió.

En una evaluación contraria, el consejero del PC, Fernando Viveros, manifestó sus reparos, debido a un eventual riesgo en la autonomía del Ministerio Público. “Si se incluye un Consejo Coordinador tiene como defecto en la práctica que el Ejecutivo se involucre en la dirección de la política criminal que lleva el fiscal nacional, afectando su autonomía y, al mismo tiempo, diluyendo la responsabilidad. Cuando el Consejo Coordinador, integrado por miembros del Ejecutivo se involucra en la persecución penal, se asume como riesgo que el poder político se involucre, por ejemplo, en la política criminal contra la corrupción, lo cual es complejo”.

Por su parte, el consejero UDI, Carlos Recondo, expresó su conformidad por “seguir contribuyendo a construir la constitución de la seguridad. No podemos enfrentar al crimen del siglo XXI con instituciones del siglo XX. Hoy tenemos delitos más complejos, con métodos nuevos y es importante que la institucionalidad dé un paso adelante en su persecución”.

José Antonio Kast y optimismo por un eventual triunfo del “A Favor”

Tras la sesión, consejeros de la oposición se refirieron a los dichos del ex abanderado presidencial, José Antonio Kast, quien, en el marco de un seminario del Grupo Security, dijo tener la seguridad de “dar vuelta en dos meses” el escenario complejo que enfrenta el Consejo Constituyente, pese a los resultados de las últimas encuestas que reportan una fuerte tendencia ciudadana a rechazar el texto a plebiscitar el próximo 17 de diciembre.

El consejero de Renovación Nacional, Germán Becker, dijo esperar que las cifras de los sondeos mejoren y “que el A Favor pase adelante”. “Yo creo que la mayoría de los que estamos en este Consejo estamos en esa, por algo estamos haciendo esta constitución, que es muy ciudadana y que le va a ser mucho sentido a la gente cuando escuche de qué se trata y cuando la lea”, aseveró, enfatizando, además, en el rol que pueden jugar fuerzas del centro político, tales como Amarillos o Demócratas, en la promoción de la propuesta constitucional.

Mientras el consejero del Partido Republicano, Luis Silva, afirmó compartir las declaraciones del también fundador de la colectividad y tener la esperanza de que el proceso va a empatizar con la ciudadanía.

“Yo creo que se va a dar vuelta, pero no porque hagamos algo en particular, sino porque el curso natural de este proceso va a llevar que las personas dejen de fijar su atención en el cómo y se centren en el qué (…) Cuando vean los contenidos que tienen que ver con la seguridad, con la libertad, con el fortalecimiento de las familias, con la estabilidad del sistema político, van a decir esta es una constitución que vale la pena aprobar”, comentó.