“Si no existe una ley, estamos supeditados a ser borrados”: la lucha de los sitios de memoria por una legislación que los proteja
Durante la celebración del Día de los Patrimonios fueron varios los espacios que recalcaron la necesidad de que el Gobierno lleve adelante un proyecto para defenderlos. Esto, en el marco de una profunda crisis de financiamiento.
Jueves 30 de mayo 2024 19:19 hrs.
Casa Memoria José Domingo Cañas durante el Día de los Patrimonios. Foto: Instagram @casa.memoria
El pasado fin de semana se celebró una nueva edición del Día de los Patrimonios. Una conmemoración que este año festejaba sus 25 años de existencia y que fue descrita por la misma ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, como una “fiesta ciudadana”.
Sin embargo, el contexto fue distinto para una buena parte de los sitios de memoria nacionales. A principios de abril comenzó a circular el anuncio del cierre de varios de estos espacios por la falta de financiamiento estatal. Un problema de larga data que alcanzó uno de sus puntos culmines hace algunos meses, cuando a un año de la puesta en marcha del Programa Sitios de Memoria -aprobado por el Presidente Gabriel Boric como una solución a la falta de recursos para el sector- se comenzaron a evidenciar las falencias de este mecanismo, con la cláusula de concursabilidad como uno de los mayores problemas.
La Casa Memoria José Domingo Cañas es una de las instituciones que por entonces anunciaron el cese de sus funciones y que hoy, consultados por Radio y Diario Universidad de Chile, confirmaron que el problema persiste. “Este año no nos inscribimos en los recorridos con el Ministerio de las Culturas como una forma de protesta, porque Chile no resguarda el patrimonio ligado a los sitios de memoria“, comentó Marta Cisterna, directora ejecutiva del sitio.
“Todavía no tenemos sueldos, todavía no se nos ha hecho entrega de los recursos para los que tuvimos que postular por concurso. Por lo tanto, nuestro sitio abrió con crespones negros y con un lienzo en el frontis que decía que este patrimonio está peligrando, con carteles relevando que la memoria también es patrimonio”, agregó, compartiendo que este 2024 pudieron realizar el recorrido patrimonial gracias a una alianza con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que, a pesar de la crisis, logró una gran convocatoria.
Para Cisterna, no hay medias tintas y su diagnóstico es que el Estado los tiene en un abandono total. “La gente sigue sin sueldos. Estamos esperando porque se abrió el concurso el mes pasado. O sea, un programa que era de continuidad abre un concurso en el mes de mayo, algo insólito; a cinco meses de empezado el año. Se nos dijo que los fondos iban a estar antes de junio, y hoy en la mañana todavía no estaban. Además, se nos permitió postular por menos recursos que el año pasado. Si antes fueron 75 millones, este año se nos permitió postular solamente por 54″, evidenció la directora.
“De hecho, tenemos para pagar sueldos completos solo hasta el mes de junio, si es que llega ese dinero. Y después de ese mes vamos a poder pagar solo medio sueldo, con una persona menos, porque no nos da para todo el equipo”, sumó.
Así las cosas, Cisterna aseguró que el daño provocado a los sitios de memoria resulta prácticamente irreversible. Especialmente si no se cambian los mecanismos de financiamiento.
“Aquí no hay una comprensión de cómo trabajamos los sitios de memoria. Las bases fueron hechas para poner peros. Seguimos siendo castigados. Y frente a nuestro reclamo también se nos castiga, porque estamos a 30 de mayo y todavía no tenemos los recursos. Y ya presentamos todo”, criticó.
Una ley para la memoria
Desde Londres 38, uno de los sitios emblemáticos del casco histórico de Santiago, comparten las conclusiones de Cisterna. De hecho, también tomaron posición al respecto durante el más reciente Día de los Patrimonios, llevando a cabo sus recorridos y actividades bajo la consigna “que la impunidad no sea patrimonio”.
“Todos los años hemos intentado problematizar el rol que tiene el patrimonio en la sociedad”, afirmó Macarena Silva, coordinadora del espacio. “En ese sentido, hemos dicho, por ejemplo, que el patrimonio y la memoria son políticos. El patrimonio, de alguna manera, también contribuye a modelar la cultura de una sociedad. Quisimos decir que no debemos normalizar ni instalar en nuestra sociedad una cultura de no justicia e impunidad. Y ese es el rol de los sitios de memoria“.
