La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) interpuso cargos contra la minera los pelambres por incumplimiento de su resolución de calificación ambiental. Este es el segundo procedimiento sancionatorio que la SMA abre en contra de la empresa ubicada en el valle del Choapa. Esto luego que el organismo fiscalizador efectuara inspecciones durante 2014 y 2015 a raíz de denuncias presentadas por particulares.

Entre los cargos imputados a la están: extraer agua de tres pozos de monitoreo, modificar la modalidad de entrega de aguas al río Cuncumén, entrega de informes integrados de monitoreo ambiental sin resultados para ciertos parámetros exigidos, existencia de siete pozos construidos en los tranques de relaves Quillayes y el Chinche para extracción de aguas; se constató el cumplimiento deficiente de la reforestación de especies de Canelo, no contar con el acuerdo de Conaf, no comunicar a la SMA el derrame de agua industrial al estero Piuquenes y no entregar información a la SMA sobre la contingencia descrita.

Cinco de estas infracciones han sido calificadas como graves y cuatro como leves. La Ley Orgánica de la SMA establece que las infracciones graves podrán ser objeto de multas hasta 5 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), incluyendo ambas la posibilidad de clausura (temporal o definitiva) e incluso la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental. En tanto, las infracciones leves podrán ser objeto de multa de hasta mil UTA.

Patricio Bustamente, quien interpuso una de las denuncias que generó la multa cursada a Minera Los Pelambres en 2014 dice que: “en Argentina la minera construyó un basural internacional y la ministra de Mineria (Aurora Williams) firmó documentos en base a estudios que habían sido hechos por el Ministerio, pero en realidad son hechos por la minera. Esto no es extraño considerando que la ministra de Minería es ex empleada de Luksic”.

Una institucionalidad para destruir

El procedimiento en que la Superintendencia de Medio Ambiente presentó cargos en contra de la minera Los pelambres en 2013 se encuentra abierto hasta hoy, y lo único que se consiguió como medida efectiva fue el pago de una multa de 3 millones de dólares.

La desconfianza frente a los procedimientos de fiscalización y a la resolución de los tribunales ambientales es por lo permisivo de sus procedimientos, que hoy, a pesar de que la Corte Suprema ha declarado el tranque de la faena minera como un peligro para la vida humana, no se ha declarado la paralización de su construcción y funcionamiento.

Por el contrario, Patricio Bustamente denuncia que “sumado a todas las violaciones en las que ha incurrido la empresa en la región de Coquimbo, ahora está solicitando más energía y para eso Antofagasta Minerals ha comprado el 40 por ciento de las acciones del proyecto en construcción Alto Maipo, que amenaza con contaminar el agua de Santiago”.

En este sentido, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, explica que “minera Los Pelambres presenta un informe de cumplimiento y con eso no se le va a multar, se le va a permitir que en un año o en más de un año se comprometan a tomar ciertas medidas y con eso van a subsanar la situación, y claramente en Caimanes y en la zona alta de Salamanca van a quedar absolutamente insatisfechos, porque lo que están esperando es que alguien le ponga limite a la manera de operar que tiene esta empresa”.

Asimismo, el investigador hace mención a los conflictos de intereses que existen en las tomas de decisiones para autorizar el desarrollo de las faenas mineras y de energía a lo largo de nuestro país. “Este no es solo un problema de la institucionalidad ambiental, es una suerte de colusión de la institucionalidad del Estado con el fin de favorecer un proyecto en específico y un grupo económico en particular. Porque aquí es la institucionalidad ambiental, el Gobierno, pero también ciertos sectores de los tribunales que están haciendo omisión de sus mandatos, no tomando las medidas para que se ejecuten los fallos que han sido sancionados por las mismas cortes, entonces estamos frente a una situación de colusión más compleja que solo la institucionalidad ambiental”.

Contaminación Chile – Argentina

Minera Los Pelambres para funcionar ha tenido que generar un blindaje frente a la comunidad y a la autoridad, en la que ha utilizado todas sus armas, y una de las más poderosas que tiene es el dinero. “La comunidad constantemente ha estado tratando que se respeten sus derechos y la minera ha hecho todo lo contrario. Incluso con parte de la comunidad hizo un compromiso para que cada persona que firme para autorizar que la minera siga levantando el tranque reciba 28 millones de pesos. Ese tranque está declarado por la Corte Suprema como un peligro para la vida humana. La Corte Suprema lo declara un peligro por aspectos técnicos y la empresa está recurriendo a la gente a cambio de plata para que le permitan ampliar un tranque, que se sabe que es un peligro y que no cumple con las condiciones técnicas”, señaló Patricio Bustamente.

Los problemas no solo están en Chile, sino que la empresa durante el tiempo que lleva funcionando ha lanzado sus desechos al otro lado de la cordillera y hoy está generando un conflicto entre nuestro país y Argentina. “La minera creó un vertedero de desechos tóxicos al lado argentino, resulta que hoy es el Gobierno que aparece defendiendo a Minera Los Pelambres frente al Estado argentino y a otra empresa minera que está siendo afectada. El destino de esos desechos tóxicos no se consigna dentro del proceso de sanción que acaba de abrir la Superintendencia. Algo que hoy está dañando incluso las relaciones internacionales con argentina. Y esto no aparece”, agrega Bustamante.

Conflictos de intereses, una institucionalidad construida para facilitar la explotación y el extractivismo, un escenario complejo donde la comunidad se encuentra sin ningún lugar al cual recurrir. “El Consejo de Defensa del Estado debería haberse querellado contra la Minera Los Pelambres por daños al patrimonio, al medio ambiente y por violaciones graves a la ley”, finaliza Patricio Bustamante, un ciudadano que de forma particular ha emprendido una serie de denuncias que ha develado este escenario en que se encuentra la provincia del Choapa.