El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, se refirió al Caso Convenios donde el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras pidió declarar ante el fiscal que lleva el caso del trato con la Fundación Democracia Viva.
Pronto a terminar su período, Bermúdez en entrevista con Radio ADN sostuvo que “para poder determinar que hay un mecanismo, hay que entrar en la intencionalidad”.
“Lo que yo concluyo es que hay una forma de actuación que se ha ido repitiendo en varias regiones. Si le quiere poner una etiqueta de mecanismo o modus operandi, no puedo decirlo, porque supondría intencionalidad. Lo que sí creo es que acá se aprovechó de una grieta que existe en el sistema institucional para sacar recursos para financiar supuestos proyectos que no valían lo que se estaba pagando por ellos”, complementó.
El contralor descartó que un caso como el de Democracia Viva se repita en otras regiones: “Eso sería una generalización que puede ser injusta respecto de varias regiones”.
“No todas las regiones se comportaron igual y estoy seguro de que el ministerio o los ministerios en general van a ser mucho más fuertes que las que tienen otro tipo de instituciones. Y ahí con eso estoy pensando en los gobiernos regionales”, apuntó.
Eso sí, indicó que “no hay un caso tan fuerte o tan relevante como el que vimos en Antofagasta, pero también se han detectado irregularidades en otras regiones”.
Respecto a la investigación por estos casos, el contralor explicó que “gracias a la metodología que hemos venido aplicando desde el Covid-19 hasta ahora, en que entregamos inmediatamente los resultados, no esperamos a que haya un informe completo final, sino que en la medida que van apareciendo los hallazgos, los entregamos”.
“Entregamos un primer informe, que es el que se conoció, donde están todos estos hallazgos, concentrados principalmente en Antofagasta, que sigue siendo el foco mayor de los problemas”, indicó.
Bermúdez prosiguió y dijo que “cuando empezamos con la investigación de Democracia Viva y otros en los seremis de Vivienda, yo le dije al equipo que ‘estas van a ser las observaciones’ y esas fueron las observaciones”.
“Primero, asignación directa, es decir, asignación sin licitación, y así fue. En segundo lugar, no hay convenios o los convenios son muy laxos, y así fue. El tercero fue el procedimiento para la selección inexistente porque ni siquiera se había dictado. También la inexistencia de garantía, porque no había una obligación legal de que se exigieran garantías”, apuntó.
Bermúdez también comentó que “en 2018 ya habíamos manifestado nuestra preocupación de que las transferencias a terceros se hacían como forma simplemente de ejecución presupuestaria”.
“La Contraloría no tiene facultades sancionadoras por regla general. Nosotros investigamos, y del punto de vista del trabajo de la Contraloría, yo me atrevo a decir acá que la expectativa a respecto de la Contraloría está cumplida, es decir, nosotros hicimos la investigación, están los hallazgos, se entregaron los informes, y ahora son otras instituciones a las que tienen que actuar”, complementó.
Por último, indicó que “estoy seguro de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conociendo las formas que trabaja, va a enmendar todas las carencias que podría haber tenido en esa materia”.