Con la eventual formalización de Ricardo Yáñez serán cuatro los generales de Carabineros cuestionados en su actuar por casos de malversación de fondos y responsabilidad de mando. Una realidad no ajena para la Policía de Investigaciones (PDI) que hoy tiene a dos ex directores, Héctor Espinoza y Sergio Muñoz, formalizados por hechos de corrupción.
Un escenario condenado de forma tranversal, pero que para ciertos actores es necesario abordar desde raíz en ambas instituciones, avanzando en lo inmediato con una reforma o modernización a las policías.
En el Congreso Nacional, diputados del PC y el Frente Amplio han reactivado los llamados. Lorena Fries (CS), integrante de la Comisión de Seguridad, calificó como pertinente abordar este debate para atender las urgencias ante el incremento del crimen organizado, pero al mismo tiempo porque “tanto el caso de corrupción del director de la PDI como el de violación a los derechos humanos por el que está siendo investigado el General director de Carabineros tienen raíces más profundas que deben ser parte de ese proceso de reforma”.
En esa línea, la diputada pidió no ver esto como un ataque a las instituciones: “Hoy día justamente se trata de robustecer a Carabineros, de hacerla la institución más impecable en cuanto a su conducta, pero también más eficiente”.
Como puntos a mejorar en ambas instituciones, Fries apuntó a la rendición de cuentas y a mayores exigencias en transparencia con controles internos y externos efectivos. “En Chile, por ejemplo, no sabemos cuántos Carabineros están sometidos a algún tipo de proceso por un uso abusivo de la fuerza. Si fueran muchos quiere decir que tenemos que tomar medidas en ese sentido al interior de la institución, si fueran pocos, entonces quiere decir que el camino se está haciendo, pero no tenemos esos datos”.
“Los centinelas de la democracia son los Carabineros y la PDI, y para eso nosotros tenemos que seguir levantando estos temas porque van en apoyo de las policías y tiene que hacerse con las policías. Mejorar las condiciones laborales no es estar en contra de las policías, incorporar el enfoque de género tampoco, que los sistemas de ascenso se basen también en capacidades y habilidades, y el que haya rendición de cuentas la verdad es que ayuda a mejorar su accionar y, por lo tanto, la confianza ciudadana”, zanjó.
“Hay delitos en el país, pero también dentro de la PDI”
En tanto, Miguel Vivanco, vocero de familias víctimas de irregularidades, abusos y negligencias dentro de la PDI, acusó que por años la policía ha decidido “esconder la basura debajo de la alfombra” dejando de lado múltiples denuncias de corrupción por parte de funcionarios.
Indicó que, además, su familia tras el crimen de la suboficial Valeria Vivanco, baleada en medio de un operativo por uno de sus compañeros, vivió esta actitud en carne propia con el ocultamiento de informes y la presentación de peritajes falsos. Una investigación que señaló hoy “demuestra que la jefatura policial y el alto mando siempre y desde el minuto uno preparó este montaje“.
En relación a la salida de Muñoz, Vivanco sostuvo que “es una situación absolutamente histórica para la PDI y para el Estado de Chile porque tiene que enfrentar a toda la sociedad y tratar de reconstruir la confianza en esta policía civil que se supone tiene que dedicarse a investigar y que no lo han hecho, porque cuando hay suicidios, muertes, violaciones, delitos, desvinculaciones arbitrarias, injustas con su propia gente, la basura la esconden debajo de la alfombra. Hay delitos afuera en el país, pero también dentro de la policía hay delincuentes”.
En esa línea, Vivanco llamó a renovar todo el alto mando de la PDI porque “todavía quedan prefectos inspectores que vienen de la misma familia de Héctor Espinoza y Sergio Muñoz, entonces qué sacamos con llamar a tres (a retiro), tienen que salir diez. Tienen que hacer una limpieza profunda o si no esto va a seguir pasando”.
Vivanco valoró la primera señal que entregó el nuevo director al pedir perdón al país tras el caso de Muñoz, pero instó a que esto se traduzca en medidas prácticas tales como conformar una mesa de trabajo con las familias víctimas de la PDI para abordar la situación.
En ese sentido, detalló que el principal problema que identificó la Comisión Investigadora de la PDI en la Cámara de Diputados, es que la normativa institucional permite a los jefes policiales tomar decisiones arbitrarias, por ejemplo, por medio de la Junta Calificadora, cuando se acusa corrupción. Sobre este aspecto, habrían llegado más de 100 denuncias al Congreso apelando a sanciones indebidas y diagnósticos médicos falsos para terminar con carreras policiales.
En relación a las cifras de abusos sexuales y denuncias de violación en ambas instituciones, Vivanco indicó que en un periodo de cinco años, entre los años 2019 y 2023, se conocieron alrededor de 114 denuncias por acoso sexual en Carabineros de Chile, mientras que en la PDI, entre 2018 y 2022, se revelaron 78. “La PDI cuenta con alrededor de 12 mil funcionarios a nivel nacional, Carabineros tiene 60 mil, es decir, nuestra policía civil, son cinco veces más pequeñas que Carabineros de Chile, por lo tanto, proporcionalmente las denuncias de acoso y de abuso sexual en la PDI supera en un 300 por ciento“, cuestionó.
Por último, recalcó que la agrupación busca una reparación integral del Estado de Chile no solamente para las víctimas policiales sino también para aquellos civiles objetos de la negligencia de la PDI.
Amnistía Internacional: “Los cambios no están siendo los profundos que se requieren”
En la actualidad, la reforma a las policías es trabajada como una política de Estado y contempla una Unidad Consultiva para la reforma (UCR), con representación de la sociedad civil, una Comisión para la Reforma y la presencia del Gobierno por medio de la secretaría ejecutiva.
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional, y miembro de la UCR, cuestionó la poca celeridad que se le ha dado a esta discusión señalando que solo se ha avanzado en cambios administrativos.
“El problema es que los cambios no están siendo los profundos que se requieren. Incluso en el propio programa de Gobierno se hablaba inicialmente de refundación, después se empezó a hablar de una reforma importante a las policías y actualmente sólo hay algunas medidas administrativas o proyectos de ley que pueden en algunos casos implicar cambios positivos, pero no hay un cambio de paradigma de estructuras, de la naturaleza militar de Carabineros de Chile”, criticó.
En ese sentido, Bustos lamentó que se haya relegado a un segundo lugar la reforma considerando que los hechos recientes serían “la punta del iceberg”. “Desde Amnistia Internacional lo hemos dicho reiteradamente. La policía requiere de una reforma profunda para poder realizar su trabajo adecuadamente, de manera eficiente con respecto a los derechos humanos y eso lamentablemente pareciera haberse dejado de lado tanto por el Gobierno actual como por parte del Congreso de nuestro país”, cuestionó.
Por último, desde la organización reiteraron sus reparos sobre la continuidad de Yáñez al mando de Carabineros. “No hay razones para que hoy en día se le haya instado a renunciar al ex director de la PDI, Sergio Muñoz, y en cambio el general director de Carabineros Ricardo Yáñez siga en su cargo normalmente cuando hay una solicitud de formalización pendiente por el delito de lesiones graves y homicidios vinculado a apremios ilegítimos, o sea, trato cruel e inhumano”, apuntó.
“Son delitos extremadamente graves y es muy complejo que el General Director siga en su cargo para la institución y para las funciones que tiene que realizar un órgano tan importante”, zanjó.