Es en ese contexto que tanto Silva como Cisterna apuntan a la necesidad de contar con una ley de memoria integral que, entre otras cosas, se haga cargo de estos sitios. Una responsabilidad que hoy recae en la ley de Monumentos Nacionales.
“Tienen un valor testimonial, jurídico, y es por eso que también es importante una ley que los distinga como bienes de especial tratamiento, asociado los deberes internacionales de protección, para que puedan seguir existiendo independiente de las voluntades políticas de turno. Y que esos Estados de turno puedan seguir siendo interpelados y observados desde el punto y la perspectiva de la cultura de derechos humanos, desde el patrimonio de los DD.HH.”, afirmó Silva.
La directora de José Domingo Cañas igualmente apunta a la necesidad práctica de que los sitios de memoria estén diferenciados del resto de monumentos: “La importancia de esto es porque, en rigor, en Chile no existen sitios de memoria. La figura que hay, la que se buscó, es de monumento histórico. Entonces, estamos homologados, por ejemplo, con las iglesias. Eso es lo primero”, puntualizó.
“En segundo término, es una obligación del Estado en materia de justicia transicional, donde el derecho a la verdad tiene que ver con los sitios de memoria, que son los lugares por donde pasaron nuestros compañeros y compañeras. También somos parte del plan de búsqueda, de la reconstrucción de los lugares por donde pasaron hasta que se les pierde el rastro. Chile tiene que cumplir con esa obligación”, agregó la directora.
En ese contexto, igualmente recalcó los compromisos que tiene nuestro país con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “La CIDH en noviembre del 2019 lanzó un documento -en el que nosotros como sitio de memoria José Domingo Cañas participamos- y que son las políticas de memoria para la región. Ahí, se habla específicamente de la obligación que tienen los Estados para con los sitios de memoria, y la primera es el reconocimiento. Si no hay una ley que diga que nosotros existimos, que nos reconozca como tal, acá podemos estar dependiendo de un cambio de gobierno, como ocurrió en Argentina”, afirmó Cisterna.
“Si no existe una ley, estamos supeditados a ser borrados, a los concursos, porque no va a haber presupuesto asociado”, añadió.
A la espera de la Cuenta Pública
Los sitios de memoria y las diversas organizaciones de derechos humanos miran con preocupación el panorama general que se vive hoy en torno a la memoria y las garantías de no repetición. En ese contexto es que varios de estos organismos decidieron redactar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, donde adjuntaron un informe que detalla los puntos más urgentes en esta materia, esperando que el mandatario pueda abordarlos durante la Cuenta Pública de este 1 de junio.
Allí, además de mencionar puntos tan importantes como la reforma a la sociedad conyugal, las organizaciones firmantes igualmente mencionan la necesidad de contar con una ley que proteja los sitios de memoria.
En el texto, suscrito por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM), el Círculo emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNDIS), el Observatorio de Violencia Institucional en Chile (OVIC) y la misma José Domingo Cañas -entre otras-, manifiestan textualmente que esperan “la presentación de un proyecto de Ley de Memoria Integral que garantice este derecho y que proteja los Sitios de Memoria recuperados y por recuperar, incorporando recursos suficientes para su mantención, cuidado y preservación”.
El pasado fin de semana se celebró una nueva edición del Día de los Patrimonios. Una conmemoración que este año festejaba sus 25 años de existencia y que fue descrita por la misma ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, como una “fiesta ciudadana”.
Sin embargo, el contexto fue distinto para una buena parte de los sitios de memoria nacionales. A principios de abril comenzó a circular el anuncio del cierre de varios de estos espacios por la falta de financiamiento estatal. Un problema de larga data que alcanzó uno de sus puntos culmines hace algunos meses, cuando a un año de la puesta en marcha del Programa Sitios de Memoria -aprobado por el Presidente Gabriel Boric como una solución a la falta de recursos para el sector- se comenzaron a evidenciar las falencias de este mecanismo, con la cláusula de concursabilidad como uno de los mayores problemas.
La Casa Memoria José Domingo Cañas es una de las instituciones que por entonces anunciaron el cese de sus funciones y que hoy, consultados por Radio y Diario Universidad de Chile, confirmaron que el problema persiste. “Este año no nos inscribimos en los recorridos con el Ministerio de las Culturas como una forma de protesta, porque Chile no resguarda el patrimonio ligado a los sitios de memoria“, comentó Marta Cisterna, directora ejecutiva del sitio.
