Notoria fue la presencia de un grupo de parlamentarios de la UDI y el Partido Republicano en el juicio oral contra el excarabinero Sebastián Zamora, imputado por el caso Pío Nono. Si bien la audiencia es pública, expertos afirman que la acción es “síntoma” de una problemática más profunda. 

El diputado gremialista Jorge Alessandri y los republicanos Chiara Barchiesi, Agustín Romero y Cristián Araya asistieron a la instancia para entregar su “apoyo a Carabineros de Chile”. Y acusaron de persecución a la fiscal Ximena Chong, quién imputa a Zamora por homicidio frustrado simple tras la caída de un menor de edad al río Mapocho.

“La fiscal Chong es una declarada enemiga y odia a Carabineros de Chile“, aseguró la diputada Barchiesi.

Quién fue crítico de este emplazamiento es el diputado de Acción Humanista, y uno de los querellantes en este caso, Tomás Hirsch. “Me parece totalmente fuera de lugar que haya presencia de parlamentarios y presiones, por lo tanto, de otro poder del Estado. Es fundamental mantener la independencia entre poderes y, por lo tanto, dejar que la Fiscalía entregue toda la información y los jueces puedan determinar si hay responsabilidades y culpabilidades”, declaró.

Pero, las acusaciones contra el Ministerio Público emitidas por los parlamentarios no son nuevas. Conocidos fueron los cuestionamientos a la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, donde incluso desde el mundo político se ingresó un requerimiento a la Corte Suprema para remover al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, alegando un “sesgo político“.

Cruzando la vereda, bastante revuelo concitó lo ocurrido con la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, donde los dardos por parte de parlamentarios de su sector volvieron a caer sobre el Ministerio Público.

Más recientemente y en entrevista con El Siglo, el edil señaló que “hay una profunda motivación política detrás. En los últimos días, hemos visto la debilidad del trabajo de la Fiscalía, la falta de profesionalismo y rigurosidad, la manipulación y la delicada relación que tiene con los medios, filtrando información hasta el final”.

“Creo que la formalización se ha construido sólo para que la Fiscalía pueda pedir prisión preventiva, pero convencer a un juez es diferente. Si no pudieron convencer a un juez en el caso (Juan Miguel) Fuente-Alba, con una investigación vergonzosa a cargo del mismo fiscal que lleva la nuestra, mucho menos podrán hacerlo aquí”, acusó.

Repercusiones

Para académicos, se ha cruzado una línea roja y, directamente, hablan de una intromisión del Poder Legislativo sobre procesos judiciales en curso, lo que alerta sobre eventuales consecuencias.

El abogado y director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo (CED), Claudio Pérez, indicó que “estar constantemente cuestionando el trabajo de los fiscales en hechos tan complejos y relevantes como los que son materias de investigación no contribuyen nada a guardar esa separación de poderes tan necesaria en una democracia”.

Para Pérez, se puede hablar de una “intromisión” dado que “la presencia en las audiencias de parlamentarios cruza una línea bastante compleja. Al Ministerio Público hay que dejarlo trabajar, que realice la investigación con la autonomía que requiere. No es adecuado estar presionando de esa forma, estar descalificando el ejercicio profesional de los fiscales, más allá de la opinión que cada uno pueda tener”.

Para el director del CED, “no resulta buena la politización de la justicia, como tampoco resulta positiva la judicialización de la política“.

“Son dos fenómenos bien complejos de los cuales hay que estar teniendo bastante cuidado porque, si no ponemos bastante atención, hoy día lo que puede ocurrir es que finalmente los fiscales sientan tanta presión de la autoridad política y, en algunos casos, de medios de comunicación, que eso pueda afectar en contra de la imparcialidad en la investigación que se está realizando por parte del Ministerio Público y también en el adecuado juzgamiento y razonamiento que se realice para establecer una condena”, enfatizó.

Por su parte, la ex presidenta de Evópoli y secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad Sebastián, Luz Poblete, tomó distancia de las críticas y llamó al mundo político a respetar la institucionalidad.

“Creo que cada poder del Estado debe funcionar de manera autónoma, es cierto que tiene que haber coordinación, articulación, conversaciones entre uno y otro (…) pero otra cosa es intervenir o tratar de juzgar en este caso a una jueza, que uno podrá tener una opinión o no respecto de sus actos, o respecto de su función como jueza y, en este caso, el cómo lleva las investigaciones, el respaldo que pueda tener”, dijo.

El Doctor en Ciencias Políticas y director del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, calificó de “sintomático” el cuestionamiento al rol del Ministerio Público.

“Se ha hecho frecuente, independiente de quienes están involucrados. Hay cuestionamientos hacia la Fiscalía por el caso de Daniel Jadue, pero también lo hay a propósito del director general de Carabineros”, afirmó.

En ese sentido, apuntó a que podría atribuirse a una debilidad que quedó como consecuencia de la reforma procesal penal en relación al rol de los y las fiscales, “porque cuando se plantea la formalización inmediatamente se asume que es una suerte de condena previa y eso genera cuestionamientos”.

Para el académico, es delicado el proceso de “politización de la justicia” en medio de una crisis de la institucionalidad política en el país, debido a que “puede llegar ocurrir que definitivamente, a falta de solidez institucional del sistema político, las funciones políticas terminen siendo asumidas por jueces y fiscales, ya ocurrió en la Italia de los años 90′”.