“Compendio de demandas y propuestas estudiantiles” es el título del documento que este lunes presentaron representantes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) que junto con realizar un duro diagnóstico de los principales problemas estructurales de la educación chilena, propone una serie de medidas para mejorarla.

Una de las principales demandas es la necesidad de realizar una reforma constitucional que establezca la educación como un bien de interés público y el deber del Estado de garantizar a todos los chilenos el derecho a una enseñanza de calidad.

Además, se insiste en la desmunicipalización de los establecimientos básicos y medios, la reducción progresiva del financiamiento compartido hasta su eliminación y el congelamiento del número de colegios particulares subvencionados.

También se pone énfasis en la creación de una nueva institucionalidad pública con una Agencia Nacional de Educación Pública como eje central, una reforma al Consejo Nacional de Educación, la gratuidad de la Tarjeta Nacional Estudiantil  y se propone terminar con la PSU como herramienta de acceso a la educación superior ya que favorecería la desigualdad.

Xavier Delgado, encargado de difusión de la Cones, explicó que se trata de demandas que vienen desde el año 2006, e incluso de antes, que son recogidas, ordenadas y acompañadas por estadísticas, luego de ser analizadas en diversas instancias reflexivas.

El presidente del Centro de Alumnos del Liceo Manuel Barros Borgoño advirtió que las propuestas son radicalmente distintas a los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso, tanto de forma como de fondo, asegurando que éstos tienen la mercantilización de la educación como base ideológica.

Delgado subrayó además que esta es una demostración de que el movimiento estudiantil no es violento en su esencia: “Esto viene a ser poco menos que un tapaboca a muchas voces que venían diciendo que los secundarios somos violentos, que no planteamos nada. Ahora les podemos enrostrar un documento con muchas páginas con nuestras propuestas, nuestros diagnósticos, nuestras inquietudes. Nos cansamos de ser actores pasivos en el tema de la educación, de esperar respuestas desde un lugar del que comprendemos que nunca van a venir, como es el Congreso Nacional o el Poder Ejecutivo, entonces nos vimos en la obligación de empezar a trabajar en propuestas para mejorar o hacerle la pega a otros”, sostuvo.

Por su parte Rodrigo Cornejo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH)  de la Universidad de Chile, recalcó que se trata de medidas muy factibles y recomendables, pero que difícilmente se llevarán a cabo en la actual administración.

“Son medidas absolutamente coherentes con el diagnóstico que se ha hecho del sistema educativo chileno, incluso con los que han hecho organismos internacionales como la OCDE. Ahora, sobre la factibilidad, sinceramente, creo que no tienen ninguna posibilidad en este momento porque nuestra elite está absolutamente desquiciada respecto del tema educativo. Está absolutamente implicada en el negocio, hay muchos  parlamentarios tanto de la Alianza como de la Concertación que son dueños de colegios, de universidades, de directorios, entonces que ellos puedan aprobar esto, me parece casi imposible”, advirtió.

El académico advirtió no hay ningún país del mundo con los niveles de privatización de Chile en la educación, lo que demuestra la imposición de criterios ideológicos, y añadió que tanto esta propuesta como la de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) del año pasado son serias, con asesoría técnica, por lo que el ministro de Educación debería responder.

En muchos de estos puntos coincidió Marcela Tchimino, del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) quien aseguró que las demandas no son políticamente factibles dado que el actual Gobierno y el sistema político en general no ha generado una agenda para abordar la política educacional a largo plazo, aunque valoró la actitud de los estudiantes.

“Cada una de las propuestas está sustentada sobre estudios, análisis, que son bastante serios entonces reducir la coyuntura, por ejemplo cuando el ministro decía el otro día que los estudiantes se están quedando sin piso, qué es eso. Reducir una demanda que es tan sustantiva para un proyecto país para una educación efectivamente pública, igual para todos, a una cuestión de cantidad en números, si son o no violentos, si la toma o no la toma, me parece que es reducir el problema o, más bien, invisibilizar el problema para no abordarlo”, subrayó.

La experta añadió que medidas como crear una superintendencia y revisar las agencias de acreditación son buenas pero son paliativas y no resuelven los problemas de fondo, cambiando la mirada sobre la educación desde un servicio a un derecho.