Esta semana se conoció el dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) ante un requerimiento presentado por el abogado laboralista y asesor de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) Héctor Humeres, en el cual el organismo declaró carecer de atribuciones para regular la negociación colectiva de los grupos negociadores.
Previamente, el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que modificó la Reforma Laboral sentenció que tanto los grupos negociadores como los sindicatos tienen el mismo estatus jurídico y derechos para efectuar una negociación colectiva. Esta sentencia obligó al Gobierno a enviar un veto supresivo para eliminar la titularidad sindical, que de paso dejó sin una normativa clara el procedimiento de negociación colectiva de los grupos negociadores.
La situación se intentó resolver con el requerimiento, que finalmente dejó en manos de los tribunales el rol de los grupos negociadores. Ante esto, el abogado Sergio Morales, del Instituto Libertad y Desarrollo, vinculado a la UDI, consideró que la determinación coarta la libertad sindical de los trabajadores, porque los obligaría a negociar dentro del sindicato: “Podría decir que ese pronunciamiento de la DT es vergonzoso, porque en el fondo está obviando principios fundamentales como la libertad sindical, en un sentido amplio. La libertad sindical no es solamente lo que la CUT entiende por libertad sindical, los conceptos internacionales son conceptos bastante amplios”.
Justamente, uno de los puntos que la derecha y círculos empresariales cuestionan sobre el fallo es la posible judicialización de los procesos de negociación colectiva, que desde su punto de vista podría subsanarse con el envío de una ley corta o adecuatoria que efectivamente regule la acción de los grupos negociadores. “Es muy posible que ante estos mismos dictámenes de la DT, alguna resolución o recomendación o conflictos entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados puede llevar este conflicto a las cortes de Apelaciones, vía recursos de protección”, señaló el jurista.
Por todo esto, el abogado Morales aseguró que “la Reforma Laboral se le escapó de las manos al Gobierno” y que a final de cuentas la iniciativa legal es “un engendro”.
Sin embargo, el abogado laboralista de la Universidad Diego Portales, César Toledo, defendió el dictamen de la DT y aseguró que quienes abogan por los grupos negociadores son los mismos empleadores y grupos empresariales.
En ese sentido, cuestionó a quienes buscan que la DT termine normando la negociación de éstos, ya que por ley no le corresponde. En esa línea, dijo que “no deja de ser curioso” que los mismos grupos empresariales que muchas veces han reprochado a la DT que se transforme en un legislador laboral, en este caso apelen a que efectivamente se establezca como tal: “Si uno revisa la historia -y yo he sido testigo de ello por 23 años- los grupos negociadores fueron creados y se articularon permanentemente para constituirse en un grupo con claro criterio antisindical y la ley los favoreció para ello. Allí donde nacía un sindicato, nacía un grupo negociador para establecer una competencia desleal”, observó.
En definitiva, de acuerdo al jurista de la UDP, la defensa que hacen los empresarios de los grupos negociadores apunta a reducir a su mínima expresión el poder de los sindicatos, que ya está mermado pese a la reforma: “Se pretenden más márgenes de maniobrabilidad para la parte empresarial, en cuanto a poder recurrir a los grupos negociadores. Eso me parece un despropósito, va contra todos los principios de libertad sindical y los compromisos del Estado de Chile a partir de los tratados internacionales que ha ratificado”, argumentó.
César Toledo consideró que la determinación de la DT es un efecto no deseado para los empresarios, a partir del fallo del TC que “mutiló” la Reforma Laboral, considerando que los grupos negociadores “han perjudicado históricamente” a los sindicatos.
“Es una demostración de que el requerimiento del TC por parte del mundo empresarial y de la derecha, de alguna manera, los dejó trasquilados, porque perdieron esto. Como está aprobada la ley, yo diría que favorece el hecho de que el sindicato sea el actor en materia de negociación colectiva reglada”, indicó.
“Que en esa negociación no participe el grupo negociador, por un silencio legislativo y una omisión, porque no se ha enviado ningún proyecto para hacerlo efectivo, favorece al sindicato en la medida que la existencia de grupos negociadores históricamente los ha perjudicado”, agregó.
Desde el ministerio del Trabajo señalaron que están preparados para la entrada en vigencia de la Reforma Laboral el próximo 1 de abril y que en conjunto con la Dirección del Trabajo “han ido cumpliendo cada una de las metas que se propuso, como publicar nueve dictámenes, dos de los tres reglamentos que exige la Ley y la adjudicación de los 19 estudios sectoriales que servirán de insumo para la calificación de los servicios mínimos”.
“Entendemos que haya críticas, pero también quiero recordarles y ser enfática en que las apreciaciones, cuando no son constructivas, solo crean incertidumbres en la opinión pública”, señaló Alejandra Krauss, ministra del Trabajo.
