Entre la resignación y la complicidad, algunos intentan consolidar retrocesos. Los acuerdos globales sobre derechos humanos se desdibujan, y el genocidio en Palestina es su manifestación más brutal. Al mismo tiempo, se debilitan compromisos que hasta hace poco parecían mínimos, como la reducción de emisiones contaminantes. En Chile, el discurso anti “permisología” ataca la burocracia, pero esquiva lo fundamental: la proliferación de proyectos inviables, tanto social como ambientalmente.
Con un dejo de fatalismo neoliberal, se busca aplastar las resistencias a los proyectos extractivistas, los abusos de poder y la imposición de un modelo que excluye los saberes, bellezas y realidades de culturas, territorios y comunidades. Pretenden que bajemos la cabeza, convencidos de que esto es “lo mejor de lo posible”.
Pero seguimos aquí mirándoles a los ojos, susurrándoles en la nuca, encendiendo sueños colectivos que co-construyen –desde la convicción y la ternura– una relación respetuosa con la naturaleza y entre personas. Porque la naturaleza no es un recurso ni un objeto: somos naturaleza y sabemos que no resistimos un crecimiento ilimitado en un mundo finito.
Seguimos porque queda mucho por sentir, decir y hacer. Aunque, una vez más, el Comité de Ministros falló en contra de las comunidades y a favor de Anglo American y su proyecto Los Bronces Integrado.
Es imposible quedarnos al margen ante el avance arrollador de una minera que no está a la altura ética, técnica, ni ambiental de los tiempos que corren. Los permisos no bastan. El reciente proceso lo confirma: Anglo intenta justificar lo injustificable. Y lo hace mediante una estrategia de greenwashing en medios, lobby institucional y medidas parche que no enfrentan los verdaderos impactos que este megaproyecto generará sobre el agua, el aire, la biodiversidad y la vida de millones de personas en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
Nuevos y diversos caminos se abren. En particular, el camino judicial, que aguardaba la resolución del Comité. Ahora, el Segundo Tribunal Ambiental retomará su curso, y deberá pronunciarse, entre otras cosas, sobre la desestimación de las observaciones ciudadanas. Porque aquí no solo se juega el destino de un proyecto: se define la legitimidad de un sistema que insiste en funcionar sin las personas, sin las comunidades, sin escuchar.
¿Cómo es posible que se permita avanzar en un proyecto con procesos judiciales pendientes y sanciones por incumplimientos ambientales? Jamás normalizaremos que la gran minería actúe como si tuviera inmunidad, como si su poder económico la hiciera intocable frente a la ley, la justicia y la verdad. No nos tragaremos el sapo de la devastación disfrazado de crecimiento e inversión. Fiscalizar y asegurar que las decisiones sean en beneficio del bien común es urgente.
Si el Estado de Chile se rinde ante una transnacional, si los compromisos climáticos se convierten en letra muerta, si las comunidades siguen sin ser escuchadas y los ecosistemas continúan siendo sacrificados, todas y todos perdemos. Retrocedemos a una triste versión de lo posible, en donde el miope negocio del extractivismo manda y la vida se vuelve prescindible.
La mentira más peligrosa es creer que no hay nada que hacer, porque sí son posibles modos de vida distintos. Podemos parecer detenidos, pero estamos creciendo por dentro. No nos soltemos, el momento más oscuro es justo antes del amanecer.