“Todavía no tenemos sueldos, todavía no se nos ha hecho entrega de los recursos para los que tuvimos que postular por concurso. Por lo tanto, nuestro sitio abrió con crespones negros y con un lienzo en el frontis que decía que este patrimonio está peligrando, con carteles relevando que la memoria también es patrimonio”, agregó, compartiendo que este 2024 pudieron realizar el recorrido patrimonial gracias a una alianza con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que, a pesar de la crisis, logró una gran convocatoria.
Para Cisterna, no hay medias tintas y su diagnóstico es que el Estado los tiene en un abandono total. “La gente sigue sin sueldos. Estamos esperando porque se abrió el concurso el mes pasado. O sea, un programa que era de continuidad abre un concurso en el mes de mayo, algo insólito; a cinco meses de empezado el año. Se nos dijo que los fondos iban a estar antes de junio, y hoy en la mañana todavía no estaban. Además, se nos permitió postular por menos recursos que el año pasado. Si antes fueron 75 millones, este año se nos permitió postular solamente por 54″, evidenció la directora.
“De hecho, tenemos para pagar sueldos completos solo hasta el mes de junio, si es que llega ese dinero. Y después de ese mes vamos a poder pagar solo medio sueldo, con una persona menos, porque no nos da para todo el equipo”, sumó.
Así las cosas, Cisterna aseguró que el daño provocado a los sitios de memoria resulta prácticamente irreversible. Especialmente si no se cambian los mecanismos de financiamiento.
“Aquí no hay una comprensión de cómo trabajamos los sitios de memoria. Las bases fueron hechas para poner peros. Seguimos siendo castigados. Y frente a nuestro reclamo también se nos castiga, porque estamos a 30 de mayo y todavía no tenemos los recursos. Y ya presentamos todo”, criticó.
Una ley para la memoria
Desde Londres 38, uno de los sitios emblemáticos del casco histórico de Santiago, comparten las conclusiones de Cisterna. De hecho, también tomaron posición al respecto durante el más reciente Día de los Patrimonios, llevando a cabo sus recorridos y actividades bajo la consigna “que la impunidad no sea patrimonio”.
“Todos los años hemos intentado problematizar el rol que tiene el patrimonio en la sociedad”, afirmó Macarena Silva, coordinadora del espacio. “En ese sentido, hemos dicho, por ejemplo, que el patrimonio y la memoria son políticos. El patrimonio, de alguna manera, también contribuye a modelar la cultura de una sociedad. Quisimos decir que no debemos normalizar ni instalar en nuestra sociedad una cultura de no justicia e impunidad. Y ese es el rol de los sitios de memoria“.
Es en ese contexto que tanto Silva como Cisterna apuntan a la necesidad de contar con una ley de memoria integral que, entre otras cosas, se haga cargo de estos sitios. Una responsabilidad que hoy recae en la ley de Monumentos Nacionales.
“Tienen un valor testimonial, jurídico, y es por eso que también es importante una ley que los distinga como bienes de especial tratamiento, asociado los deberes internacionales de protección, para que puedan seguir existiendo independiente de las voluntades políticas de turno. Y que esos Estados de turno puedan seguir siendo interpelados y observados desde el punto y la perspectiva de la cultura de derechos humanos, desde el patrimonio de los DD.HH.”, afirmó Silva.
La directora de José Domingo Cañas igualmente apunta a la necesidad práctica de que los sitios de memoria estén diferenciados del resto de monumentos: “La importancia de esto es porque, en rigor, en Chile no existen sitios de memoria. La figura que hay, la que se buscó, es de monumento histórico. Entonces, estamos homologados, por ejemplo, con las iglesias. Eso es lo primero”, puntualizó.
“En segundo término, es una obligación del Estado en materia de justicia transicional, donde el derecho a la verdad tiene que ver con los sitios de memoria, que son los lugares por donde pasaron nuestros compañeros y compañeras. También somos parte del plan de búsqueda, de la reconstrucción de los lugares por donde pasaron hasta que se les pierde el rastro. Chile tiene que cumplir con esa obligación”, agregó la directora.
