Con un “mea culpa”, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), salió al paso de las críticas a su gestión tras los informes de Contraloría que evidenciaron un “patrón” de irregularidades en transferencias de recursos públicos, bajo el marco del Programa Asentamientos Precarios del Minvu, en 15 regiones del país.
La exposición del contralor, Jorge Bermúdez, dejó en tela de juicio la capacidad de control a nivel institucional del Minvu. De hecho, esta tarde Montes admitió que la cartera pudo haber realizado un mayor esfuerzo. “Había un modelo de trabajo con las fundaciones privadas con la que simplemente seguimos y lo que podríamos haber hecho es haberlos revisado y replanteado en ese momento. No tuvimos la consciencia”, reconoció.
“Nosotros deberíamos haber enfrentado los problemas de fondo, de un modelo que tiene que ver con todas las actividades del país en la relación de las transferencias a privados. Nosotros no captamos en ese momento el conjunto de forados y los riesgos que había en hechos de corrupción y también de hechos de ineficacia y de burocracia que no llevan a hacer todo lo preciso y correcto en lo que hay que hacer”, sostuvo.
Desde la oposición insisten en cobrar costos políticos a la máxima autoridad de la cartera. La presión aumenta para el Gobierno, cuando ya hay peticiones al Presidente Gabriel Boric que solicitan remover de su cargo al titular de Vivienda.
Al respecto, Montes recalcó: “No voy a renunciar. Voy a seguir trabajando en las tareas en las que estoy y, en segundo lugar, eso depende del Presidente de la República“.
Sobre lo que respecta a las Seremis, el ministro declaró que las responsabilidades políticas y administrativas ya quedaron establecidas. “¿Cómo les voy a pedir la renuncia si no tengo fundamentos? La vez que hubo fundamentos, cuando apareció el caso Democracia Viva, el día 16 (de junio), ese día en la tarde se le pidió la renuncia al Seremi de allá”, aseguró.
“Aquí la renuncia a los Seremis se les piden cuando corresponde por desempeño, pero también cuando hay hechos concretos que lo exigen”, enfatizó.
Minvu y fundaciones
Junto con reiterar que hay antecedentes suficientes para afirmar que hay indicios de corrupción en casos como el de Democracia Viva en Antofagasta o en la Región del Maule con Arquiduc, donde se detectan posibles conflicto de intereses, el Minvu adoptó procedimientos más rigurosos en su relación con entidades privadas.
Así lo confirmó la máxima autoridad de la cartera quien anunció que, a partir de la experiencia, “vamos a trabajar más con organismos públicos que con fundaciones privadas”.
Más en profundidad, Montes detalló que “hemos solicitado ampliación de las facultades en el propio presupuesto para que el Serviu haga por lo menos todas las obras de urbanización dentro de los campamentos, con todas las reglas propias del Serviu, y también esperamos que la mayor parte de los municipios asuman responsabilidad porque algunos municipios no han querido trabajar en este tema y otros sí lo hacen con dedicación”.
Asimismo, declaró que disminuirán “significativamente” -a un 10% del total- el presupuesto del Programa Asentamientos Precarios que iba destinado a convenios con estas entidades.
Como última actualización en las medidas, Montes señaló que ya se ha pedido la restitución de recursos a ocho fundaciones que habían sido entregados a fines del segundo semestres del 2022. El total de estos recursos ascenderían a mil 765 millones de pesos, y se encuentran organizaciones como Democracia Viva ($295M y $293M), Arquiduc ($121M), Pro Cultura ($500M), En Red ($254M), Red Integral y Comunitaria ($214M) y Acción Digital ($74M).
