Sr. Director:
La política de recorte del gasto público impulsada por el actual gobierno, por medio de decretos y del proyecto de “Ley Miscelánea”, se sostiene sobre una idea que se repite insistentemente: “no hay plata”. Como centro de estudios del trabajo, hemos participado durante más de 18 años en procesos de negociación colectiva y conocemos bien ese argumento. En cada inicio de negociación, las empresas sostienen que “no hay plata”. Sin embargo, al cierre de los procesos suele quedar en evidencia que sí había recursos para beneficiar a las y los trabajadores. Es cierto que Chile enfrenta mayores presiones fiscales y un aumento de la deuda pública, escenario agravado por la evasión y elusión tributaria de grandes empresas. Pero esto no significa que el país carezca de recursos. El problema es que en Chile se distribuyen de manera extremadamente desigual: el 1% más rico concentra más de la mitad de la riqueza. La lógica empresarial de proteger márgenes de ganancia “cortando el hilo por lo más delgado” se ha instalado en el Estado. Y, como ocurre en las empresas, el costo del recorte termina recayendo sobre las y los trabajadores.






