Continúa el debate político por el sueldo de 17 millones de pesos que recibía la exministra de Educación y actual candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, en la Universidad San Sebastián (USS).

Este lunes diputados oficialistas ingresaron un recurso a Contraloría, en que pidieron indagar los contratos firmados entre el Mineduc y la universidad privada durante la administración de Cubillos. Esto último, luego de que se revelara que durante su paso por el ministerio, se traspasaron más de mil 400 millones de pesos a la USS.

Sumado a ello, los diputados del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, denunciantes en la investigación judicial del caso Cubillos, solicitaron nuevas diligencias, a raíz de una denuncia de la exconvencional constituyente, Teresa Marinovic.

A través de sus redes sociales, Marinovic afirmó que durante el trabajo de la Convención, la Universidad San Sebastián ofreció sueldos a convencionales por hacer campaña política y no por realizar actividades académicas.

La propia Marcela Cubillos ha vuelto a justificar su sueldo de 17 millones. En conversación con Radio Pauta, la candidata a alcaldesa señaló que cumplió “con creces” lo estipulado en su contrato y reiteró que las críticas en su contra son un atentado a la libertad.

En paralelo, se publicó una declaración firmada por mujeres académicas, investigadoras y docentes universitarias, en la que estas cuestionaron la exorbitante remuneración que recibió Cubillos en la Universidad San Sebastián.

“Una de las razones principales por las cuales se cuestiona el sueldo multimillonario de Cubillos es el hecho que dista tanto de la realidad académica y laboral, contradiciendo directamente los valores de mercado que ella tanto defiende”, indicaron en su declaración.

“Cubillos no es intocable”

A raíz de las cuantiosas sumas que pagó el Mineduc a la USS durante la administración Cubillos, los diputados oficialistas, Juan Santana (PS), Luis Cuello (PC), Andrés Giordano (FA) y Gael Yeomans (FA), presentaron una denuncia en Contraloría, para que se pronuncie al respecto.

Santana explicó que se está pidiendo investigar tres contratos en específico, “uno de ellos relacionado con un contrato entre el Centro Educacional Experimental, con la Universidad San Sebastián para la formación de directores y mentores; un segundo contrato entre la Subsecretaría de Educación Superior con la USS, para construir un instrumento de evaluación para docentes de educación diferencial, que se realizó a través del trato directo; y un tercer contrato que nos parece bastante cuestionable, para la elaboración de textos escolares”.

“Digo cuestionable, en circunstancias que la Universidad San Sebastián jamás había ganado un contrato de este tipo ni tampoco tenía experiencia ni giro para poder adjudicarse una licitación de estas características”, recalcó el parlamentario.

Por su parte, la diputada Yeomans aseguró que Cubillos “no es intocable” y apuntó a la importancia de que los recursos destinados a educación, efectivamente vayan en beneficio de los estudiantes.

“Su argumento de tratar de protegerse detrás de la libertad no es un argumento que la blinde de tener que responder a las instituciones del Estado, por recursos que son de todos las chilenas y los chilenos. En este caso, estamos hablando del derecho a la educación y en ese sentido, las instituciones del Estado deben velar porque los recursos que están destinados para ese objetivo, se cumplan, para que finalmente las necesidades que tienen los estudiantes sean cubiertas y no simplemente para llenar el bolsillo de la señora Cubillos”, dijo Yeomans.

“Estamos en presencia de algo más allá que solo un sueldo alto”

La arista judicial del caso Cubillos-USS también tuvo avances durante esta jornada. Los diputados del PS, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, concurrieron a Fiscalía para pedir que se cite a declarar a  la exconvencional Marinovic y también al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. 

Este último, apareció mencionado en un reportaje de El Mostrador, donde se denuncia una “nómina privada” en la Universidad San Sebastián, con los nombres y sueldos de varias personalidades de derecha, que solo maneja el prorrector Javier Valenzuela.

En ese contexto, la diputada Cicardini también solicitó “que se nos entregue información respecto a todas las personas políticas, ministros, subsecretarios, parlamentarios, que hayan sido contratados en la Universidad San Sebastián y que podamos saber si sus funciones eran acordes a lo que fueron contratados. También, que se pueda recoger información con quienes fueron convencionales y consejeros constitucionales en la misma lógica”, agregó.

El diputado Manouchehri, en tanto, afirmó que “estamos en presencia de algo más allá que solo un sueldo alto o de un problema ético, acá pudiésemos estar en presencia de un financiamiento ilegal de la política, mediante un mecanismo dado por sobresueldos pagados por esta universidad”.

En esa misma línea, el parlamentario comparó la situación con el Caso Penta, “donde efectivamente se compraban conciencias y se articulaba una red en base al financiamiento ilegal de la política. Por eso, nosotros hemos solicitado diligencias relevantes en este caso. No puede ser que el dinero que tiene que terminar en la educación de jóvenes, muchos de ellos jóvenes de esfuerzo, de familias de escasos recursos, termine en los bolsillos de operadores políticos”.