Este miércoles se conoció que en la discusión por la Ley de Presupuesto 2024 en el Senado, se ratificó la indicación propuesta por el diputado Andrés Longton (RN), que impide que el Servicio Nacional de Migraciones pueda regularizar la situación de migrantes que ingresen de manera irregular, lo cual g
La semana pasada la Cámara de Diputadas y Diputados declaró inadmisible esta moción, pero no se obtuvieron los votos necesarios para respaldar la decisión. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la ratificación de la iniciativa y recalcó que “las normas para cualquier regularización están contenidas en la Política Nacional de Migración y Extranjería, para esto no es necesario una indicación a la Ley de Presupuestos”.
También se ha planteado desde Renovación Nacional la expulsión de 12 mil migrantes de aquí a fines de año, lo cual ha sido cuestionado por parte del oficialismo y el Gobierno, argumentando que es imposible efectuar ese proceso en tan poco tiempo.
Sobre esto, en conversación con Radio Universidad de Chile, el dirigente del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza señaló que “lamentablemente, lo que se está haciendo con este fenómeno, es generar en la población una idea falsa, que además es un imaginario, que es que se pueda expulsar a todos los migrantes en situación irregular o que la migración se siga resolviendo -y ese es el imaginario más grande- a partir de esta frontera, o a partir de las normas o restricciones que se le ponga a esto”.
:n esa linea, sostuvo que “generar un estado policial en contra de la migración implica, y también lo vemos cuando se habla de la delincuencia, generar un estado policial en toda la sociedad. No creo que esa sea la solución a los problemas que tiene la sociedad. Hay que reconocer que la migración es un problema de la sociedad chilena que viene sin estar gestionado desde hace mucho tiempo”.
Además, el dirigente afirmó que la discusión que se está dando sobre la migración, “como ha ocurrido en otras veces, es la utilización política del fenómeno migrante previo al proceso de plebiscito de la constitución, pero en realidad y lo que queda detrás, es que no hay políticas ni soluciones reales a la crisis de políticas migratorias que viene teniendo el Estado desde hace casi 20 años, cuando la migración comenzó a avanzar en el país”.
Asimismo, aseguró que paralelamente “está la utilización política de pretender la expulsión de 12 mil migrantes en un período corto, que es algo imposible, y que lo ha demostrado los que han expulsado los diferentes gobiernos en los últimos diez años”.
En esa misma línea, la coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Ximena Póo, señaló que “decir que se expulsen en pocos meses a 12 mil extranjeros, es imposible materialmente, y también contraviene cualquier tratado internacional en materia de refugios, de derechos humanos, y también las disposiciones de la Organización Internacional para las Migraciones”.
“Hay que separar la criminalización de la migración, y lo que son las bandas internacionales y transnacionales, y ahí tiene que actuar un Estado que reconozca lo que significa resguardar la seguridad en fronteras, pero también resguardando los derechos humanos. Se puede hacer con esa colaboración internacional, y con voluntad política interna”, añadió la académica de la Universidad de Chile.
Para Ximena Póo, en términos de migración existe “un caos que se extiende desde el Gobierno anterior en relación a la burocracia estatal”. A su vez apuntó a que “habría que pensar en procesos de regularización, que no es el empadronamiento actual, sino un proceso claro, preciso y con cierta urgencia, y ver las condiciones en que otras personas que han cometido delitos y han tenido el debido proceso, puedan ser reenviadas a sus países de origen. Pero ya vemos lo que pasó en hoy en Venezuela, que no se aceptó que aterrizara el avión que llevaba venezolanos y venezolanas”.
Desde la oposición la diputada integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ximena Ossandón (RN), señaló que “me parece que es muy desconcertante y realmente impresionante que Venezuela amenace o simplemente no reciba a los conciudadanos de su propio país que han sido expulsados desde Chile”.
“Tenemos que recordar que el presidente Boric nombró a Jaime Gazmuri hace como seis meses como embajador en Venezuela, justamente con el objetivo expreso de normalizar el flujo de personas entre ambos países y, entonces, si en estos 6 meses de dicho nombramiento Venezuela se sigue oponiendo a las reconducciones desde Chile, es que las gestiones de nuestro embajador no han sido útiles y yo creo que el Presidente entonces debe reemplazarlo”, declaró la parlamentaria.
Por último, aseguró que “es tremendamente contradictorio al derecho internacional que Venezuela les cierre las puertas a los ciudadanos de su propio país, es algo realmente impresentable. Yo creo que con esto ellos vulneran claramente los derechos humanos de los venezolanos y en el fondo, reafirman su vocación de ser un régimen absolutamente totalitario y abusivo, y con estas acciones se continúa aislando del contexto internacional”.
