Molestia causó en el mundo sindical el dictamen de la nueva contralora, Dorothy Pérez, relacionado con el principio de confianza legítima, que atañe a los trabajadores del sector público.

A solo días de haber sido ratificada en el cargo, Pérez determinó que la Contraloría se abstendrá de pronunciarse ante reclamos por posibles vulneraciones al mencionado principio, lo que dejará en manos de los tribunales de justicia el zanjar estos casos.

Previamente y a través de sus propios dictámenes, el contralor Jorge Bermúdez estableció que si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, ese trabajador gozaba de la confianza legítima de que se le iba a volver a renovar y no sería desvinculado.

El criterio, a su vez, chocaba con lo que ha definido la Tercera Sala de la Corte Suprema que, en el marco de su jurisprudencia, ha fijado un plazo de cinco años para que se configure la confianza legítima.

ANEF protesta en las afueras de la Contraloría General de la Republica. Foto: Aton.

En ese escenario, Dorothy Pérez decidió que la Contraloría no se seguirá pronunciando, despejando el camino para que prime el criterio del Poder Judicial.

La medida fue duramente criticada por la Central Única de Trabajadores, desde donde señalaron que “se abre la puerta a despidos arbitrarios”. Por su lado, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) convocó este viernes a una movilización a las afueras de Contraloría, prácticamente en paralelo a la ceremonia de inicio de mandato de Dorothy Pérez.

En la instancia, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, insistió en sus cuestionamientos al dictamen y al hecho de que ahora solo los tribunales pueden determinar el plazo en que se establece la confianza legítima.

Presidente de la ANEF, José Pérez Debelli. Foto: Aton.

“Esto precariza aún más las contrataciones en el Estado. Hoy día lo que tenemos es que la señora contralora dijo: vayan a la justicia. Y la justicia hoy día, los fallos de los tribunales, son de cinco años. Acá teníamos una vía administrativa, pero la anuló. Lo que ha hecho es de alta gravedad, por eso nosotros estamos en estado de movilización”, explicó.

Desde el Gobierno, en tanto, se defendió la decisión tomada por la contralora. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, recalcó que el emitir este tipo de dictámenes está entre sus atribuciones y que además, esta tiene el deber de abstenerse cuando se trata de temas que se están discutiendo en la justicia.

“Junto con tener la atribución de interpretar la ley administrativa, en su propia ley orgánica también tiene una prohibición de referirse a hechos litigiosos. Entonces, lo que señala en este primer dictamen es que ella se va a abstener de resolver estas materias, porque precisamente se están conociendo en los tribunales de justicia. La Corte Suprema ya se ha pronunciado mediante unificación de jurisprudencia y va a ser esa sede en donde se tienen que resolver estos aspectos”, señaló.

Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en medio de protesta de la ANEF frente a la Contraloría General de la República. Foto: Aton.

Visiones dispares en el Congreso

En el Congreso Nacional el polémico dictamen también generó reacciones. La diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri afirmó que “es una mala señal que la nueva contralora comience con un tropiezo su nueva gestión, eliminando por decreto la posibilidad que tenían los trabajadores públicos a contrata de acudir a Contraloría para pedir la confianza legítima, medida que los protegía de despidos injustificados”

“Espero que se pueda enmendar. Esto sólo le suma trabajo a los tribunales de justicia, que ya están exigidos y consigue precarizar aún más la función pública”, estimó.

Por su lado, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, reconoció “que hay que dar estabilidad laboral a los funcionarios públicos, pero no es menos cierto que esta es una buena noticia si tenemos a la vista como este Gobierno ha usado el empleo publico de manera abusiva e inaceptable”. “Por otra parte, nos gustaría haber visto la misma proactividad e indignación de la CUT y la ANEF cuando se conocieron las condiciones en las falleció el funcionario de la presidencia en La Moneda”, añadió.