Se  cumplieron los pronósticos. Tras varios días de intenso debate en el Congreso, la Sala del Senado rechazó la propuesta enviada por la Cámara de Diputadas y Diputados y la Ley Corta de Isapres se discutirá en una comisión mixta a contar de la próxima semana.

Los diez parlamentarios que integrarán la instancia se escogieron la mañana del miércoles. En representación de la Cámara Alta, irá la Comisión de Salud compuesta por Juan Luis Castro (PS), Francisco Chahuán (RN), Javier Macaya (UDI), Ximena Órdenes (IND-PPD) y Sergio Gahona (UDI); mientras que por la Cámara Baja, estarán los diputados Tomás Lagomarsino (PR), Andrés Celis (RN), Daniel Lilayú (UDI), Gael Yeomans (CS) y Ana María Gazmuri (Acción Humanista).

Dichos parlamentarios deberán definir antes del 12 de mayo -día en que se cumple el plazo estipulado por la Corte Suprema para cumplir su fallo- cómo destrabar los aspectos que no lograron consenso entre las dos Cámaras, entre ellos la manera en que se calculará la deuda de las isapres con sus afiliados, el reajuste extraordinario a los planes y algunas disposiciones relacionadas con la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa.

Consultado respecto a lo que pasará durante los próximos días, el diputado Tomás Lagomarsino advirtió que la discusión prácticamente parte “desde cero” y que se vivirán momentos “bastante críticos y álgidos”.

“Yo espero que el ánimo con el que llegue la oposición no sea el mismo ánimo que hubo en la Sala de la Cámara. Muchas de las normas que se habían acordado, con votos tanto de oficialismo como de oposición en la Comisión de Salud, fueron rechazadas en la Cámara y yo creo que a varios nos dejó desconcertados. Se rechazó todo sobre lo que ya teníamos acuerdo y eso fue bastante extraño”, dijo.

Desde el Senado, el ex presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, afirmó estar “moderadamente” confiado en que se logrará un acuerdo e identificó como los principales nudos el monto de la deuda de las isapres y el tope que se establecerá para el aumento en el precio de los planes.

Por otro lado, Castro enfatizó que el rol que juegue el Gobierno durante las sesiones de la comisión mixta será clave. Esto último, porque se estarán discutiendo materias de seguridad social, donde solo el Ejecutivo puede tomar la iniciativa.

“Es el Gobierno el que tiene la última palabra, o sea, es mucho lo que tiene que decir en esta fase. Nosotros vamos a estar dispuestos, pero es el Gobierno el que tiene que hacer una estrategia de negociación fuerte, clara y accesible que permita avanzar”, señaló.

El senador de la UDI, Sergio Gahona, coincidió con el socialista en cuanto a que es el Ejecutivo el que “tiene las llaves en su mano”. “Si es que el Gobierno no presenta los mecanismos adecuados, evidentemente la responsabilidad de que no haya ley corta va a recaer sobre él”, aseguró.

Asimismo, Gahona adelantó que la línea roja de la oposición durante las negociaciones será “asegurar la sostenibilidad y estabilidad al sistema privado de salud” y que ello podría contemplar “mecanismos que apunten a una deuda que sea pagable en el tiempo”.

“Lo importante es que dé un valor que sea efectivamente pagable, porque si entrega un valor, estos mecanismos que discutiremos, que no son pagables, ni siquiera habrá devolución para los afiliados”, planteó.

¿Qué pasa si se rechaza la Ley Corta?

Luego de que los integrantes de la comisión mixta acuerden el nuevo texto de la Ley Corta de Isapres, la iniciativa tendrá que ser visada por las Salas del Senado y la Cámara de Diputados. De ser aprobada, el fallo de la Corte Suprema se aplicará con mecanismos de amortiguación para las isapres, que evitarán su quiebre; pero de ser rechazada, se abre un complejo escenario.

Los parlamentarios de la comisión mixta coinciden en que al menos técnicamente sería posible que la sentencia de la Suprema entre en vigor sin una Ley Corta. Sin embargo, dicha posición fue contradicha por el abogado constitucionalista, Tomás Jordán.

De acuerdo al académico de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) “es muy difícil o casi imposible” cumplir con el fallo a través de un acto administrativo, por lo que el Gobierno está obligado a sacar adelante una ley que acompañe su aplicación.

“En ese escenario, lo que le queda al Gobierno es hacer una nueva solicitud a la Corte de aplazamiento e iniciar un nuevo proyecto de ley que busque reformar el sistema más en profundidad. Hay un acuerdo de que un proyecto de ley en ese sentido se presente de aquí a octubre, pero eso seguramente se va a adelantar, si no se llegase a un acuerdo”, estimó.

“Ahora, ¿qué va a pasar si no hay Ley Corta? Los usuarios pueden reclamar ante las cortes el cumplimiento de su sentencia, que les devuelvan lo que les corresponde y eso es entrar en otra etapa de judicialización”, añadió.

De todas maneras, Tomás Jordán señaló que lo más probable es que el tema sí se pueda zanjar con el trabajo de la comisión mixta. “Todos están claros de que se debe avanzar en esto, entonces, yo creo que esta va a ser la instancia. El problema es el tiempo, pero yo creo que sí saldrá una solución de aquí”, concluyó.