Con presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, además de los partidos políticos, esta tarde se desarrolló una sesión especial del Senado para discutir en torno a la seguridad pública tras el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano de 32 años.
Cabe destacar que esta sesión se da en el contexto de la crisis de seguridad pública que se vive en el país, que se ha abordado más profundamente en el debate público luego del crimen del ciudadano venezolano, disidente del régimen de Nicolás Maduro.
En este sentido, la ministra Carolina Tohá defendió la gestión del Gobierno en esta materia en torno al resguardo de la información del caso. “Respecto a nuestra actitud, que persiste, de ser muy restrictivos con la información en esta materia, que en algún minuto fue criticada como falta de transparencia, como poca claridad, secretismo, la verdad es que hay una cosa que todos sabemos, una prohibición de información, pero eso tiene un sentido, no es solamente cumplir la formalidad de una instrucción de la Fiscalía, cuando se entrega información de una investigación secreta, se atenta contra la investigación, se le da ventaja a quienes están siendo investigados, se pone en peligro a la víctima”.
“Ha sido recurrente, y ya lo tenemos asumido casi como normal, que las investigaciones secretas se filtren, pero eso no debiera normalizarse, es corrupción pura y dura. Creo que sería prudente que la Fiscalía iniciara una carpeta investigativa respecto de estas filtraciones”, enfatizó.
Asimismo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve aseguró que la seguridad pública es una prioridad en el Gobierno desde el inicio de su gestión. “Si en un país se quiere derrotar al crimen organizado y al crimen organizado transnacional, se requiere que esto sea prioridad del Gobierno, que sea oportuna y que se traduzca en medidas concretas. En mayo del 2022, dos meses de asumido el Gobierno, se constituye el Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado. Junio del 2022, quien habla le advierte públicamente al país que en el territorio están operando organizaciones criminales de carácter transnacional, como el Tren de Aragua. El Gobierno transformó la lucha contra el crimen organizado transnacional en una prioridad desde el inicio del Gobierno, nunca le ha bajado el perfil, ha sido el primer gobierno que lo colocó como una tarea central del Estado”.
Por su parte, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro señaló en su intervención que “hay una calificación ordenada de a quién se le dice que es refugiado. Si eso es así, yo quiero consultar, ¿Cuál es la situación en que se encuentran los otros ciudadanos venezolanos refugiados en Chile, son disidentes, tienen algún grado de hostigamiento o no? Me pongo en los zapatos de quienes pudieran sentirse atemorizados eventualmente de algo, y si respecto de la condición de refugiados, más podemos hacer, porque hoy no hay protección policial al respecto, y dado lo inédito de este delito, es que creo que frente a una migración creciente en Chile, con normas regulatorias que se han ido estableciendo, me parece razonable que el punto de vista policial, de la seguridad, y de lo que es la asociación a cierta migración irregular, o en determinados delitos nuevos en Chile como este, que estamos aludiendo, se requieren ciertas definiciones”.
A su vez, la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste sostuvo que “este no es el momento para buscar pequeñas ventajas políticas, instalando todo tipo de especulaciones, alimentando de manera irresponsable un clima en la opinión pública, y pensando que con eso se puede ganar un punto político o llevar agua a nuestro molino. Este Senado tiene que ser capaz de no sólo cuidar el tono, sino que, de mirar más allá, y la situación nos obliga a ser prudentes, aquí hay muchos temas en juego, y el país necesita que actuemos con responsabilidad”.
En tanto, desde la Unión Demócrata Independiente, el senador Javier Macaya recalcó que “es evidente que el Senado tiene un rol, acá tenemos que dejar que funcione cada institución y cómo no va a ser pertinente que el Poder Legislativo, un poder del Estado de Chile, pueda discutir las medidas que estamos tomando para el crimen organizado y para proteger también a los refugiados que están en Chile, y que han escapado de alguna dictadura, como es el caso del señor Ronald Ojeda, porque el Estado, y acá no quiero personalizar al Gobierno, que incluye al Poder Judicial, al Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, debe asumir su responsabilidad”.