En ese contexto, igualmente recalcó los compromisos que tiene nuestro país con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “La CIDH en noviembre del 2019 lanzó un documento -en el que nosotros como sitio de memoria José Domingo Cañas participamos- y que son las políticas de memoria para la región. Ahí, se habla específicamente de la obligación que tienen los Estados para con los sitios de memoria, y la primera es el reconocimiento. Si no hay una ley que diga que nosotros existimos, que nos reconozca como tal, acá podemos estar dependiendo de un cambio de gobierno, como ocurrió en Argentina”, afirmó Cisterna.
“Si no existe una ley, estamos supeditados a ser borrados, a los concursos, porque no va a haber presupuesto asociado”, añadió.
A la espera de la Cuenta Pública
Los sitios de memoria y las diversas organizaciones de derechos humanos miran con preocupación el panorama general que se vive hoy en torno a la memoria y las garantías de no repetición. En ese contexto es que varios de estos organismos decidieron redactar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, donde adjuntaron un informe que detalla los puntos más urgentes en esta materia, esperando que el mandatario pueda abordarlos durante la Cuenta Pública de este 1 de junio.
Allí, además de mencionar puntos tan importantes como la reforma a la sociedad conyugal, las organizaciones firmantes igualmente mencionan la necesidad de contar con una ley que proteja los sitios de memoria.
En el texto, suscrito por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM), el Círculo emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNDIS), el Observatorio de Violencia Institucional en Chile (OVIC) y la misma José Domingo Cañas -entre otras-, manifiestan textualmente que esperan “la presentación de un proyecto de Ley de Memoria Integral que garantice este derecho y que proteja los Sitios de Memoria recuperados y por recuperar, incorporando recursos suficientes para su mantención, cuidado y preservación”.
El pasado fin de semana se celebró una nueva edición del Día de los Patrimonios. Una conmemoración que este año festejaba sus 25 años de existencia y que fue descrita por la misma ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, como una “fiesta ciudadana”.
Sin embargo, el contexto fue distinto para una buena parte de los sitios de memoria nacionales. A principios de abril comenzó a circular el anuncio del cierre de varios de estos espacios por la falta de financiamiento estatal. Un problema de larga data que alcanzó uno de sus puntos culmines hace algunos meses, cuando a un año de la puesta en marcha del Programa Sitios de Memoria -aprobado por el Presidente Gabriel Boric como una solución a la falta de recursos para el sector- se comenzaron a evidenciar las falencias de este mecanismo, con la cláusula de concursabilidad como uno de los mayores problemas.
La Casa Memoria José Domingo Cañas es una de las instituciones que por entonces anunciaron el cese de sus funciones y que hoy, consultados por Radio y Diario Universidad de Chile, confirmaron que el problema persiste. “Este año no nos inscribimos en los recorridos con el Ministerio de las Culturas como una forma de protesta, porque Chile no resguarda el patrimonio ligado a los sitios de memoria“, comentó Marta Cisterna, directora ejecutiva del sitio.
“Todavía no tenemos sueldos, todavía no se nos ha hecho entrega de los recursos para los que tuvimos que postular por concurso. Por lo tanto, nuestro sitio abrió con crespones negros y con un lienzo en el frontis que decía que este patrimonio está peligrando, con carteles relevando que la memoria también es patrimonio”, agregó, compartiendo que este 2024 pudieron realizar el recorrido patrimonial gracias a una alianza con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que, a pesar de la crisis, logró una gran convocatoria.
Para Cisterna, no hay medias tintas y su diagnóstico es que el Estado los tiene en un abandono total. “La gente sigue sin sueldos. Estamos esperando porque se abrió el concurso el mes pasado. O sea, un programa que era de continuidad abre un concurso en el mes de mayo, algo insólito; a cinco meses de empezado el año. Se nos dijo que los fondos iban a estar antes de junio, y hoy en la mañana todavía no estaban. Además, se nos permitió postular por menos recursos que el año pasado. Si antes fueron 75 millones, este año se nos permitió postular solamente por 54″, evidenció la directora.
“De hecho, tenemos para pagar sueldos completos solo hasta el mes de junio, si es que llega ese dinero. Y después de ese mes vamos a poder pagar solo medio sueldo, con una persona menos, porque no nos da para todo el equipo”, sumó.
Así las cosas, Cisterna aseguró que el daño provocado a los sitios de memoria resulta prácticamente irreversible. Especialmente si no se cambian los mecanismos de financiamiento.
