Mal cayó la carta de la UDI donde anuncian al Gobierno que impulsarán un presupuesto de un peso para la Presidencia de la República luego que el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, se excusara de asistir a la comisión que investiga el traspaso de recursos públicos a fundaciones y que luego fueron cuestionadas, como por ejemplo con Democracia Viva, que era integrada por militantes de Revolución Democrática.
La idea fue criticada desde el oficialismo desde donde plantearon que esto va en una dirección opuesta a lo que reclama la ciudadanía que es resolver a través del presupuesto las necesidades que tiene el país.
Jaime Naranjo, diputado integrante de la Comisión de Hacienda de la cámara, planteó que los legisladores de oposición deben poner fin a la “campaña de hostigamiento en relación a la discusión del presupuesto 2024”.
El parlamentario socialista señaló que desde Chile Vamos y Republicanos “en algunos casos, colocan la figura de la directora de la Dipres, ahora están colocando el problema del señor Crispi. Creo que confundir el presupuesto con las irregularidades de los convenios, me parece un tremendo error”.
En ese sentido dijo que “el interés superior del país nos exige que nos avoquemos a ver el presupuesto con seriedad y responsabilidad y que a través de él busquemos resolver los problemas que tienen los chilenos y que el Estado pueda usar bien y adecuadamente y eficientemente esos recursos”.
Mientras, el diputado y jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, recalcó que “la UDI, el partido de Reginato y Cathy Barriga en una actitud matonesca pretende boicotear al Gobierno y enlodar la discusión de la ley de presupuestos que sólo busca mejorar la calidad de vida de los chilenos”.
Desde la oposición, el diputado que preside la Comisión que indaga en el Caso Convenios, Juan Luis Castro (RN), refutó las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dijo que no existe impedimento para que Miguel Crispi asista a la instancia parlamentaria, aunque recordó que por su condición jurídica con un contrato a honorarios en el Gobierno, no lo obliga a tener que acudir a la citación de los legisladores.
“Se equivoca por completo la ministra Tohá al defender a los amigos del Presidente, al círculo más cercano al Presidente, sola, sin la vocera de gobierno, sin el Presidente. No se ha dado cuenta, como ministra de Estado, que ella no es la llamada a definir quiénes son las personas susceptibles de ir a una comisión investigadora de la relevancia que la que tenemos nosotros hoy día en el Congreso, sino que es la Contraloría”, señaló Castro.
El legislador puntualizó que “por eso que enviamos todos los informes a la Contraloría y será la Contraloría también quien determinará cuáles son las multas y las sanciones para esta persona que no ha querido dar la cara frente a la comisión investigadora”.
Mientras, Chile Vamos y Republicanos mantienen el veto a la presencia de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, contra quien se presentó una querella en condición de imputada por el mismo Caso Convenios.
Ya el miércoles desde las bancadas opositoras pidieron su renuncia o al menos que se la excluyera del debate presupuestario de 2024, adelantando que no la dejarán ingresar a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados cuando se discuta el proyecto.
