Hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, encabezó la ceremonia de constitución del Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Instancia compuesta por nueve integrantes que estará encargado de monitorear y realizar recomendaciones en el marco de esta iniciativa.

Recordemos que en agosto de 2023 –año en que se conmemoraron los 50 años del Golpe de Estado– el Presidente Gabriel Boric destacó el lanzamiento de este Plan Nacional como “una política pública permanente” en la que el Estado se hace cargo de “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y el destino final de las y los compatriotas víctimas de desaparición forzada”.

Esto último, considerando que fueron mil 469 las personas detenidas desaparecidas durante el régimen militar, de las cuales solo 307 han sido encontradas, de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Justicia.

“El hito de hoy es muy significativo por los avances que hemos tenido y con esto vamos culiminando la etapa del cierre de la gobernanza del Plan. En marzo está la constitución del Comité Operativo de servicios públicos y de las policías vinculadas a este tema y nosotros seguiremos trabajando en la coordinación con los jueces de dedicación exclusiva, así como el trabajo en tecnología y digitalización para efectos de avanzar en inteligencia artificial”, expresó el ministro Luis Cordero.

Asimismo, remarcó que este encuentro “fue una reunión de trabajo, de explicar los principales énfasis del Plan en lo que hemos avanzado hasta ahora desde su dictación y la agenda de trabajo durante 2024”.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos e integrante de la instancia, Gaby Rivera, destacó la importancia de que la sociedad también se encargue de esta herida que sigue afectando por décadas al país.

“Esperamos y tenemos claro que no solamente las agrupaciones son las que tienen la obligación de hacerlo, sino que siempre hemos dicho que el país completo es el que perdió a los detenidos desaparecidos y a los ejecutados políticos, sin entrega de cuerpos. Por lo tanto, es la sociedad completa la que también se tiene que hacer cargo de este tremendo horror y dolor que hemos vivido por más de 50 años”, expresó la dirigente.

Mientras la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, quien fue designada por el Presidente de la República, apuntó a la tardanza que ha implicado el establecimiento de este tipo de iniciativas.

“Esta es una instancia que tiene mucha relevancia, pero también una responsabilidad muy grande para quienes hemos sido convocados a participar de este espacio, el que se ha demorado por razones históricas no solamente 50 años a partir de un Golpe y una dictadura cívico-militar, pero también desde la recuperación democrática para encontrar (a las víctimas) desde los esfuerzos de todos los lugares e instancias académicas, organizaciones de la sociedad civil  y agrupaciones de detenidos desaparecidos”.

Por otra parte, el ministro Luis Cordero se refirió a la aprobación que tuvo lugar ayer lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados del informe de la comisión investigadora de las 89 cajas con osamentas de víctimas de la dictadura y afirmó que sobre este tema “existe una línea de trabajo muy específica para la pericia y el reporte”.

En ese sentido, sostuvo que “de la manera en como hemos trabajado hasta ahora, el Servicio Médico Legal está realizando las pericias, se informan a los familiares y luego a las instancias del Plan Nacional de Búsqueda que hemos definido”.

“A nosotros nos parece que detrás del Plan Nacional de Búsqueda y de la constitución del comité también hay una manera de abordar de un modo compasivo, pero también firme la manera de reparar nuestras heridas del pasado. Por eso para el Ministerio de Justicia es muy relevante que el Plan avance, porque estamos convencidos que le hace bien al país”, aseveró la autoridad.