“Aquí no hay una comprensión de cómo trabajamos los sitios de memoria. Las bases fueron hechas para poner peros. Seguimos siendo castigados. Y frente a nuestro reclamo también se nos castiga, porque estamos a 30 de mayo y todavía no tenemos los recursos. Y ya presentamos todo”, criticó.
Una ley para la memoria
Desde Londres 38, uno de los sitios emblemáticos del casco histórico de Santiago, comparten las conclusiones de Cisterna. De hecho, también tomaron posición al respecto durante el más reciente Día de los Patrimonios, llevando a cabo sus recorridos y actividades bajo la consigna “que la impunidad no sea patrimonio”.
“Todos los años hemos intentado problematizar el rol que tiene el patrimonio en la sociedad”, afirmó Macarena Silva, coordinadora del espacio. “En ese sentido, hemos dicho, por ejemplo, que el patrimonio y la memoria son políticos. El patrimonio, de alguna manera, también contribuye a modelar la cultura de una sociedad. Quisimos decir que no debemos normalizar ni instalar en nuestra sociedad una cultura de no justicia e impunidad. Y ese es el rol de los sitios de memoria“.
Es en ese contexto que tanto Silva como Cisterna apuntan a la necesidad de contar con una ley de memoria integral que, entre otras cosas, se haga cargo de estos sitios. Una responsabilidad que hoy recae en la ley de Monumentos Nacionales.
“Tienen un valor testimonial, jurídico, y es por eso que también es importante una ley que los distinga como bienes de especial tratamiento, asociado los deberes internacionales de protección, para que puedan seguir existiendo independiente de las voluntades políticas de turno. Y que esos Estados de turno puedan seguir siendo interpelados y observados desde el punto y la perspectiva de la cultura de derechos humanos, desde el patrimonio de los DD.HH.”, afirmó Silva.
La directora de José Domingo Cañas igualmente apunta a la necesidad práctica de que los sitios de memoria estén diferenciados del resto de monumentos: “La importancia de esto es porque, en rigor, en Chile no existen sitios de memoria. La figura que hay, la que se buscó, es de monumento histórico. Entonces, estamos homologados, por ejemplo, con las iglesias. Eso es lo primero”, puntualizó.
“En segundo término, es una obligación del Estado en materia de justicia transicional, donde el derecho a la verdad tiene que ver con los sitios de memoria, que son los lugares por donde pasaron nuestros compañeros y compañeras. También somos parte del plan de búsqueda, de la reconstrucción de los lugares por donde pasaron hasta que se les pierde el rastro. Chile tiene que cumplir con esa obligación”, agregó la directora.
En ese contexto, igualmente recalcó los compromisos que tiene nuestro país con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “La CIDH en noviembre del 2019 lanzó un documento -en el que nosotros como sitio de memoria José Domingo Cañas participamos- y que son las políticas de memoria para la región. Ahí, se habla específicamente de la obligación que tienen los Estados para con los sitios de memoria, y la primera es el reconocimiento. Si no hay una ley que diga que nosotros existimos, que nos reconozca como tal, acá podemos estar dependiendo de un cambio de gobierno, como ocurrió en Argentina”, afirmó Cisterna.
“Si no existe una ley, estamos supeditados a ser borrados, a los concursos, porque no va a haber presupuesto asociado”, añadió.
A la espera de la Cuenta Pública
Los sitios de memoria y las diversas organizaciones de derechos humanos miran con preocupación el panorama general que se vive hoy en torno a la memoria y las garantías de no repetición. En ese contexto es que varios de estos organismos decidieron redactar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, donde adjuntaron un informe que detalla los puntos más urgentes en esta materia, esperando que el mandatario pueda abordarlos durante la Cuenta Pública de este 1 de junio.
Allí, además de mencionar puntos tan importantes como la reforma a la sociedad conyugal, las organizaciones firmantes igualmente mencionan la necesidad de contar con una ley que proteja los sitios de memoria.
En el texto, suscrito por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM), el Círculo emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNDIS), el Observatorio de Violencia Institucional en Chile (OVIC) y la misma José Domingo Cañas -entre otras-, manifiestan textualmente que esperan “la presentación de un proyecto de Ley de Memoria Integral que garantice este derecho y que proteja los Sitios de Memoria recuperados y por recuperar, incorporando recursos suficientes para su mantención, cuidado y preservación”.
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