El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó la retención de más de $123 millones de la fundación Urbanismo Social, investigada en el marco del Caso Convenios por asignaciones directas a organizaciones no gubernamentales desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Según consignó El Mercurio, Urbanismo Social pactó dos convenios con esa cartera por $227 millones, a los que dieron término anticipado en diciembre, posterior a que se conociera el caso de Democracia Viva en Antofagasta.

En un documento del Departamento de Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento de la Seremi de Vivienda de esa capital regional, se indicó que ambos convenios tenían un 55 y 43 por ciento del monto total “transferido rendido y aprobado, respectivamente, encontrándose ad portas de expirar su vigencia”, apuntó el CDE.

“La falta de documentación hace imposible la revisión del correcto uso de los recursos transferidos”, dice el escrito.

Asimismo, el CDE señaló que “todo indica que la fundación no cuenta con ningún tipo de bien sujeto a registro, y que sus recursos solo han provenido de los convenios celebrados con instituciones del Estado”, por lo que esta “se enfrentará a un dificilísimo escenario económico” al no contar con esos fondos.

Los convenios de Urbanismo Social son indagados por la fiscalía en varias regiones. Las primeras sospechas de los investigadores surgieron en el Maule, puesto que el exseremi de Vivienda de la zona, Rodrigo Hernández (RD), quien se desempeñó previamente en la organización, visó traspasos de fondos desde la repartición a la entidad.